Esperanza

En Salta, la situación no es diferente respecto de lo que ocurre a nivel nacional. Su gestión no es apreciada y hay cuestiones que públicamente se discuten y dan razones a esa opinión. La morosidad de los fallos, el aparente sustento a situaciones de privilegio y en no pocos casos la arbitrariedad en la actuación de los jueces, son algunas de las cuestiones que se achacan a la actuación de los tribunales. Una breve síntesis sobre temas que se conocieron recientemente sirven para describir porqué este poder construye una imagen negativa. 

Se conoció que el 21 de diciembre se iniciará el juicio contra el ex intendente de Campo Quijano, Manuel Cornejo. Desde 2020 está acusado de quedarse con más de 84 millones de pesos pertenecientes a ese municipio, en base a la denuncia interpuesta por su sucesor en el cargo. A tres años de haber empezado a transitar los pasillos judiciales, la fiscal que realizó la investigación y conoce todos los recovecos de las maniobras realizadas por el ex funcionario, sabe que no se van a recuperar todos los bienes mal habidos pero tampoco va a recibir una condena de prisión efectiva.

Otro caso es el de la defensora oficial Civil N°4, Natalia Buira, que viene batallando judicialmente contra el juez de Personas y Familia Víctor Raúl Soria, al que acusa de violencia de género. En una de las causas abiertas –en este caso por desobediencia judicial- fue sobreseído y mientras aguarda que avancen las otras de inusitada gravedad en una provincia en emergencia por ese motivo, debe ocuparse en apelar esa decisión. La necesidad de hacer revisar fallos extiende en demasía la resolución de las causas. Además, la propia Defensora Oficial expuso la sospecha que el juez Soria está protegido ya que tuvo tres jurys que no prosperaron.

Otra sospecha es la de protección a determinados sectores sociales. Es así que debió apelarse la prisión domiciliaria de un ex obispo de Orán, condenado por causas de abuso sexual. No fue el único miembro de Iglesia Católica favorecido por medidas que morigeran el efecto del castigo que se dispone en contra de ellos. También se mira con desconfianza la internación en un establecimiento sanitario del hijo de un artista de fama nacional, quien carga sobre sus espaldas una pena de doce años de prisión por abuso sexual. Hace un año fue a la cárcel pero desde hace cuatro meses se encuentra en una clínica privada, por una infección contraída en prisión, según trascendidos. Muchos son los que suponen que de allí se irá a su casa.

La Justicia también mantuvo en prisión domiciliaria a un abogado que se desempeñaba como  asesor del Senado de la Provincia. Con graves acusaciones por violencia de género finalmente fue sobreseído por ser inimputable, según una jueza de Garantías pero tuvo que ser detenido nuevamente, porque siguió amenazando a sus víctimas.

Este martes, la senadora nacional mandato cumplido Sonia Escudero denunció que la garantía de juez imparcial está comprometida en la causa que le inició el Juez Luciano Martini. La ex legisladora está demandada por el magistrado por calumnias e injurias por sus opiniones respecto de su actuación. Escudero interpreta que se intenta amordazar las críticas a los jueces por sus decisiones y resulta “muy difícil por el contexto sociológico encontrar un juez imparcial”; por ello es que tuvo que recusar a varios jueces que fueron blanco de sus críticas en su libro Víctimas de la Justicia Patriarcal o por vínculos íntimos con el querellante.

“La imagen de la Justicia en la gente es negativa”, reconoció la actual presidenta de la Corte de Justicia de Salta al momento de asumir esa función. Y se comprometió a trabajar mucho para cambiar esa imagen.

Es que la Justicia es la última esperanza que tiene la gente para defender sus derechos y no se puede perder.

Salta, 25 de octubre de 2022