Desde la ONG indicaron que pese a la reciente confirmación de la medida cautelar que, desde enero, obliga al Poder Ejecutivo de la Provincia a garantizar la presencia de facilitadores/as interculturales y albergues de tránsito en el Hospital Materno Infantil y los hospitales cabecera de los departamentos en emergencia, sigue existiendo una grave omisión estatal para cumplir con sus obligaciones legales y judiciales
La Ley 7856 fue sancionada en el año 2014 y desde entonces se aguarda por su aplicación plena, para lo cual es imprescindible su reglamentación. En su contenido, se establece que se debe focalizar y coordinar los problemas de salud y socioculturales, socioeconómicos y de identidad que afectan a los pacientes de los pueblos originarios y garantizar una adecuada y equitativa atención médica y accesibilidad a la alta complejidad médica.
Además, plantea que la Provincia debe “proveer los Facilitadores Interculturales Bilingües necesarios para la cobertura de los hospitales, a efectos de permitir una adecuada armonización intercultural entre el sistema de salud y el paciente originario, garantizando su atención y contención.
