“Cuando existe una recategorización de la zona, los contribuyentes son los más afectados”, aseguro la concejal Alicia Vargas al momento de defender el proyecto.

En este sentido, indicó que, visto lo decidido por el Ejecutivo Municipal y el perjuicio que trajo hacia los vecinos, se hace necesario que el Concejo Deliberante tenga participación en acciones como esta. 

“Se recategorizaron 21614 catastros, los pasaron de la categoría 5 a la 4. Si bien el Ejecutivo hizo un análisis para las nuevas categorías, esto fue en detrimento de los ciudadanos”, advirtió la edil, en tanto que aseguró que la situación se agrava si se tiene en cuenta que los servicios que presta la comuna son “deficientes”.

Por lo descripto – apuntó Vargas – la nueva ordenanza prevé que la Municipalidad deberá informar al Concejo Deliberante nuevas recategorizaciones y, posteriormente, esperar su aprobación para poder hacerlas efectivas, “cuando exista variación en los servicios”.

“No como ocurrió en esta oportunidad, donde no hubo un real estudio y no hubo pavimentación o repavimentación que les haya dado lugar a recategorizar”, finalizó la concejal. 

Por su parte, Agustina Álvarez consideró que “hay facultades o poderes que se encuentran en cabeza de un Concejo Deliberante porque la idea es que la decisión no la tome una sola persona, sino un conjunto de personas”.

“Fue peligroso haberle cedido esta facultar al Ejecutivo”, disparó la concejal y completó: “De ninguna manera podemos permitir que, quien se encarga y busca recaudar, sea quien defina cuanto y a quienes se va a cobrar”.