Responsabilidad

Opinion 10 de enero de 2022
Con la actividad política centrada en la reorganización interna de cada sector político y la economía expectante en el avance de negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, la emergencia sanitaria exige definiciones ante el crecimiento inusitado de contagios en todo el país. La necesidad de no interrumpir el proceso de reactivación de las distintas actividades, ha puesto en evidencia situaciones que demandan decisiones inmediatas.
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En estas horas se evalúa reducir aún más la cantidad de días de aislamiento para las personas vacunadas asintomáticas y casos estrechos. Cabe recordar que la semana pasada se resolvió que los 10 días que venían aplicándose en esas situaciones bajen a cinco, pero determinadas actividades demandan otras consideraciones. El propio gobierno intenta morigerar la mayor amenaza para el sistema sanitario, que no es que se sature con hospitalizaciones, sino que no haya recurso humano para poder dar respuesta a los pacientes porque médicos y enfermeros están aislados. Es lo que reveló la propia ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, quien anunció que los cuidados con los que trabajan estos profesionales en las guardias se extiendan a otras tareas estratégicas, como las de migraciones y seguridad aeroportuaria.

Asimismo, la autoridad sanitaria y el gabinete económico deberán resolver el planteo empresarial-sindical respecto del impacto del crecimiento exponencial de casos de Coronavirus en la actividad de los distintos sectores, especialmente del industrial con procesos continuos, que exigen mano de obra especializada. El tema fue abordado en la reunión que empresarios y sindicalistas mantuvieron con el gobierno en el que abordaron la posibilidad de imponer un pase sanitario laboral obligatorio para evitar que las cadenas de producción se frenen. Se trata de una exigencia a aplicar para aquellos trabajadores que no estén vacunados a fin que no puedan ingresar a sus puestos de trabajo.

Esa definición es seguida con interés por los gobiernos provinciales. Según trascendió de la reunión que el jueves se realizó en el Palacio de Hacienda, el Gobierno Nacional no quiere hacerse cargo de fijar restricciones o pases sanitarios obligatorios en ámbitos laborales y prefiere que tal determinación quede a criterio de cada provincia de acuerdo a los niveles de contagio que vayan apareciendo. En principio, se integraría una Mesa de Trabajo específica por el avance del Covid con empresarios y gremios pero no existe la intención de alterar la práctica de que las medidas adicionales a las que se recomienda desde la Nación sean establecidas por los gobernadores, conforme a la situación epidemiológica en su territorio.

Antonio Caló, secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica, anticipó que la opinión sindical mayoritaria se inclina a disponer que el que no esté vacunado que se quede en la casa y no entre al puesto laboral. El objetivo es poner un freno a los contagios para no interrumpir los procesos de producción.

No parece que todo el espinel gremial coincida con esa posición. Dirigentes de sindicatos municipales de la Capital tienen otra mirada. Es el caso de la Unión de Trabajadores Municipales, que solicitó suspender la atención presencial en las dependencias de la comuna, para velar por la salud de los trabajadores y sus familias. Se sumó Simusa que también pidió que se suspendan las tareas diarias “hasta que se garantice la salud de los empleados”.

La Provincia viene informando diariamente de un número elevado de casos, por encima de los tres mil por día en el pasado fin de semana, pero el criterio de la dirigencia municipal llevaría a una paralización en pleno desarrollo de la temporada turística. Si la contribución de este tipo de referentes sociales es restar el compromiso de un sector laboral, sin contraprestación aun tratándose de servidores públicos, no demuestra responsabilidad social y va en sentido contrario al esfuerzo que los trabajadores realizan, especialmente los del sector privado. 

Salta, 10 de enero de 2022

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