La semana hábil cierra con un cúmulo de datos preocupantes respecto de la situación social. El INDEC dio a conocer el valor de la Canasta Básica y el de la de Alimentos, que marca el límite bajo el cual se abren la pobreza y la indigencia. Y el Gobierno Nacional ratificó que no habrá nuevas altas de planes sociales. Con un clima político enrarecido por la cercanía del acuerdo con el FMI, solo queda esperar un incremento de la protesta callejera.
Opinión18/02/2022
No sorprende pero tener precisiones duras sobre la profundización de la crisis altera el ánimo social. Una familia tipo debe tener ingresos por más de 78 mil pesos para no ser pobre y por encima de los 34 mil, para no caer en la indigencia. Esos son valores promedios para el país; en esta ciudad, los aumentos de precios son mayores y, consecuentemente, también es el valor de esa canasta.
El Instituto de Investigación Social Económica y Política Ciudadana realiza un relevamiento en 250 negocios de la ciudad de Salta y construye el Índice Barrial de Precios. El correspondiente a enero mostró que la Canasta Básica de Alimentos registró un incremento del 5%, cuando en distritos como el AMBA fue de 4 puntos. Más amplia es la diferencia respecto del precio de la Canasta Básica Total. No menos preocupante es la variación por rubro ya que cuando se está demandando mayor calidad en la alimentación; la de las verduras entre diciembre y enero fue de casi 16%, cuando las categorías Almacén o Carnicería tuvieron un ajuste de 4 y de 2 puntos respectivamente.
La referencia es necesaria para tomar el peso de los reclamos de organizaciones sociales que representan a una amplia franja de la población que es beneficiaria de la asistencia social del Estado Nacional. Las protestas que se intensificaron hacia fin del año pasado demandaban el incremento de las mismas, especialmente los aportes que recibe a través del programa Potenciar Trabajo, uno de los 8 que administra la Secretaría de Economía Social.
El ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, expuso el nuevo criterio con el que se va a direccionar la ayuda social. Al señalar que no se sumarán nuevos beneficiarios dijo que el propósito es darle centralidad al trabajo y el proceso de transformación genera alguna tensión.
En 2001 aparecieron formas para enfrentar la crisis con la que se inició este siglo por parte de distintos grupos sociales. Empresas recuperadas por los trabajadores, microemprendimientos familiares, el trueque, ferias populares y compras comunitarias, fueron algunas de ellas. Estas iniciativas se han institucionalizado bajo el paraguas de la economía social.
En el Gobierno Nacional se trabaja con la convicción que es una forma de encarar la actividad económica que no es transitoria porque no solo cubre la falta de fuentes genuinas de empleo. Hay organizaciones que enuncian que la economía social, popular o solidaria –como se la reconoce- se funda en principios que le dan un perfil propio, con nuevas formas de producción, de distribución y consumo de los bienes y servicios, modificando las reglas de la economía de mercado.
Los procesos sociales son complejos y si son impactados por dificultades económicas, como las que atraviesa la Argentina, debe esperarse un incremento de la conflictividad social. El gobierno Provincial deberá prever la contención de quienes lo atraviesan con mayores dificultades.
Salta, 18 de febrero de 2022
Según el INDEC, la economía argentina muestra señales de recuperación; su último registro da cuenta del séptimo mes consecutivo con cifras positivas respecto de 2024. Sin embargo, amplias franjas de actividades dan cuenta de una situación de crisis sin un horizonte claro de crecimiento.
Las mujeres sabemos, por experiencia, lo que cuesta hacerse escuchar. Y por eso mismo, no podemos ni debemos quedarnos calladas cuando lo que está en juego es el derecho de toda una sociedad a estar informada. En un tiempo de transformaciones aceleradas y tensiones crecientes, el valor de la palabra y la responsabilidad de quien la ejerce —ya sea desde el periodismo o desde la política— adquieren una dimensión aún más crucial.
Atravesada la mitad del año, la agenda de los gobernadores se va intensificando. Las dificultades financieras se están acumulando y necesitan respuestas a los reclamos presentados al gobierno nacional.
La semana pasada los gobernadores de todas las provincias argentinas propusieron un proyecto de ley planteando la eliminación de todos los fondos fiduciarios que se financian con el impuesto a los combustibles líquidos para posibilitar que la Nación y las provincias destinen esos fondos de acuerdo a las prioridades de cada una.
Un fuerte clima de tensión política se está instalando en el país a medida que se acerca el último acto electoral del año. La renovación parcial del Congreso anima mensajes y movimientos que apuntan, según los casos, a sostener o mejorar la posición en ambas cámaras.
Muy activo se muestra el Ejecutivo Municipal capitalino interviniendo en la promoción de la actividad económica. Hay datos que justifican ampliamente el esfuerzo fiscal en este tiempo de crisis social.
El Gobernador estuvo presente y acompañó a más de 300 feriantes que llegaron desde más de 30 municipios de la provincia.
La asamblea extraordinaria de SiTEPSa ratificó su pedido, quedó en sesión permanente y supeditó la vuelta a clases tras el receso a un acuerdo salarial.
La Municipalidad lanzará un concurso para transformar la Terminal de Ómnibus en un polo comercial, con fuerte inversión privada desde 2026.
La medida rige para toda la provincia y se debe a las intensas nevadas, temperaturas extremas y problemas de transitabilidad en las rutas.
La medida responde a la necesidad de priorizar el abastecimiento de gas a los hogares ante la creciente demanda por la ola polar. Se estima normalizar el servicio en la medianoche.