La semana pasada, Gustavo Sáenz anunció que decidió otorgar un bono de 20 mil pesos a cada trabajador del Estado, que será pagado en dos cuotas; la primera de ellas se cancelará el 26 de este mes. Pese al esfuerzo que significará al Tesoro Provincial, la medida no fue recibida con entusiasmo sino con resignación; un mes atrás, el anuncio hubiese tenido una mejor acogida pero la inflación ya se llevó una parte de un monto que no es lo que se esperaba, pero es lo que hay. La dirigencia sindical desde entonces quedó obligada a insistir en la fijación de la fecha de paritarias, que se estimaba para este mes pero para la que no hay precisiones.
Apenas efectuado el anuncio del pago de esta asignación extraordinaria, que no quedará incorporada al salario de los trabajadores públicos, se escuchó la queja de los intendentes. En el entendimiento que los empleados de las comunas iban a pretender el mismo beneficio, advirtieron que la mayoría de los municipios no tendrían fondos para pagar el bono.
El Foro que nuclea a los 60 intendentes se reunió de inmediato y se acordó hacer un pedido conjunto de asistencia financiera. La respuesta no demoró y, según la información oficial, el gobernador manifestó la plena voluntad de continuar acompañando, en todos los sentidos, a los municipios que lo necesiten.
Seguramente que las alternativas de la reunión en la que se analizó el brete en el que el mandatario dejó a todos los jefes comunales, trascendieron la cuestión puntual para extenderse al análisis del estado de las finanzas de cada municipio, a la luz de la compleja situación consecuente con la crisis de la administración fiscal nacional. La comunicación sobre el encuentro fue muy escueta y algunos aspectos se reconstruyeron en base a referencias de los participantes.
Se informó que se ratificó una modalidad de trabajo en base a un diálogo constante y a una vinculación estrecha y permanente para concurrir de manera oportuna a la resolución de algunas dificultades. Obviamente se planteó la exigencia de una tarea cuidada y en base a prioridades para contener las demandas sociales de cada localidad salteña.
Varias son las dificultades que se expusieron en el marco del análisis que encabezó el gobernador Sáenz y contó con la asistencia de la mesa directiva del Foro de Intendentes de la provincia. Una de ellas es la oportunidad de la medida habida cuenta que los presupuestos ya han sido aprobados y si bien contemplan un ajuste durante el ejercicio anual, se proyecta en base a la pauta inflacionaria estimada para 2022, que apenas supera el 30%.
Tampoco hay margen para especular sobre un crecimiento más generoso que el calculado; al contrario, la prudencia es una exigencia de la hora. Como ejemplo, vale citar las referencias de la secretaria de Gobierno de la Capital, Frida Fonseca, a los dirigentes de la Intergremial con los que mantuvo una reunión en torno al reclamo del pago del bono. Les aseguró que no hay previsión presupuestaria para cubrir ese gasto y con recursos propios es imposible. Al respecto, encendió una alarma que supera la demanda de los empleados al asegurar que la recaudación de enero no cubrirá las expectativas que genera el primer mes del año.
Si el municipio más grande, que está cerca del autofinanciamiento, necesita de la asistencia provincial para pagar un bono extraordinario a sus trabajadores, el augurio no es prometedor para nadie.
Y con buena predisposición no alcanza.
Salta, 21 de enero de 2022
