Tras noventa días de trabajo, la Convención logró su cometido de modificar parcialmente la Constitución provincial. Durante esta semana será jurada por todos aquellos que llevan adelante su gestión con esa exigencia y se sumarán luego los ciudadanos comunes. Casi todos sintieron que tuvieron logros pero que también cedieron en sus pretensiones.
Opinión20/12/2021
La reforma constitucional fue propuesta por el Ejecutivo Provincial con el fin de limitar los mandatos de funciones electivas y de funcionarios designados para la tarea judicial y de control público. El proceso, como corresponde según la normativa vigente, se inició con la declaración de la necesidad de la reforma lo que se dispuso a través de la ley 8.239, sancionada en febrero de 2021.
El resto contó con la participación ciudadana que tomó distancia mediante el voto en blanco, que en agosto pasado fue la categoría que lo recogió en mayor número pero no impidió que el pronunciamiento derivara en la selección de convencionales, mediante una representatividad similar a la de los diputados. Desde ese momento se discutió políticamente lo que ya se había planteado ante la Justicia antes de realizar los correspondientes comicios: si la soberanía del cuerpo que se estaba integrando debía ajustarse a lo puntualizado en la ley o avanzar en materias no precisadas.
La pulseada se resolvió por el número y decididamente se avanzó en determinar la posibilidad de dos mandatos continuos, un intervalo vacío de un mandato y volver a comenzar con la sucesión de ocho años, interrupción dos mandatos de cuatro y así hasta que la fuerza de la naturaleza termine con esa continuidad sin fin o el voto popular acomode las cargas de otra manera. Ello así para el caso de diputados y senadores, también para los miembros de los Ejecutivos Provincial y Municipales y el de los concejales, para los que se resolvió ampliar a cuatro, duplicando el actual mandato.
Un capítulo especial merece el caso de los miembros de la Corte de Justicia, para los que se aprobó un mandato de 10 años sin retorno y el de los de la Auditoría General de la Provincia, que durarán ocho años en sus funciones no pudiendo ser designados nuevamente. El subrayado obedece a la discusión que precedió al debate de la cuestión, en la que se habló de perpetuidad en el primer caso y de la selección mediante mecanismos que excluyan la intervención política en la nominación de los auditores. Y nada de eso sucedió.
Aunque pareciera que hubo más ruido que nueces en realidad todos tuvieron que entregar parte de sus demandas, aun cuando es probable que esa cesión sea el caldo de cultivo de interpretaciones posteriores, que alejen los resultados de los objetivos discutidos. En el camino quedaron las pretensiones de máxima como que no haya reelección de gobernador y vice, si hay una sola reelección que no haya regreso posible y que la participación ciudadana no sea voluntaria sino canalizada a través de organizaciones especializadas. Otros reclamos que parecían innegociables tuvieron un destino predecible; un caso es el de las cláusulas transitorias, especialmente la que debía señalar que el actual es el primero de dos mandatos a los que puede aspirar el gobernador Gustavo Sáenz.
La sustentabilidad exigible para la creación de municipios se aplicó como barrera para cualquier intención secesionista como camino a soluciones de problemas desatendidos en el interior del territorio, solo contó con el voto oficialista y los de la oposición no alcanzaron para que la elección de los jueces de Corte se haga por concurso público. Pero ambos sectores fueron juntos para frenar el nepotismo.
Y así, todo terminó sin pena ni gloria.
Salta, 20 de diciembre de 2021
Cierra una semana en la que el protagonismo de los gobernadores tomó cuerpo. Mientras el gobierno nacional mantiene abiertas las puertas de la Casa Rosada al diálogo con los mandatarios provinciales, desde el sector privado también se demandó de ellos definiciones sustanciales para su sostenimiento.
Con puntualidad se están encarando las acciones propias del cierre del año. Las prórrogas de emergencias vigentes en la Provincia han comenzado a tratarse en la Legislatura como sucede, en algunos casos, desde hace tres décadas.
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Un año electoral intenso alcanzó sus objetivos generales de reforma legislativa pero también dejó datos sobre la política que la dirigencia del sector no debe ignorar. Debe trabajar para mejorar el vínculo con la sociedad, dado que es un elemento fundamental para la consolidación de la democracia.
La falta de federalismo que caracteriza al sistema institucional argentino ha tenido este martes una nueva manifestación. El Ejecutivo nacional dispuso desregular las cuotas que se pagan en los colegios privados sin advertir que se trata de decisiones que cada provincia asume como responsable de los ciclos de educación obligatoria.
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El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, espera el resultado de la reunión entre Sáenz y Santilli para definir si sus cuatro diputados rompen el bloque peronista y se unen a una nueva bancada federal.
La universidad confirmó que Federico Colombo Speroni reemplazará a Rodolfo Gallo Cornejo al frente del Rectorado.
El Senado salteño dio sanción definitiva al nuevo Código que regirá en la provincia. Aseguraron los legisladores que dotará de mayor celeridad y transparencia a la Justicia penal.
El ministro del Interior se reunirá hoy con Alfredo Cornejo y mañana con Rolando Figueroa. Busca acordar con gobernadores el Presupuesto y reformas clave antes del debate en el Congreso.