Con una ley en Diputados buscarán ampliar la competencia penal juvenil en los juzgados
Este martes en la Cámara de Diputados se tratará la modificación de la Ley 8.097 "Régimen de Responsabilidad Penal para Niñas, Niños y Adolescentes". Por Aries la diputada y autora de la iniciativa, Socorro Villamayor brindó los detalles.
Sobre la fundamentación del proyecto, la legisladora explicó que al ser reconocidos los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos en las Convenciones Internacionales como el Pacto de San José de Costa Rica o las Declaraciones de Beijing de las Naciones Unidas en donde se van delineando pautas, estas también deben estar establecidas en las normas locales, siendo el caso en el código procesal penal.
"Lo que hacemos con esta norma es que los niños, niñas y adolescente menores de 18 años que son partícipes o autores en la comisión de un delito debe tener una mirada particular donde se reconozcan sus derechos a un justo proceso, a que se les garantice la defensa en juicio a ser oído dentro del marco de la protección de su intimidad, respeto a su edad y capacidad progresiva" describió a la vez que aseguró que la modificación legislativa implicará "ponerlos en un lugar de respeto de los derechos".
A continuación, Villamayor indicó que como sucedía con el sistema penal acusatorio con los adultos, en los menores el juez que investiga es el que dicta sentencia y en ese proceso falta el entendimiento de que se trata de menores de 18 años.
"En este proyecto busca que se dé lugar a jueces penales juveniles, fiscales penales juveniles, los defensores penales juveniles", subrayó al tiempo que explicó que por la erogación que significa la creación de juzgados y la designación de personal que atienda en lo penal juvenil es que se busca que los juzgados existentes en los distintos distritos de la provincia amplíen su competencia en la materia.
"Serán los jueces con los fiscales quienes van a llevar adelante el proceso y garantizar los derechos de los niños", puntualizó y agregó que en el proyecto de ley también se evalúa la intervención de psiquiatras para determinar el conocimiento de la criminalidad de los actos para luego avanzar en la sanción que como último recurso planteará la privación de la libertad como también medidas socioeducativas.
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