En ello, la legislación que reguló algunos aspectos que hacen a un uso masivo de internet como, por dar un ejemplo, el cyberbullying o acoso cibernético, ha puesto límites necesarios, pero, debemos reconocerlo, tardíos.

En esto ha incidido la línea fina que separa la regulación de lo que sería una censura al derecho de libre expresión y aún queda mucho por debatir, como la incitación a la violencia y el odio desde la cómoda situación de anonimato que permiten las redes sociales.

Internet, las Redes y el avance de la Inteligencia Artificial ponen en la palestra auténticos desafíos para el desarrollo pacífico y libre de los procesos electorales y la vigencia de derechos humanos fundamentales.

En su discurso de apertura en un encuentro al respecto en octubre de 2019, Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, dijo que la “revolución digital es un importante problema mundial de derechos humanos cuyos incuestionables beneficios no anulan sus inconfundibles riesgos”.

Riesgos que se magnifican, por supuesto, en los grupos que son más vulnerables por su género, etnia o minoría religiosa.

Dan Malinovich, especialista en Política Electoral del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo afirmó que, cada segundo, aproximadamente 30 personas comienzan a utilizar por primera vez redes sociales y alertó que “en el actual mundo digitalizado, la información se propaga rápidamente en función de su capacidad de llamar la atención, más que de su veracidad o precisión”.

La influencia de la tecnología puede afectar seriamente los procesos electorales si no se establece un acuerdo general que respete el contrato social que implican, ya que su falta dejará en manos de quienes tengan mayores posibilidades económicas la capacidad de influenciar a su favor a través de mensajes de odio, difusión de noticias falsas o difamantes o el tergiversar la realidad de los hechos a su conveniencia.

Ese acuerdo debe partir del diálogo plural y el encuentro de puntos en común por parte de las diferentes expresiones políticas del sistema democrático para evitar la tentación de legislar más hacia la censura que hacia la regulación. Y que allí se vean afectados los derechos de libertad de expresión o de acceso a la información.

Albertina Piterbag, Instructora Principal de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), advierte que “la Inteligencia Artificial tiene la capacidad de empoderar al periodismo independiente, las campañas políticas y los procesos electorales en general, pero también –voluntariamente o no-, afectar de manera negativa y socavar los procesos electorales”.

Hoy, la Inteligencia Artificial que maneja los algoritmos que definen nuestra interacción en las redes sociales sigue parámetros que bailan al ritmo de la conveniencia comercial y ya hubo una prueba de su capacidad de influencia en la elección presidencial que llevó a Donald Trump al triunfo en los Estados Unidos y a los estrados judiciales de ese país al CEO de Facebook, Mark Zuckerberg, demandado por la Fiscalía de Washington por el caso 'Cambridge Analytica'.

El año pasado, la UNESCO elaboró un documento que llamó “Recomendación sobre la Ética de la Inteligencia Artificial” y expresa en su página web que “La IA ya está en nuestras vidas, dirigiendo nuestras elecciones, a menudo en formas que pueden ser perjudiciales. Hay algunos vacíos legislativos alrededor de la industria que deben ser tratados rápidamente. El primer paso es convenir exactamente qué valores deben ser consagrados, y qué normas deben ser aplicadas. Existen muchos marcos y directrices, pero se aplican de manera desigual, y ninguno es realmente mundial. La IA es mundial, por lo que necesitamos un instrumento mundial para regularla”.

Mientras tanto, en Argentina, un nuevo proceso electoral se acerca y si bien nadie niega que los discursos de odio han influido no sólo en profundizar la grieta nacional, sino en incentivar un posible magnicidio, los principales líderes políticos sólo han manifestado tibiamente la necesidad de diálogo y de bajar el tono de las agresiones.

Diputados del Frente de Todos presentaron propuestas para "garantizar una comunicación democrática" y desde allí, pensar la comunicación "como un derecho y no como un negocio". En ello, aseguran que no se busca “legislar sobre los discursos de odio” sino lograr limitarlos, pero, creen que “es una discusión que tiene que pasar por otro canal, que no tiene que ver con generar una regulación”.

Siendo un fenómeno mundial, como señaló Bachelet, bien harían en consultar los diferentes modelos de legislación propuestos por países que están a la vanguardia legislativa en el tema.