El Gobierno nacional, dispuso en el Decreto 728/2022, el cierre del ingreso de nuevos beneficiarios a planes sociales y como contrapartida, resolvió incorporar a las organizaciones sociales como adjudicatarias de una parte de la obra pública cuyo presupuesto alcance hasta los 300 millones de pesos, actualizables.

En diálogo con Hablemos de Política, Juan Carlos Segura, indicó que están “totalmente en desacuerdo” con la decisión remarcando que “las cooperativas no generan trabajo registrado”.

“Nosotros no vamos a permitirlo porque la situación de las empresas y de las Pymes es muy mala, tenemos un 45 por ciento de impuestos que las cooperativas no lo pagan”, dijo Segura y agregó que para generar más empleo registrado “que le den beneficios a las empresas”.

Resaltó que se debe tener capacidad financiera, técnica y económica para hacer la obra pública porque sino no se termina y agregó que la capacidad de las empresas difiere mucho de la que tienen las cooperativas”.