Una amplia estructura legal sostiene la facultad del cuerpo deliberativo para actuar en circunstancias como las que rodea el caso judicial en el que el edil está imputado por violencia de género. La Constitución Provincial, en su Artículo 183, dice que el Concejo Deliberante puede corregir a cualquiera de sus miembros por desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones y hasta excluirlo de su seno por razones de incapacidad física o moral sobreviniente, debiendo para tal efecto concurrir los dos tercios de votos del total de sus miembros.
Esto lo recoge la Carta Orgánica Municipal que en su artículo 13 reglamenta el tratamiento de las incompatibilidades sobrevinientes. Señala que todo miembro del Concejo Deliberante que se encontrara en incompatibilidad sobreviniente a su elección, deberá elevar su renuncia dentro de los cinco días subsiguientes al surgimiento de aquella. De no hacerlo, será excluido del Cuerpo en la primera sesión posterior al conocimiento del hecho. En tanto, en el artículo 19, relacionado a las facultades disciplinarias, indica que el cuerpo deliberativo municipal podrá corregir a cualquiera de sus miembros por desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones y hasta excluirlo de su seno por razones de incapacidad física o moral sobreviniente. Además de fijar la mayoría de los dos tercios del total de sus miembros, determina que la exclusión de uno de sus miembros sólo podrá tratarse en sesión convocada para ese efecto y después de haberse permitido la defensa del interesado.
Así fue el camino transitado por el Concejo desde que hace 10 días se supo de un incidente de violencia que habría sido protagonizado por Colque, uno de los ediles más jóvenes del cuerpo integrado en diciembre de 2021. La reacción del cuerpo fue rápida; activó a su Comisión de Disciplina, Juicio Político y Responsabilidad Patrimonial, que debe entender en los llamados de atención realizado a alguno de los miembros del cuerpo por desórdenes de conducta y sugerir las medidas a adoptar y también determinar los pasos a seguir respecto de las denuncias realizadas al Concejo sobre la actuación de los funcionarios municipales y de sus propios miembros. Convocó en tres oportunidades a Colque para que efectúe su descargo y finalmente convocó para el pasado lunes a la sesión especial, que dispuso su exclusión. En ese lapso, el concejal presentó un pedido de licencia que debía tratarse en la reunión ordinaria de mañana. Ahora es un punto menos en el Orden del Día.
No hubo un juicio paralelo al de la Justicia; esto es, más allá de las apreciaciones personales sobre la acusación que pesa sobre Colque, el Concejo se abocó a juzgar su habilidad para desempeñar su cargo en un cuerpo legislativo como el del Concejo Deliberante. Es lo que dijeron en la sesión y lo cierto es que hubo una referencia obligada a ese hecho que tiene trámite judicial y que constituye –y así también se marcó en el debate- un problema social irresuelto. Otro dato no menos significativo fue marcado por la presidenta del bloque al que pertenecía. Paula Benavídes destacó la necesidad de recuperar la funcionalidad y no quedar atrapado en esa urgencia, a fin de tratar los temas importantes que esperan resoluciones.
Tras la decisión de ayer, se retoma el camino de dedicar los esfuerzos a contribuir a la dar a los vecinos calidad de vida, en una ciudad que crece exponencialmente.
Salta, 23 de agosto de 2022
