El proyecto de ley que busca regular las protestas sociales obtuvo media sanción el martes último en Diputados, está previsto que este jueves sobre Tablas lo trate el Senado para convertirlo en ley. 

Al respecto, el diputado (MC) y asesor jurídico, Guillermo Martinelli, analizó la iniciativa trazando comparaciones con la dictadura cívico-militar de 1976. 

En primer lugar, opinó que el proyecto debería de haberse discutido en comisiones y no sobre  tablas como se hizo hace unos días atrás. “Está llena de una negación de los derechos constitucionales” afirmó citando los artículos 23 y 25 de la Constitución Provincial sobre la libertad de expresión; y el derecho de reunión y petición, respectivamente. 

“Hay una limitación, anulación porque en su artículo tercero del proyecto de ley establece que para hacer la protesta tiene que permitirse la libre efectividad de los servicios de educación, ambulancia, bomberos y salud”, detalló y agregó que con esto significa que los docentes y los agentes de salud no podrían hacer uso el derecho de huelga, “la huelga impide el funcionamiento de esos servicios”, acotó. 

Asimismo, continuó desglosando el articulado de la iniciativa legislativa y señaló que para recibir la autorización deberán los manifestantes hacerlo en la policía, previo cumplimiento de ciertos requisitos como definir el horario, el lugar y el objetivo de la protesta. 

“Si no cumple con los requisitos, no lo autoriza”, indicó y añadió que “previo al desalojo” entrará en funcionamiento una conciliación. 

“No me cabe ninguna duda que es una ley absolutamente negativa, de negación de  los derechos de reunión, de protesta y de libre expresión”, opinó.

Trazando un paralelismo con la dictadura cívico-militar, Martinelli afirmó que “es una ley que únicamente se puede compatibilizar con funciones que la dictadura hizo antes de 1982”. 

 “Esto es una discusión política, antes que judicial”, cerró.