Preocupación

Opinion 03 de agosto de 2022
Un proyecto de declaración –esto es, una manifestación de deseo- generó un extenso debate en la última sesión de la Cámara de Diputados. Más allá de la pertenencia política de los oradores, hubo coincidencia en demandar mejoras en la prestación de servicios públicos.
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La demanda de normalización  de la atención presencial de usuarios en todas las oficinas de la empresa Gasnor puso en evidencia muchos aspectos que deben atenderse en una cuestión esencial a la calidad de vida. Es cierto que son prestaciones cotidianas que brinda el Estado, ya sea directamente o bajo su control y regulación, pero buscan asegurar el abastecimiento a la población de productos considerados imprescindibles. Por ello exigen el cumplimiento de ciertas características, ya que en caso contrario generan severos problemas.

De allí la sucesión de reclamos que se expuso, dejando a la iniciativa como un pretexto para denunciar la ineficiencia de un modelo de prestación impuesto en la década del noventa cuando se llevó adelante un proceso de  privatización de emblemáticas empresas del Estado. Fue el tiempo en que se concesionaron los servicios de energía eléctrica, gas, agua y saneamiento, comunicaciones y transporte ferroviario en todo el país. 

En tres décadas no fueron muchas las reformas introducidas  y las mejoras logradas no se expandieron y hasta hubo una retracción en algunos casos. La exigencia planteada por la pandemia en los dos últimos años puso a prueba el sistema, demostrando que ya es tiempo de  realizar cambios para optimizar un sector fundamental de la economía.

Si bien el proyecto de declaración estaba relacionado a la atención personalizada que los clientes de Gasnor pretenden que se rehabilite, hubo referencias a otros servicios y otros aspectos. Un caso es el carácter monopólico que tienen las prestadoras, que limitan opciones y dejan dudas sobre su conveniencia ante la mala calidad con la llevan adelante su tarea. En el caso de la prestadora del servicio de gas se hizo notar que en 30 años no ha dado cobertura total y no ha tendido redes domiciliarias en la propia área productora, en el norte de la provincia.

En tren de reclamos, el servicio de agua potable también fue mencionado, ampliando una agenda de temas sobre los que deben trabajar los legisladores. La estructura empresaria de Aguas del Norte quedó en la lista porque se coincidió en que los cien millones de pesos que pagó en el último ejercicio fiscal en concepto de impuestos a la Ganancias debieran destinarse al mejoramiento de sus prestaciones.

De un pedido de atención con dignidad se llegó a la denuncia de la ausencia de una política de servicios públicos de carácter provincial. Aún en el caso de servicios que son regulados por el Gobierno Nacional, deben fijarse parámetros exigibles a las empresas que actúan en este territorio. Esa fue la postura sostenida por la oposición que encontró acompañamiento en el oficialismo, en el entendimiento que hay una población que espera la satisfacción de requerimientos que la pongan en un pie de igualdad con otras regiones del país.

El contexto de crisis está movilizando a la dirigencia a encarar distintos aspectos de una situación que, básicamente, se describe en empresas al borde del estallido mientras los precios vuelan por los aires. Entre los precios que preocupan están los de las tarifas, para los que se aguardan novedades en torno de aumentos consecuentes con la segmentación de subsidios.

Un incremento del 90% en gas y no menos del 70% en electricidad para los que pierdan beneficios, bien valen la preocupación de los que precisamente son los representantes del quienes producen y consumen,  como actividades básicas. 

Salta, 03 de agosto de 2022

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