Autonomía

Es cierto que el funcionamiento del servicio de Justicia es centro de críticas por parte de los litigantes y, en general, de la ciudadanía. Si bien mucho contribuye a ello la actividad que desarrollan los magistrados y funcionarios del Poder Judicial, en algunos casos hay limitaciones materiales. Los presupuestos que estiman, pasan por el filtro del que efectivamente tiene la llave del tesoro y distribuye los recursos de acuerdo a las prioridades que define. Y ese es el Poder Ejecutivo.

Por Acordada 13579, se establecieron erogaciones por casi 27 mil millones de pesos. Respecto del requerimiento realizado para el ejercicio 2022 –un poco más de 9 mil millones de pesos- hay una diferencia del 66%, que es la inflación proyectada para el presupuesto nacional que tiene media sanción. En los considerandos de la Acordada se señala que los guarismos consignados “se ajustan a las necesidades del Poder Judicial y fueron estimados, como ha sido siempre la regla seguida por la Corte, en un marco de prudencia y racionalización de recursos. Siguiendo este lineamiento, el proyecto de presupuesto para el próximo año, refleja una variación porcentual razonable dentro de las proyecciones estimadas sobre el índice de variación general de precios para el año 2023”. 

Vale señalar que al igual que en la propuesta para 2023, la cifra para el actual no incluía el costo de los tribunales pendientes de implementación, situación que no ha variado absolutamente en nada. Ello da cuenta que cuando se crean nuevos juzgados u oficinas judiciales no pareciera que se determine ni aproximadamente la disponibilidad presupuestaria. 

Solo para citar parte de lo que está pendiente de ponerse en marcha, hay que mencionar a la Sala VIII del Tribunal de Juicio en el Distrito Judicial del Centro, la Sala I del Tribunal de Juicio en el Distrito Judicial del Sur Circunscripción Metán, el Juzgado de Ejecución y Detenidos del Distrito Judicial Orán y el Juzgado de Ejecución y Detenidos del Distrito Judicial Tartagal. Tampoco se han implementado juzgados en Cachi o Embarcación, creados en 2015.

La mayor parte del presupuesto requerido va a cubrir los gastos en personal, que se llevarán más de 24 mil millones de pesos. La planta de personal se ha fijado en 2.805 cargos, apenas 22 más que lo requerido para el ejercicio vigente pero puntualmente se demandan cargos con vistas a la implementación de la oralidad de los juicios. Precisamente, la Corte destaca en la Acordada su objetivo constante de mejorar el acceso a la justicia y garantizar procedimientos judiciales justos y transparentes que satisfagan las exigencias del estado de derecho. Para ello es que tiene en desarrollo un proceso tendiente a implementar la oralidad en todos los fueros de la Provincia, considerando que es una herramienta concreta para agilizar los procedimientos, utilizar los recursos públicos con mayor racionalidad y brindar respuestas más eficientes y oportunas a los justiciables.

Bienes de uso, obras en ejecución, maquinaria y equipo y servicios son otros rubros que participan de manera decreciente en la distribución del gasto. Con esas partidas pretende continuar con la adecuación de la infraestructura de inmuebles e instalaciones requeridas, la que se realizará con la inversión necesaria que permita garantizar el funcionamiento del servicio de justicia en sintonía con el incesante crecimiento de la demanda social. También se incluye el desarrollo informático de las oficinas judiciales.

En ámbitos de la Justicia se reconoce que entre las pretensiones y lo que realmente se logra hay una distancia. Y no se trata de pedir demás para que se apruebe lo necesario. El requerimiento, en definitiva, es una descripción de lo que debe ser en el marco del sistema vigente. 

Otra realidad podría construirse si efectivamente el Poder Judicial tuviera autonomía.

Salta, 27 de octubre de 2022