El proyecto es muy completo y plantea lineamientos para adoptar políticas públicas de Memoria, coordinadas con procesos de justicia y rendición de cuentas para buscar la verdad, prevenir, y reparar graves violaciones de derechos humanos tanto del pasado como del presente. El objetivo es la promoción de una cultura de derechos humanos y democracia orientada a la no repetición de los hechos.
Como todo proyecto puede ser enriquecido en el ámbito del debate parlamentario y, en este caso, por su envergadura, ese debate debe ser público y ampliamente participativo. Debiera generar un salto en el nivel de conciencia ciudadana para que nunca más se utilice al Estado o a sus operadores como un aparato de violenta represión avasallante de los derechos humanos más básicos.
Este debate cobra actualidad cada vez que la ciudadanía toma conocimiento de abusos de miembros de las fuerzas de seguridad, eufemísticamente denominados como “apremios ilegales”, que en realidad son casos de torturas y a veces hasta de muertes de personas que están bajo custodia del Estado.
Coincidentemente, esta semana se conoció de un pedido de intervención a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por denuncias de torturas policiales recientes. Estos hechos retrotraen a Salta a la época medieval en la que se aplicaban tormentos al cuerpo de quien se rebelaba contra el rey. Esa Salta feudal es la que debemos desterrar. Para ello hay que hacer reformas institucionales para recuperar la confianza.
No puedo dejar de recordar lo sucedido durante la irregular investigación por el atroz crimen de las jóvenes francesas en el año 2011. Seis policías fueron procesados por haber torturado a baqueanos de San Lorenzo para que “se hicieran cargo del crimen”. A pesar del procesamiento de los violentos policías, no se conoce que hayan sido llevados a juicio, ni penados, ni siquiera sancionados administrativamente. Eso hace sospechar la existencia de una posible complicidad político-judicial para que este tipo de delitos no sean castigados.
Esos policías procesados por acciones violentas contra humildes vecinos, fueron ascendidos por la autoridad política. Es decir, violaciones de derechos humanos básicos, delitos cometidos por operadores policiales, que no son sancionados, sino premiados!!! En oportunidad de confirmar los procesamientos, el juez Abel Fleming afirmó que en ese caso, el de las jóvenes francesas, el Estado, a través del accionar de los policías perdió la superioridad ética con la que debió y debe actuar en la investigación de los delitos. Esto es, pesquisó el delito cometido, cometiendo a su vez nuevos delitos.
Las perversas técnicas de tortura utilizadas por las fuerzas de la dictadura, muy bien recordadas en la película Argentina 1985, aun siguen vigentes en ciertos operadores del poder policial. A pesar que el Código Procesal Penal de Salta sanciona con nulidad cualquier supuesta confesión en sede policial así como la utilización de cualquier técnica de coacción, los hechos siguen sucediendo. Miguel Medina lo relata en su comentario al artículo 413 del Código Procesal Penal de Salta, reglamentario de la garantía constitucional del artículo 18 de la Constitución Nacional que establece que nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo. Recuerda Medina que “en tiempos recientes, eran los policías encargados del sumario quienes asumían estas tareas de “ablande” del imputado, guiados por el propio temperamento o bien, a pedido de algún juez o fiscal despreocupados de esta garantía, cuando no de grupos de poder que los presionaban para que “obtengan resultados” de sus investigaciones”.
Ahora las torturas se aplican en la etapa de “traslado” del imputado. Así se denuncia con demasiada frecuencia. Abel Fleming describe la perversidad del refinamiento de la causación de humillación y dolor que sufren las víctimas de torturas que no pueden dejar de creer en los males que les anuncian sus torturadores y, cuando ya soportaron el dolor en su propia persona, avanzan anunciándoles el daño que le harán a sus seres queridos. El discurso perverso establece un funcionamiento totalitario basado en el miedo y el dolor. Es inconcebible que ese comportamiento sea tolerado. Es insostenible que sea el Estado el que permita la comisión de estos crímenes.
La reiteración de estos hechos nos demuestra una tolerancia con la violencia por parte de operadores del Estado y, obviamente, responsabilidades de quienes dejan estos hechos sin investigar ni sancionar. Así es como el sistema penal va perdiendo legitimidad. No es posible aislar al Derecho y al ejercicio del poder de un marco ético.
Cuando los jueces se escudan en que condenan al que la policía les trajo, sin ninguna consideración sobre los procesos utilizados, tomando como válidas supuestas confesiones espontáneas aunque se constate que el imputado ha sido torturado; cuando se admiten pruebas plantadas o armadas sin un mínimo cuestionamiento ético; cuando afirman que la legitimidad del sistema penal no es un problema de su incumbencia, se convierten en cómplices de un sistema de violación sistemática de derechos humanos.
En este contexto político y sociológico, el proyecto sobre La Memoria puede convertirse en un instrumento fundamental en la lucha por la vigencia plena de los derechos. Si bien el gobierno ha dado un paso positivo al constituir el Comité contra la Tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanos y degradantes, no es suficiente.
Como afirma Zaffaroni, las agencias del sistema penal ejercen su poder militarizado y verticalizador disciplinario sobre los sectores más carenciados de la población y sobre algunos disidentes más molestos o significativos. Esa selectividad estructural del sistema penal es posible por el espacio legal otorgado para que los operadores del poder punitivo lo ejerzan sobre cualquier habitante, decidiendo cuándo y contra quién. Es lo que ha deslegitimado el sistema penal.
Recuperar legitimidad, credibilidad y confianza ciudadana exige un esfuerzo de cambio institucional recuperando y colocando a la ética y al respeto absoluto de los derechos humanos en el centro del sistema jurídico penal. Estoy convencida que la ley de la Memoria será un instrumento en esa dirección.
