El intenso trabajo en comisiones ha permitido poner a los proyectos de ley que demanda el Ejecutivo Nacional en condiciones de ser tratados en el recinto de la Cámara de Diputados el próximo lunes.
Preocupación
Un proyecto de declaración –esto es, una manifestación de deseo- generó un extenso debate en la última sesión de la Cámara de Diputados. Más allá de la pertenencia política de los oradores, hubo coincidencia en demandar mejoras en la prestación de servicios públicos.
Opinión 03/08/2022La demanda de normalización de la atención presencial de usuarios en todas las oficinas de la empresa Gasnor puso en evidencia muchos aspectos que deben atenderse en una cuestión esencial a la calidad de vida. Es cierto que son prestaciones cotidianas que brinda el Estado, ya sea directamente o bajo su control y regulación, pero buscan asegurar el abastecimiento a la población de productos considerados imprescindibles. Por ello exigen el cumplimiento de ciertas características, ya que en caso contrario generan severos problemas.
De allí la sucesión de reclamos que se expuso, dejando a la iniciativa como un pretexto para denunciar la ineficiencia de un modelo de prestación impuesto en la década del noventa cuando se llevó adelante un proceso de privatización de emblemáticas empresas del Estado. Fue el tiempo en que se concesionaron los servicios de energía eléctrica, gas, agua y saneamiento, comunicaciones y transporte ferroviario en todo el país.
En tres décadas no fueron muchas las reformas introducidas y las mejoras logradas no se expandieron y hasta hubo una retracción en algunos casos. La exigencia planteada por la pandemia en los dos últimos años puso a prueba el sistema, demostrando que ya es tiempo de realizar cambios para optimizar un sector fundamental de la economía.
Si bien el proyecto de declaración estaba relacionado a la atención personalizada que los clientes de Gasnor pretenden que se rehabilite, hubo referencias a otros servicios y otros aspectos. Un caso es el carácter monopólico que tienen las prestadoras, que limitan opciones y dejan dudas sobre su conveniencia ante la mala calidad con la llevan adelante su tarea. En el caso de la prestadora del servicio de gas se hizo notar que en 30 años no ha dado cobertura total y no ha tendido redes domiciliarias en la propia área productora, en el norte de la provincia.
En tren de reclamos, el servicio de agua potable también fue mencionado, ampliando una agenda de temas sobre los que deben trabajar los legisladores. La estructura empresaria de Aguas del Norte quedó en la lista porque se coincidió en que los cien millones de pesos que pagó en el último ejercicio fiscal en concepto de impuestos a la Ganancias debieran destinarse al mejoramiento de sus prestaciones.
De un pedido de atención con dignidad se llegó a la denuncia de la ausencia de una política de servicios públicos de carácter provincial. Aún en el caso de servicios que son regulados por el Gobierno Nacional, deben fijarse parámetros exigibles a las empresas que actúan en este territorio. Esa fue la postura sostenida por la oposición que encontró acompañamiento en el oficialismo, en el entendimiento que hay una población que espera la satisfacción de requerimientos que la pongan en un pie de igualdad con otras regiones del país.
El contexto de crisis está movilizando a la dirigencia a encarar distintos aspectos de una situación que, básicamente, se describe en empresas al borde del estallido mientras los precios vuelan por los aires. Entre los precios que preocupan están los de las tarifas, para los que se aguardan novedades en torno de aumentos consecuentes con la segmentación de subsidios.
Un incremento del 90% en gas y no menos del 70% en electricidad para los que pierdan beneficios, bien valen la preocupación de los que precisamente son los representantes del quienes producen y consumen, como actividades básicas.
Salta, 03 de agosto de 2022
Como en oportunidades que han quedado registradas como históricas, la realidad política argentina está demandando un diálogo profundo. En esta semana será un elemento vertebral para avanzar en decisiones que no pueden demorarse si de encarar soluciones de fondo se trata.
Esta semana hemos sido testigos de una de las movilizaciones más importantes de las últimas décadas.
La universidad pública de gestión estatal fue condenada a cumplir su tarea sin recursos y ha resuelto resistir. La decisión incluye al conjunto de sus miembros y le da cabida a la sociedad en general, porque es una herramienta esencial para el desarrollo y no se puede abandonar.
Comenzó el pago de haberes en la administración pública. Es un hecho ordinario que, sin embargo, tiene un peso político significativo porque en su cumplimiento se refleja la salud financiera del Gobierno Provincial.
Entre la necesidad de transparentar el uso de ingentes recursos y el abandono de tareas sensibles por parte del Estado, se ubica la decisión de cerrar el INADI. El gobierno asegura que no se abandonará la lucha contra la discriminación, pero esencialmente se encarará desde la educación.
Autoridades provinciales y municipales mantuvieron un encuentro con vecinos de la zona y realizaron un relevamiento en el área.
El Gobernador junto a miembros de su gabinete se reunió con las autoridades de la Universidad Nacional de Salta.
Ley Bases: retiraron al Banco Nación de la lista de empresas a privatizar y repusieron los impuestos al tabaco
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Se realiza en el marco del 47° Abril Cultural Salteño. Habrá descuentos, charlas de escritores, presentación de libros, música, actividades para niños y sorteos.
Criticas a Milei en la inauguración de la Feria del Libro: "Luego de despreciar nuestra Feria, pide participar"
Argentina 25/04/2024El presidente de la Fundación El Libro, Alejandro Vaccaro remarcó que la participación del presidente en la Feria del Libro "implica una serie de erogaciones extraordinarias que la Fundación no puede afrontar" y remató: "No hay plata".