Equidad

Uno de los temas pendientes es legislar sobre una nueva distribución de subsidios al transporte de pasajeros, para lo que ya se han presentado cinco proyectos en ese ámbito, que se suman al que ingresó al Senado a instancia de un amplio grupo de gobernadores.

La Comisión de Transporte de la Cámara baja viene desarrollando una intensa actividad para armonizar sendas iniciativas que fueron presentadas por legisladores del Frente de Todos, de Juntos por el Cambio, por el diputado radical por Córdoba Hugo Romero, por el socialista santafesino del interbloque Federal Enrique Estévez y por el radical de Jujuy Jorge Rizzotti.  Precisamente el martes último llevó adelante un plenario del que participaron representantes del Consejo Federal de Transporte y del ministerio del ramo, aunque se lamentó la ausencia del titular de la cartera, Alexis Guerrera.

Todos los esfuerzos apuntan a revertir los criterios actuales que llevan a que el 84% de los subsidios queden en el área metropolitana nacional y solo el 16% llegue a todo el interior. Esto determina que el AMBA reciba 18 mil millones de pesos mensuales mientras que todo el interior solo cuente con 3.500 millones. El área metropolitana también tiene un subsidio al combustible de mil millones de pesos que las provincias no reciben; por eso es que el gasoil cuesta $145 el litro en el AMBA y entre 200 y 230 pesos en el interior. El gobierno nacional subsidia el boleto estudiantil en esa jurisdicción mientras que en el resto del territorio cae sobre las arcas provinciales. 

Los funcionarios nacionales señalan que el origen del problema está en el Consenso Fiscal del 2017, que firmaron la mayor parte de los gobernadores con el Presidente de la Nación. Juan Manuel Urtubey firmó por Salta y si bien con posterioridad se realizaron acuerdos correctivos de las consecuencias en otros aspectos, en este punto el propio Ejecutivo Nacional dispuso a partir de 2019 algunas medidas pero son insuficientes ya que no se revirtió aún la reducción en un 50% de lo que se venía recibiendo hasta la suscripción de ese acuerdo.  

Esa postura no es compartida totalmente por los gobernantes del interior ya que hay muchos factores que solamente dependen de la política macroeconómica que fija el gobierno nacional. En la reunión del Confederal del Transporte, que se efectuó a principios de mayo en Córdoba para tratar esta situación que se vive con mucha preocupación en las provincias, se trazó un diagnóstico en el que coincidieron las 23 jurisdicciones y se determinaron cuáles elementos complican el manejo de la cuestión.  A través de la creación de un Fondo Compensador, la Nación aumentó las transferencias pero no compensó con ese esfuerzo la pérdida generada desde 2018. Asimismo, el acuerdo negociado para un aumento del 60% incluido en el presupuesto que no se aprobó, frustró una mejoría. 

El dato relevante de la prestación del servicio de pasajeros es que tiene un gran componente de subsidios en todo el mundo; ello obedece a que tiene un profundo sentido social, ambiental y de ordenamiento urbanístico. Son las provincias las responsables de su administración en su territorio mientras la Nación se hace cargo de tres áreas interjurisdiccionales, que son: AMBA, una combinación entre Provincia de Buenos Aires y CABA; Paraná-Santa Fe y Resistencia-Corrientes. Ello no justifica una posición privilegiada para esas unidades prestacionales. 

La complejidad de la problemática obliga a que el Congreso avance con premura en su resolución. En el fondo de la cuestión hay un principio de equidad con el que deben acomodarse todos los elementos que concurren y se expresan finalmente en una tarifa que va tornándose inaccesible para los argentinos que pueblan el interior.

Salta 16 de junio de 2022