Opinión14/03/2024

Educación

A pocos días de iniciado, es complejo el panorama del año lectivo en la Provincia. Al tradicional conflicto de orden salarial que suele insinuarse en la apertura de las clases, en este año concurren cambios de reglas de juego que impactan de lleno en el financiamiento de actividades esenciales.

La propia Ministra de Educación abordó muchos aspectos de la cuestión, al exponer ante los senadores de la Provincia los principales ejes de su gestión. Su realización está condicionada a que se reformule la relación fiscal entre Nación y provincias y a que no se profundice la crisis económico social que está ampliando la franja poblacional que se ubica debajo la línea de pobreza.


Cristina Fiore expuso datos precisos sobre el alcance de un sistema que contiene a 500 mil alumnos en todos sus niveles, que se distribuyen en casi 2.600 unidades educativas, que funcionan en más de mil 200 edificios. De ese conjunto, un aspecto genera una creciente preocupación en orden a que el 15% de alumnos concurre a 240 colegios privados; es un guarismo que puede varias en el transcurso del año porque muchas situaciones de este sector no tienen grado de certeza. El monto de la cuota que se paga por alumno está condicionado  a los resultados de una paritaria en marcha, a los ajustes de las tarifas de servicios que consume un establecimiento y a la evolución de los valores de los alquileres; en síntesis, la inflación es un factor que impacta descarnadamente en la educación privada y ese impacto puede derramar en los establecimientos de gestión estatal, obligados a absorber la demanda de matrícula.


En su exposición ante los senadores, la titular de la cartera educativa destacó que uno de sus objetivos prioritarios es estimular la terminalidad educativa. Con una larga carrera política, especialmente en ámbitos legislativos, Fiore no ignora ese problema que viene agravándose desde hace varias décadas y se expresa en la deserción que se registra en los distintos niveles. De los dos obligatorios, según lo impuesto por la ley provincial de educación, especialmente afecta al nivel medio y dentro de él, a la educación técnica. El informe presentado en el Senado revela que el 65% de los alumnos de las escuelas técnicas de la provincia abandona sus estudios, quince puntos por encima de la deserción del secundario, que también es elevada.


No se han expuesto las causas que generan el abandono de las aulas pero a priori se debe reconocer que son múltiples y van desde la necesidad de actualizar las currículas a ampliar los programas de becas. Retener a adolescentes y jóvenes demanda comprender la problemática de franjas etarias que están atravesadas por problemas sociales no necesariamente propios de la educación, como es la necesidad de concurrir al sostenimiento de sus familias, solo para citar una.


Se conoce que las últimas decisiones adoptadas por el Ejecutivo Nacional va a complicar la consecución de los objetivos de la Ministra de Educación. La suspensión de giros correspondientes a comedores escolares, a la infraestructura edilicia, equipamiento escolar y  conectividad van a demorar el avance hacia la mejora de la formación del recurso humano de la provincia.


La educación convertida en una bolsa de trabajo y las escuelas devenidas en comedores comunitarios o consultorios para atender la violencia familiar es un tema que no debe quedar solamente en manos de un gobierno. Debe ser un tema que comprometa a toda la sociedad para evitar que el atraso mantenga a Salta en la periferia del territorio nacional.


Salta, 14 de marzo de 2024

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