
El hecho sucedió el pasado 1 de febrero, cuando un hombre de 25 años, falleció por asfixia mecánica por estrangulamiento y se detuvo a su pareja como sospechoso de haberle quitado la vida tras una discusión.
El CEO de la financiera declaró ante la fiscal de UDEC, Ana Inés Salinas Odorisio y se negó a responder preguntas. Hasta el lunes permanecerá en la Alcaidía General_
Judiciales13/05/2022La fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, imputó provisionalmente a Nelson Leonardo Cositorto, Ricardo Gabriel Isaac Vilardel, Jorge Federico Vilardel, Ana Lucía de los Ángeles Vilardel y Vilma Griselda Albornoz por ser coautores de los delitos de estafas reiteradas (60 hechos) y asociación ilícita, en concurso real.
La suma total del perjuicio ocasionado, de acuerdo a las denuncias realizadas, asciende a 3.901.700 pesos y 228.557,29 dólares.
Durante la audiencia, Cositorto fue asistido por una abogada particular. Tras tomar conocimiento de cada una de las denuncias en su contra y escuchar el decreto de imputación, aceptó declarar aunque no contestar preguntas.
A lo largo de las más de dos horas que duró el procedimiento, el CEO de Generación Zoe aseguró ser víctima de una campaña de desprestigio.
Por su parte, Jorge Vilardel, Ricardo Vilardel, Ana Lucía Vilardel y Vilma Griselda Albornoz, también asistidos por abogado particular, se abstuvieron de declarar e informaron que presentarán su versión de los hechos por escrito.
Al finalizar las audiencias, los cinco imputados fueron trasladados nuevamente a la Alcaidía General. Leonardo Cositorto permanecerá en Salta hasta el lunes.
La causa
La intervención de la UDEC inició a raíz de distintas denuncias recibidas en los últimos meses por estafas en contra de Generación Zoe, una financiera nacional con sede en Salta, ubicada en calle en Pellegrini 782.
Durante la investigación, desde UDEC determinaron que el modus operandi de la empresa consistía en rubricar contratos de fideicomiso (llamados membresía educativa o inteligente), cuyo importe variaba entre los 500 y 1.000 dólares. A cambio de la inversión, la financiera les prometía un retorno de entre el 7,5% y el 10% mensual y el 120% anual. Las membresías se distinguían entre Classic, Premium, e Intelligent, variando en función del capital aportado y de una tasa de retorno diferencial entre ellas.
Al día siguiente de abonar la membresía, al usuario le figuraba en su perfil on line de Zoe, un incremento de capital del 20% en calidad de bonificación educativa. Es decir que, si una persona invertía 500 dólares, a las 24 horas, figuraba en la plataforma que poseía 600 dólares.
El contrato rubricado tenía una duración de tres años, momento en el cual recién el inversionista podía retirar su capital. En caso de retirar en forma anticipada el dinero, se le cobraba una multa del 50% del capital invertido, no admitiendo retiros antes de 12 meses.
Además, a modo de incentivo y para que los inversionistas continuaran inyectando dólares al circuito, desde la plataforma virtual de Generación Zoe se premiaba con comisiones a aquellos que referían gente para ingresar a la organización como aportantes. Cuantas más personas, mayor era la comisión que se podía recibir.
Bajo el mismo esquema, ofrecían Robots (Navideño, de Enero, Febrero, etcétera), que consistían en un sistema de inversión similar al explicado, pero con una duración de tres meses y la promesa de un retorno del 100%, con un mínimo de inversión de 1.500 dólares.
La mayoría de las inversiones se realizaban en efectivo, dinero que era entregado en mano a los imputados y sólo en algunos casos se realizaban transferencias bancarias, operaciones que eran transferidas a la cuanta de Jorge Federico Vilardel, quien además recibía las trasferencias realizadas por Cositorto, destinadas al pago de los empleados e inversores, siendo este el encargado de realizar tales operaciones.
Los roles
Según el trabajo de los investigadores de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, los roles de cada uno serían:
Leonardo Cositorto: Director Ejecutivo de “Generación ZOE”, firmaba los contratos con los inversionistas, se encargaba de recolectar el dinero aportado a través de trasferencias a sus diferentes cuentas bancarias, como ser “ZOE EMPOWERMENT S.A”, donde el mismo revestía el carácter de presidente.
Ricardo Gabriel Vilardel: Director y representante de Zoe en Salta. Atendía a los inversionistas, recibía el dinero de manera personal y firmaba los recibos que les otorgaban por el dinero entregado.
Ana Vilardel: Secretaria de la sede local de Zoe; atendía a las víctimas y se logró determinar que recibió en su cuenta bancaria parte del capital que invertían los damnificados.
Jorge Federico Vilardel: Encargado de la atención al público. Recibía el dinero en efectivo como así también por transferencias a su cuenta bancaria, según quedó corroborado con los informes incorporados.
Griselda Albornoz: Junto a los hermanos Vilardel realizaba diferentes reuniones y/o conferencias para captar a las víctimas y se encargaban de difundir la financiera por diferentes medios.
El hecho sucedió el pasado 1 de febrero, cuando un hombre de 25 años, falleció por asfixia mecánica por estrangulamiento y se detuvo a su pareja como sospechoso de haberle quitado la vida tras una discusión.
El menor sufrió heridas de consideración en una de sus piernas y debió ser intervenido quirúrgicamente. El animal fue trasladado al Hospital Público de Mascotas de la Municipalidad de Salta.
Las ampollas de los laboratorios fueron distribuidas en hospitales provinciales, tanto públicos como privados, y se registraron pacientes afectados.
El fallo es de la Cámara Civil de Apelaciones de Río Gallegos sobre el pedido por el tratamiento de un menor de edad.
La decisión se conoció minutos antes de que comenzara una audiencia en la que iba a abordarse la cuestión. Continúa vigente en cambio la solicitud para mudar el domicilio de la detención.
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