En defensa de la obra pública

La obra pública se instrumenta mediante contratos, entre el Estado y la empresa que gana la licitación respectiva, o mediante concesiones, en favor de la empresa que hace la mejor oferta. Es un contrato oneroso, porque el Estado debe pagar cada obra pública que decide ejecutar.

Según fuentes oficiales del Ministerio de Obras Públicas de la Nación, antes del balotaje había 2.308 obras públicas de todo tipo de ejecución en todo el país. El monto de la inversión era de 310.000 millones de pesos. La mayor parte de los créditos presupuestarios asignados a las obras provenían del Tesoro nacional. Un porcentaje inferior, el 17%25%, provenía de préstamos de organismos internacionales.

El presidente electo, Javier Milei, anunció que una de sus principales medidas para reducir el enorme déficit fiscal, que ya nadie discute, era precisamente el recorte de la obra pública, hasta llegar a cero –insistió-, porque “no hay plata”.

Ya en el terreno, el equipo designado por el nuevo gobierno, intentó reducir el fuerte impacto político de los anuncios y precisó que revisaría cada contrato y que se los respetaría. El sector empresario expresó su preocupación, porque si la obra pública se paralizara, tendría pérdidas millonarias; caería el empleo y habría consecuencias sociales.

Cuando hizo el anuncio general sobre la obra pública, el presidente electo dijo que estudiaba, como alternativa, el modelo chileno, en el cual el sector privado invierte fuertemente en obras de esa clase a través de concesiones. Se sabe que de esa forma en el vecino país se construyeron aeropuertos, obras viales, e incluso cárceles. Como consecuencia, se sabe que el Estado tiene más recursos para invertirlos en obras menos atractivas para el sector privado, como lo son las rutas y caminos en lugares alejados.

La información que antecede es suficiente para insertar el tema que da título a esta nota. Haciendo todas las correcciones que correspondan, propias de un nuevo gobierno, que tiene sus propias ideas y que ha sido votado por millones de argentinos para ejecutarlas, esta nota se hace en defensa de la obra pública, pensando en Concordia (Entre Ríos) y en Chalicán (Jujuy).

En la castigada ciudad de Concordia, que no hace mucho tiempo atrás, era la que registraba los peores índices de pobreza del país, es temporada de fuertes tormentas y lluvias. Hubo inundaciones sobre la zona urbana rural, por la crecida del Río Uruguay, que obligó a las autoridades a evacuar quinientas familias. No solo eso: a esas familias hubo que proveerles de alimentos, de cuidados de su salud; hubo que vacunarlas; hubo que cuidar más a quienes padecen enfermedades crónicas o no pueden valerse por sí mismos, etc.

Esto viene pasando regularmente año tras año. Cada campaña, los habitantes son visitados por los políticos de ocasión, para hacerles la misma promesa oportuna, que es la que usted se imagina: finalmente empezará las obras en las zonas ribereñas del río para que las tierras más bajas no se inunden. Si eso ha venido pasando con la obra pública a cargo de la provincia o de su gestión ante la Nación, por qué pensar que la iniciativa privada o alguna concesión pueden interesarse en algo como lo que pasa en Concordia.

Viajamos al norte del país. Chalicán es una localidad que está al costado de la ruta nacional 34, después de San Pedro de Jujuy. Es la que sigue a El Quemado y la que está antes de Fraile Pintado. Allí, la última semana del mes de noviembre, el gobernador saliente, Gerardo Morales, inauguró el Complejo Penitenciario N°8, que es una cárcel de 650 plazas, en un predio de 22 hectáreas.

Es un edificio moderno, construido receptando los principios de la arquitectura penitenciaria de estos días. No tiene muros perimetrales, sino cercos, monitoreados en forma electrónica y visual. Se compone de cinco módulos, separados entre sí. Cuenta con instalaciones deportivas, tiene diversificación energética y parque solar. El proceso de construcción se inició en el 2.019 y el presupuesto de 2.600.000.000 millones de pesos.

Ese es el tiempo promedio que requiere construir una cárcel. Eso es lo que cuesta, aproximadamente. Fue una decisión política obligada porque Jujuy tiene sobrepoblación en las cárceles y comisarías. Forma parte de un plan ambicioso, que se completa con la próxima construcción de una alcaidía en la ciudad capital.

El nuevo complejo de Chalicán permitirá terminar con el virtual colapso de la vieja cárcel de Villa Gorriti,  en el Salvador. Es asimilable con la parte de las ideas del presidente electo referidas al modelo chileno. En Chile, construir nuevas cárceles, desde Arica a Punta Arenas, fue una política de Estado, que permitió hacerlo sin importar el signo político de los distintos presidentes que hubo en 20 años aproximadamente. En ese modelo, empresas privadas construyen los edificios y los entregan en pleno funcionamiento.

Desde que los recibe, el Estado empieza a pagar las sumas pactadas en los contratos. A eso sigue poblar las cárceles con las personas privadas de su libertad y hacerlas trabajar en forma obligatoria. Todas ellas percibirá un salario y se les harán retenciones y aportes jubilatorios.

La rentabilidad de la producción quedará para las empresas encargadas. Eso sí, el control de la seguridad de los muros y el traslado de los internos a los juzgados, etc., sigue estando a cargo del Estado.

Por lo menos, hasta el 11 de diciembre, la obra pública a cero es un spot de campaña. Si se la llevara a la práctica, todo se judicializará. No es una buena idea. Sí debe controlarse férreamente todo el proceso que termina en la adjudicación de toda obra pública. Pero no puede prescindirse de las más importantes. Concordia seguirá inundándose. No habría una cárcel nueva, sana y limpia como la de Jujuy.