En este caso se trata de la prórroga a la ley que declaró la Emergencia Pública en Materia Social por Violencia de Género en todo el territorio de la provincia. Originalmente había sido aprobada en 2014, por decreto luego convertido en ley, y extendida sucesivamente cada dos años por causas que dejan dudas sobre la eficacia de su vigencia.
Las deudas pendientes en materia de erradicación de la violencia de género son la referencia recurrente en los debates legislativos y pareciera que apunta a soterrar la ignorancia respecto de las causas de la persistencia de un problema social de envergadura o la ineficiencia de la gestión de políticas públicas diseñadas a ese fin. Los logros que suelen aplaudirse son los mismos por lo que el estancamiento es el primer cuestionamiento que salta a la vista cuando se trata de explicar por qué la Provincia está a la cabeza de las tasas más altas de violencia y también de femicidios. Se repite la ponderación del acierto por la creación de distintos institutos, como los juzgados y las fiscalías especializadas, las oficinas de violencia, el Observatorio y el Polo de la Mujer, pero las sucesivas prórrogas necesitan de fundamentos más allá de la necesidad de no levantar el cerco de la emergencia.
La miembro informante del proyecto, la diputada Alejandra Navarro citó estadísticas que dan cuenta que el clamor que anualmente se grafica en la expresión “Viva nos queremos”, que es consigna de marchas anuales en junio, tiene razones de pesos. La cantidad de mujeres asesinadas por cuestión de género no desciende de los dos dígitos y en lo que va de este año, del que resta transitar un cuatrimestre, ya se han cometido siete femicidios y un travesticidio.
A la luz de los resultados, el debate parlamentario pretendió encontrar el nudo del problema. La diputada del bloque Ahora Salta, Cristina Fiore desgranó sus propios números destacando que en esta Capital se abren 16 causas por violencia de género por día y ello lleva a que el 41% de los expedientes que trata el Poder Judicial se refieran a ese delito. Y otro dato no menos significativo es la escasa asignación de recursos al punto que este año, el Centro de Autonomía de las Mujeres, que debe dar independencia económica a las víctimas, dispone de una partida de 500 mil pesos, al igual que las unidades productivas en tanto que los programas de intervención sobre los hombres violentos solo cuenta con 332 mil pesos. La interpretación de estas cifras llevó a la conclusión que si las políticas que se definen no se acompañan con presupuesto, quedan en eslóganes. Ese fue un fuerte punto de coincidencias entre los legisladores.
La misma adhesión tuvo la apreciación que el Gobierno no tiene un plan de abordaje integral. Los proyectos parches ayudan pero se necesitan políticas permanentes, dijo el diputado Bernardo Biella y a esa demanda se sumaron muchas voces, que exigieron propuestas de prevención y exhortaron a realizar un trabajo serio, especialmente desde el ámbito de la educación para dotar a los niños y adolescentes de herramientas eficientes para erradicar la violencia en las relaciones sociales. Y no faltó quien considerara que ya no se puede dar un cheque en blanco al Poder Ejecutivo, que tiene facultades suficientes para elaborar el Plan Provincial de Acción de Violencia de Género, que es una de las finalidades de la emergencia.
La prórroga se aprobó pero no la gestión gubernamental que deberá poner mayor esfuerzo para levantar la vara que la mide.
Salta, 07 de setiembre de 2022
