Mario Peña
La advertencia lanzada por uno de los infectólogos más preocupado por la situación provincial, el médico Antonio Salgado, no debe caer en saco roto.
Esa misma preocupación ha expresado en el marco del Consejo Federal la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, quien informó que son 14 las provincias con circulación autóctona y allí está Salta. Por eso está enviando un equipo especializado para que las autoridades locales pongan más empeño en la tarea de enfrentar no solo al dengue sino también a zika y chikungunya.
¿Qué ocurre que no pareciera que el llamado a una tarea conjunta, no solo entre el personal sanitario y la comunidad para eliminar los reservorios, sume a otros responsables en ese cometido? Las autoridades municipales y también los miembros del Ministerio Público Fiscal están obligadas a cumplir su parte.
El descacharrado y el control de los pozos ciegos mal clausurados y de baldíos y espacios verdes cubiertos de malezas, que son lugares propicios para el desarrollo del mosquito vector de las tres enfermedades, son trabajos pendientes. ¿A qué está dedicado el Ejecutivo Municipal en este tiempo de calamidades? Si la respuesta es que el propósito de reelección de la intendenta Bettina Romero obliga a concentrar en su antojo toda la estructura, podría justificar la desidia y el abandono del cuidado de la salubridad pública. Pero si esa es la razón, es imperdonable y merece una severa sanción social.
¿Y los fiscales? ¿No están obligados a tomar las medidas cautelares preventivas que correspondan, frente a la comisión de hechos delictivos relacionados con el impedimento de la lucha contra la propagación del mosquito Aedes? Así lo disponía la Resolución 977 de 2020, firmado por el entonces procurador Abel Cornejo fundándose en lo que establece el Código Penal de la Nación que sanciona a las personas que, por imprudencia, negligencia, impericia en su arte o profesión o por inobservancia de los deberes a su cargo propagare una enfermedad peligrosa y contagiosa para las personas.
Los fiscales deben intervenir contra aquellos que con su actitud desaprensiva generan o mantienen reservorios del mosquito. Y ello debiera incluir a las autoridades municipales que también hacen gala de la misma desaprensión e incumplimiento. Pero el procurador Pedro García Castiella se muestra ausente sin aviso.
También el ministro de Salud Pública, Federico Mangione, debiera abandonar su esfuerzo por bajarle el tono a la gravedad de la situación. Se empeña más en asegurar que el sistema sanitario provincial está en condiciones de responder con eficacia a la problemática del dengue que en mostrar que, efectivamente, se mantiene a raya al brote actual. Tal vez sabe que las cifras y el malestar social lo desmienten.
Si de lo que se trata es de no perturbar un proceso electoral con enfermedades que son endémicas, quizás se enteren dentro de pocos días que el aedes sí vota.
