El motivo de la solicitud es por los vínculos de efectivos con las estafas de la financiera ilegal "Ríos y Asociados". También se solicitó que las imputadas fijen domicilio en la ciudad de Salta, previa instalación de dispositivo electrónico de monitoreo.
Judiciales26/10/2022
La titular de la Unidad de Delitos Económicos y Complejos (UDEC) Ana Inés Salinas Odorisio, atenta a la inminente concreción del beneficio de arresto domiciliario otorgado a las imputadas en la causa de la falsa financiera Ríos & Asociados, Cynthia Elizabeth Moya y Alejandra Macarena Párraga, requirió que la medida se efectivice con el control de fuerzas federales, y no así de la Policía de la Provincia de Salta.
El pedido se sustenta en la vinculación directa existente entre las imputadas y numerosos miembros de la fuerza de seguridad provincial y/o familiares de los mismos.
Se agrega a ello los antecedentes relacionados con la colaboración prestada a la misma no solo para darse a la fuga previo a los allanamientos, sino también en el ocultamiento del botín por parte de efectivos de dicha fuerza.
Además se solicitó que se fije domicilio de arresto en la ciudad de Salta, a fines de poder llevar a cabo el control efectivo de cumplimiento de las normas de conducta impuestas.
La fiscal también solicitó que la prisión domiciliaria se otorgue exclusivamente con la previa instalación del dispositivo electrónico suministrado por la Unidad de Arresto Domiciliario por Monitoreo Electrónico (UADME) a fin de garantizar tanto la integridad y seguridad física de las mencionadas, como así también evitar toda posibilidad de darse a la fuga en vistas a la conducta ya desplegada anteriormente en la que había logrado mantenerse prófuga tras haber sido advertida por personal policial sobre su inminente detención.
Otro antecedente que debe tenerse en cuenta a la hora de prevenir el riesgo de fuga alertado por la fiscal, es la disponibilidad y posibilidades que detenta la líder de la financiera ilegal, de una millonaria suma de dinero lograda de las víctimas del fraude y que aún no pudo ser localizada.
Cabe recordar que el beneficio de arresto domiciliario otorgado a las dos imputadas, fue otorgado por parte del Vocal N 1 de la Sala II del Tribunal de Impugnación Pedro Arancibia, había sido rechazado previamente tanto por parte de la titular de la UDEC, como así también el juez de Garantías 3, Antonio Pastrana. Esta medida será impugnada mediante el recurso correspondiente.
Por su parte, desde el Ministerio Público Fiscal se ratificó el respaldo institucional a la actuación de la fiscal Ana Inés Salinas Odorisio en el marco de la causa de la financiera ilegal Ríos & Asociados, a la vez que solicitó se le brinden las garantías de seguridad física necesarias para la continuidad de su labor.
La Fiscalía había solicitado siete años de prisión para la exsecretaria general y la tesorera de ADP por los delitos de administración fraudulenta y 26 hechos de estafas reiteradas, en calidad de coautoras.
También reclamó la nulidad de la declaración. El juez Ercolini lo había citado para el miércoles. Además hay otras 38 indagatorias pendientes.
En los alegatos por la causa que investiga presuntas estafas con planes de viviendas, la Fiscalía también pidió 10 años de inhabilitación para ejercer cargos electivos en el gremio.
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