El organismo modificó el procedimiento para que las empresas móviles bloqueen dispositivos detectados en establecimientos penitenciarios federales. La medida apunta a impedir comunicaciones ilegales desde las cárceles.
Lo hizo en agosto pasado, cuando comenzó la intervención de la Unidad de Delitos Económicos Complejos que investiga la denuncia de más de 300 presuntas designaciones irregulares.