
El Senado de la Provincia se involucró con el proceso de auditoría de pensiones encarado por el gobierno nacional a través de organismos especializados. Las complicaciones en su implementación generaron severos reclamos en todo el país.
Más pronto que tarde, se reavivó la demanda de definiciones en torno de la integración de la Auditoría General de la Provincia. Hay un proceso iniciado el 1 de diciembre de 2021, cuando la Convención estaba definiendo la reforma parcial de la Constitución Provincial, precisamente referida a ese aspecto. La oposición consideró caduco lo actuado y exige que se renueven las postulaciones.
Opinión16/03/2022Fue en el momento de Manifestaciones de la última sesión de Diputados que el tema, que estaba latente, irrumpió a través de Roque Cornejo, del bloque Ahora Salta. El legislador opinó que actualmente la Auditoría General de la Provincia se encuentra “renga” a raíz de la falta de designación de dos de los cinco integrantes del Organismo de Control.
Ello así pese a que el 1 de diciembre, a poco de integrarse el cuerpo con la incorporación de los diputados que habían sido elegidos en las provinciales de agosto de 2021, intempestivamente se conoció que la Comisión de Auditoría de la Cámara –que nadie conocía que se había conformado- había elevado sendas postulaciones para cubrir las dos vacantes. Marcos Segura Alzogaray y Elsa Pereyra Maidana eran los propuestos; el primero iba por una reelección mientras que la última acababa de sostener una candidatura a una banca en la Cámara de Diputados de la Nación.
Esos antecedentes no sirven a los fines de una designación cuya principal exigencia pasa por la representación de la oposición, un requisito innegociable si se tiene en cuenta que el objeto de su gestión es el de controlar la administración del actual gobernador. Además, los tres actuales miembros fueron postulados por el oficialismo.
La dinámica política provincial lleva a que el rol de oficialista y opositor se cambie cada dos años, en oportunidad de los correspondientes procesos electorales. De allí que la postulación de Alzogaray fue impactada por el pase de bando del Frente de Todos, como le ocurrió a Pereyra Maidana, que había sido postulada por un partido de sinuoso tránsito frente al oficialismo, al punto que en 2021 fue socio del frente del gobierno en las provinciales y opositor en las nacionales de 90 días después.
En la primera semana desde la postulación, el tránsito por el Senado no tuvo obstáculos pese a las críticas que generó una urgencia injustificada, especialmente frente al significativo proceso reformador de la Constitución para mejorar la calidad institucional. La Cámara baja no pudo explicar cómo integró la Comisión que se hizo cargo de las postulaciones en supuesta representación de la oposición. La minoría optó en ese momento por esperar que la Convención aplique una cláusula transitoria que revoque las nuevas designaciones si se produjeran.
Nada de eso sucedió por lo que este martes desde la oposición se expresó la preocupación por la falta de cobertura de las vacantes. También se advirtió que el procedimiento iniciado en diciembre ha quedado inexorablemente caduco, producto de la reforma de la Constitución. No es el criterio del oficialismo, que ha considerado como una aberración jurídica los fundamentos expuestos por la oposición. Apeló a que el Senado agilice el análisis de los pliegos que tiene demorados en la Comisión de Justicia, Acuerdos y Designaciones.
La diferencia de criterios insinúa un debate que se ha tratado de evitar desde el saencismo, a sabiendas de los reparos que ha generado lo que hasta el momento es un intento por cubrir la totalidad de los cargos en el Colegio de Auditores. Es que de esta forma, no sólo se incumple la ley, sino que se pone en riesgo la independencia que el órgano de control debe tener para poder hacer un seguimiento objetivo del manejo de la cosa pública.
Salta, 16 de marzo de 2022
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