Dos sesiones en Diputados desafían al oficialismo y ponen a prueba a los aliados

La Cámara de Diputados se prepara para otro miércoles de suspenso. Distintos bloques de la oposición convocaron a dos sesiones especiales ese día con el propósito de debatir un conjunto de iniciativas que, si bien no tienen por ahora impacto fiscal alguno, pondrán a prueba la lealtad de los bloques aliados del oficialismo en un contexto de tensión entre la Casa Rosada y los gobernadores.

Más desordenados que en otras oportunidades, los distintos bloques opositores no lograron ponerse de acuerdo en unificar sus respectivas agendas en una única sesión -los intereses electorales de unos y otros lo impidieron-, por lo que hoy parece difícil aventurar si tendrán quórum, aunque los convocantes están confiados. Se descuenta que el oficialismo hará lo imposible, una vez más, por bloquearla.

Para acercarse al quorum, los impulsores de la sesión incluyeron tres temas, dos de ellos de alta sensibilidad social, el financiamiento de las universidades y la declaración de emergencia de la salud pediátrica, originada por el conflicto en el Hospital Garrahan.

El tercero, incorporado a último momento, se refiere a las retenciones al campo: un sector opositor pugna para que se dé marcha atrás con la suba en los derechos de exportación a la soja y al maíz que comenzará a operar a partir de este mes tras el fin de la rebaja temporaria dispuesta por el Poder Ejecutivo en enero pasado. La medida genera malestar en el campo y los gobernadores de la Región Centro expresaron su rechazo.

Ninguna de estas iniciativas tiene todavía dictamen de comisión, un obstáculo que los opositores buscarán remover en la sesión especial con el emplazamiento a José Luis Espert, mandamás de la Comisión de Presupuesto, para que la convoque cuanto antes. Si los opositores logran avanzar en los dictámenes, se descuentan que convocarán a una nueva sesión especial para intentar aprobarlos.

Los emplazamientos a Espert no preocupan tanto al oficialismo como otro de los proyectos también incluido en el temario de esta primera sesión. Se trata de la reforma de la ley 26.122 para acotar las facultades del Presidente para dictar decretos de necesidad y urgencia (DNU). A diferencia del financiamiento universitario y de la emergencia en la salud pediátrica, esta iniciativa ya cuenta con dictamen de comisión, por lo que si la oposición logra arrancar la sesión y reunir la mayoría simple, los libertarios sufrirán un duro revés.

El oficialismo, en minoría, buscará el auxilio de los gobernadores aliados para que sus legisladores ayuden a bloquear la ofensiva opositora; sin embargo, la relación entre la Casa Rosada y los mandatarios provinciales no pasa por su mejor momento. Los gobernadores están en pie de guerra con un reclamo para que el Gobierno acceda a una mayor coparticipación de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y de lo producido por el impuesto a los combustibles.

La semana pasada, los 24 gobernadores mandaron el primer aviso con una postal de unidad en el Consejo Federal de Inversiones (CFI). Mañana los ministros de Economía de las provincias se reunirán, también en el CFI, con el secretario de Hacienda Carlos Guberman. Los mandatarios provinciales esperan una contrapropuesta razonable de la Casa Rosada; de no haber acuerdo, es probable que redoblen su presión, pero en el Congreso y con su apoyo a las ofensivas opositoras. Ese es el temor del oficialismo.

Dos sesiones

Esta primera sesión fue pedida por el radicalismo crítico del Gobierno, como así también por los diputados Julio Cobos y Natalia Sarapura y Mario Barletta, también de la UCR. Los restantes bloques opositores, si bien acompañarán, no disimularon su malestar por haberlos excluido de la convocatoria e intentaron, en vano, incluir otros temas. Los radicales se negaron.

Ofuscados, Unión por la Patria y Encuentro Federal solicitaron una segunda sesión con cuatro iniciativas de rechazo a diferentes decretos de necesidad y urgencia: al 340 que aprobó el nuevo régimen de la Marina Mercante; al 344 sobre organismos fusionados de la orbita del Ministerio de Justicia; al 345 que cerró organismos que dependen de la Secretaría de Cultura; y al 351 que dispuso la transformación del Banco Nacional de Datos Genéticos.

También está contemplado el proyecto de ley que modifica a la Ley 24.769 y establece un nuevo Régimen Penal Tributario sobre actualización de montos por el delito de evasión tributaria, impulsado por el diputado cordobés Oscar Agost Carreño. El texto tiene dictamen unificado y está listo para votarse en el recinto desde noviembre de 2024.

La Nación