Por primera vez llega a la vicepresidencia de Colombia una mujer afroamericana, Francia Márquez, y no solo de Colombia sino también de cualquier país latinoamericano. Llega por la alianza Pacto Histórico y su partido es Soy porque Somos.
Esta fórmula presidencial representa la esperanza de un gobierno de la vida no solo para Colombia sino también para los países de la región ya que intentarán gobernar para todos, todas y todes, es decir para mujeres, diversidades sexuales, jóvenes, pobres, pueblos originarios y afrodescendientes, adultos mayores, sin exclusión alguna.
Colombia es un país atravesado por la guerra, el narcotráfico, la trata de personas, los jóvenes y líderes y lideresas sociales asesinadas, por los más de 200.000 colombianos asilados en el exterior.
Colombia es un país colonial, patriarcal, racista y la fórmula presidencial elegida ha propuesto terminar con estas tres categorías de una Colombia atávica que atrasa y que solo beneficia a unos pocos privilegiados.
Deseo hablar en esta columna de Francia Márquez. Francia no es una improvisada, es abogada, tiene a pesar de sus jóvenes 40 años, una larga historia de lucha social y lucha ambiental que hiciera que en el año 2018 obtuviera el premio Goldman, una especie de novel ambiental, por su lucha contra la minería legal e ilegal que estaba destruyendo a la comunidad afrodescendiente de La Toma en la región del Cauca, donde el gobierno en la década pasada había entregado títulos de explotación minera a grandes empresas transnacionales que provocaban el desplazamiento forzado de comunidades ya que habían sido entregados dichos títulos sin el debido proceso a la implementación del derecho fundamental a la consulta y consentimiento libre, previo e informado de las comunidades afectadas. Francia logró junto a la comunidad un fallo judicial que suspendió las concesiones. Pero luego llegó a La Toma la minería ilegal, entonces organizó una marcha que demandó 10 días y 600 kilómetros a pie, cuando llegaron a Bogotá eran 130 personas, la inmensa mayoría mujeres que defendían el agua contaminada por la minería. Esta marcha fue conocida como La Marcha de los Turbantes porque las mujeres afrodescendientes usaban su turbante que identificaba su origen étnico, su objetivo era que el gobierno cumpliera la sentencia de la Corte Constitucional que ampara los territorios ancestrales y exigir el fin de la minería inconstitucional que causaba la contaminación de las aguas y el desplazamiento forzado. Pero su lucha tuvo su precio y las amenazas de los paramilitares que acusaron a Márquez de oponerse al desarrollo, la obligaron a dejar su tierra ancestral y radicarse en Cali donde estudió derecho.
Pero el premio Goldman no fue la única distinción, también recibió en el año 2015 el Premio Nacional a la Defensa de los Derechos Humanos y en el 2019 la distinción “100 Mujeres de la BBC” y el premio Joan Alsina de Derechos Humanos entregado por la Casa América Cataluña.
A la edad de 16 años tuvo el primero de sus dos hijos de un hombre blanco que se desentendió por completo asumiendo ella la crianza de su primer hijo. Durante su adolescencia y hasta el mismo día de dar a luz a su primer hijo trabajó en una mina de oro.
Participó de los diálogos de paz entre el gobierno de Santos y la guerrilla de las FARC como víctima. En estos diálogos explicó como el conflicto armado ha afectado de manera desproporcionada a las comunidades afrodescendientes e indígenas y de manera específica a las mujeres de dichas comunidades y la necesidad de la participación efectiva de los pueblos étnicos en el proceso para lograr una paz estable y duradera.
Francia Márquez denuncia el racismo estructural de Colombia, denuncia los homicidios de líderes y lideresas sociales de ese país. Pretende el cumplimiento de los acuerdos de paz firmados en el año 2016 que el gobierno de Iván Duque dilató.
El presidente Petro que encabeza la fórmula presidencial que fue elegida por el pueblo colombiano habló en su discurso al conocerse que habían ganado sobre la fórmula encabezada por Hernández de tres ejes: la paz, la justicia social y la justicia ambiental.
Cabe preguntarnos frente a esta extraordinaria elección del pueblo colombiano, hastiado de tanta violación de derechos humanos, como anda Salta en materia de derechos humanos de los pueblos indígenas, si la minería tan en boga ha merecido la constitucional consulta y consentimiento previo, libre e informado de las comunidades a las que afecta, si la justicia no se encarga de criminalizar a los líderes sociales y ambientales, si se está o no en camino de deconstruir la Salta patriarcal, colonial y racista. Son todas preguntas que el gobierno, los políticos y la sociedad sentipensante deben formularse.
