El informe divulgado al respecto presentó una cifra mucho menor a la estimación realizada por una comisión independiente, coordinada por el Defensor del Pueblo (ombudsman), y presentada a fines de octubre, en la cual se estimaba que casi medio millón de españoles habría sufrido abuso sexual en el ámbito eclesiástico.

El resultado de la auditoría encargada por la Iglesia española fue entregado a la Conferencia Episcopal (CEE) casi dos años después de su encargo. La CEE se comprometió a publicar el relevamiento en su totalidad, aún aún no lo ha realizado.

"De las denuncias se deducen un mínimo de 2.056 víctimas, aunque es objetivamente evidente que el número es superior", consideró la entidad en su publicación sobre el informe del despacho Cremades & Calvo Sotelo, estudio a cargo de la auditoría independiente.

El perfil de las víctimas: "Mayoritariamente masculino"

Según el relevamiento, unas 1.383 denuncias se produjeron "desde el año 1905 a la actualidad" y se especificó que el perfil de las víctimas "es mayoritariamente masculino" y que gran parte de los abusos se cometieron en colegios y seminarios, sobre todo por sacerdotes y profesores.

La CEE encargó la auditoría en febrero de 2022 con un primer plazo de entrega de un año, aunque este terminó por retrasarse. En el informe final, el estudio le recomendó a la entidad "reconocer el daño producido" y pasar a "tomar medidas de prevención" para evitar que se repite, como así también brindar "recursos de calidad" a las víctimas.

Es válido mencionar que dentro del despacho encargado de realizar la investigación está incluido un argentino, el abogado Juan Pablo Gallego, un catedrático, consultor internacional y especialista en abusos dentro de la Iglesia que defendió a las víctimas que denunciaron al cura Julio César Grassi, condenado en 2009 a 15 años de prisión por corrupción de menores y abuso sexual.

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