La reforma constitucional fue propuesta por el Ejecutivo Provincial con el fin de limitar los mandatos de funciones electivas y de funcionarios designados para la tarea judicial y de control público. El proceso, como corresponde según la normativa vigente, se inició con la declaración de la necesidad de la reforma lo que se dispuso a través de la ley 8.239, sancionada en febrero de 2021.
El resto contó con la participación ciudadana que tomó distancia mediante el voto en blanco, que en agosto pasado fue la categoría que lo recogió en mayor número pero no impidió que el pronunciamiento derivara en la selección de convencionales, mediante una representatividad similar a la de los diputados. Desde ese momento se discutió políticamente lo que ya se había planteado ante la Justicia antes de realizar los correspondientes comicios: si la soberanía del cuerpo que se estaba integrando debía ajustarse a lo puntualizado en la ley o avanzar en materias no precisadas.
La pulseada se resolvió por el número y decididamente se avanzó en determinar la posibilidad de dos mandatos continuos, un intervalo vacío de un mandato y volver a comenzar con la sucesión de ocho años, interrupción dos mandatos de cuatro y así hasta que la fuerza de la naturaleza termine con esa continuidad sin fin o el voto popular acomode las cargas de otra manera. Ello así para el caso de diputados y senadores, también para los miembros de los Ejecutivos Provincial y Municipales y el de los concejales, para los que se resolvió ampliar a cuatro, duplicando el actual mandato.
Un capítulo especial merece el caso de los miembros de la Corte de Justicia, para los que se aprobó un mandato de 10 años sin retorno y el de los de la Auditoría General de la Provincia, que durarán ocho años en sus funciones no pudiendo ser designados nuevamente. El subrayado obedece a la discusión que precedió al debate de la cuestión, en la que se habló de perpetuidad en el primer caso y de la selección mediante mecanismos que excluyan la intervención política en la nominación de los auditores. Y nada de eso sucedió.
Aunque pareciera que hubo más ruido que nueces en realidad todos tuvieron que entregar parte de sus demandas, aun cuando es probable que esa cesión sea el caldo de cultivo de interpretaciones posteriores, que alejen los resultados de los objetivos discutidos. En el camino quedaron las pretensiones de máxima como que no haya reelección de gobernador y vice, si hay una sola reelección que no haya regreso posible y que la participación ciudadana no sea voluntaria sino canalizada a través de organizaciones especializadas. Otros reclamos que parecían innegociables tuvieron un destino predecible; un caso es el de las cláusulas transitorias, especialmente la que debía señalar que el actual es el primero de dos mandatos a los que puede aspirar el gobernador Gustavo Sáenz.
La sustentabilidad exigible para la creación de municipios se aplicó como barrera para cualquier intención secesionista como camino a soluciones de problemas desatendidos en el interior del territorio, solo contó con el voto oficialista y los de la oposición no alcanzaron para que la elección de los jueces de Corte se haga por concurso público. Pero ambos sectores fueron juntos para frenar el nepotismo.
Y así, todo terminó sin pena ni gloria.
Salta, 20 de diciembre de 2021
