En los alegatos por la causa que investiga presuntas estafas con planes de viviendas, la Fiscalía también pidió 10 años de inhabilitación para ejercer cargos electivos en el gremio.
Judiciales25/11/2024
La fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, solicitó al juez José Luis Riera, de la Sala 6 del Tribunal de Juicio del Distrito Judicial Centro, que declare culpables a Patricia del Valle Argañaraz, exsecretaria general de la ADP, y a Ana María Cerezo, tesorera, por los delitos de administración fraudulenta y 26 hechos de estafas reiteradas, en calidad de coautoras. También pidió que Raúl Dante Argañaraz y Nicolás Demetrio Zissi sean considerados responsables de los mismos delitos, como partícipes necesarios.
En su alegato, la fiscal Salinas Odorisio consideró que durante la audiencia de debate se presentaron pruebas que demuestran la responsabilidad de los acusados en el desvío de fondos de la Asociación Docente Provincial (ADP). Según la fiscal, utilizaron diversos mecanismos administrativos, como la emisión de facturas y documentos falsificados, para justificar pagos y destinar dinero a fines personales. Además, señaló que cometieron estafas en contratos que docentes firmaron con el Fideicomiso «Virgen de Urkupiña», un proyecto que promovieron entre los asociados con la promesa de acceso a viviendas a cambio de un desembolso inicial y pagos mensuales.
Por este motivo, la fiscal solicitó una pena de siete años de prisión de cumplimiento efectivo para Patricia Argañaraz y Ana María Cerezo, junto con diez años de inhabilitación para ejercer cargos electivos en la Asociación Docente Provincial (ADP). Para Raúl Dante Argañaraz y Nicolás Demetrio Zissi, pidió una condena de tres años de prisión de ejecución condicional.
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