En la madrugada del domingo falleció Karen Marín, cuarta víctima del siniestro vial ocurrido el 17 de marzo en avenida Paraguay. Por el hecho dos jóvenes están con prisión preventiva, tras haber atropellado a diez personas, matando a cuatro y dejando a otras heridas, una de las cuales sigue internada con pronóstico reservado en el Hospital San Bernardo.

En comunicación con Aries, los abogados Leonardo López y Adrián Aramayo, quienes representan a los padres de Florencia Acosta, brindaron detalles de la investigación, focalizando en el pedido de prisión domiciliaria para los acusados.

Este lunes se llevan a cabo, en el marco de la primera etapa preparatoria, testimoniales y como querellantes los letrados asistieron para participar de las mismas. “Nos interesa hacer algunas preguntas para ir esclareciendo todo lo que ocurrió el pasado fin de semana”, manifestó López.

“Son  testimoniales para terminar de dar énfasis y encuadramiento penal”, agregó

En tanto sobre el pedido de domiciliaria por la defensa de los acusados, sobre los cuales pesan la carátula de homicidio simple con una pena de 8 a 25 años, Aramayo reconoció el pedido hecho de medidas sustitutivas sobre la prisión preventiva o el estado de detención.

“Son pedidos hechos en base a cauciones personales, incluso alguna caución real, por ahí que van a comparecer a juicio con la firma de mamá o papá y que no se van a profugar o no van a entorpecer la investigación”, explicó.

En su  opinión, el letrado consideró que ante una cuarta víctima que falleció este fin de semana “hacer un pedido de ese tipo a esta altura del proceso habiendo pendientes tantas pruebas que realizarse, nos parece un despropósito, desubicado y una falta de respeto para las familias de las víctimas”.

A su vez, calificó la estrategia como “un manotazo de ahogado”, hiriendo la sensibilidad de las madres y  padres que perdieron a sus hijos

“Hay que ser bastantes responsables y respetuosos al momento de pedir la libertad”, reclamó.

Finalmente, López remarcó  que la imputación es por el delito de homicidio simple con la pena en expectativa de 8 a 25 años. “Ellos se quedaron con la información que brindó el CIF cuando en averiguación fue caratulado como homicidio culposo, pero eso ocurre en todo accidente de automotores, por lo tanto para nosotros, no es viable”, completó.