Palabra

Es lo que ha comenzado a trascender y fue reconocido por voceros de los distintos bloques políticos. Conocido es que la actividad de los seis grupos de trabajo es cerrada y de ella se conoce la versión oficial de lo que interesa informar.

De manifestaciones a la prensa se puede confirmar que, efectivamente, está ocurriendo lo que la convencional Pamela Calletti había señalado en el arranque de la tarea. La voluntad acuerdista del oficialismo sucumbe ante la tenacidad con la que la oposición defiende posiciones y podría conducir a la aplicación de la aplastante mayoría del sector que responde al gobernador Gustavo Sáenz.

Debe destacarse el trabajo que vienen llevando adelante los miembros de la Convención, que discuten en el seno de cada bloque y en el marco de las comisiones. Los puntos polémicos siguen siéndolo aunque se han logrado acercamientos, según los anticipos realizados. El problema radica, en algunos casos, en la falta de coherencia entre el discurso y las acciones que se van desarrollando sobre el filo del fin de año.

Es así que la voluntad de consenso que se dice sostener en la Convención, lo es en tanto y cuanto se acepte la posición mayoritaria. También la oposición expone una actitud similar y se resiste a abandonar sus convicciones en negociaciones que facilitarían los acuerdos en puntos intermedios. Es que la naturaleza de una reforma constitucional exigía un acuerdo social construido previamente para dejar a la Convención el trabajo de volcar las coincidencias en el texto constitucional.

La que se está realizando no es una propuesta social y de allí que las exposiciones de los expertos realizadas ante las comisiones y las propuestas de cada sector con representación en la Convención, necesitan de un mayor esfuerzo para superar los disensos. En el breve lapso que resta para alcanzar el cometido, se supo que el esfuerzo del oficialismo está puesto en obligar a la oposición a que se centre en los puntos expresamente planteados en la ley que declara la necesidad de la reforma y no dilate las definiciones en discusiones que a esta altura pueden resultar estériles.

Como ejemplo vale citar el debate en torno a las cláusulas transitorias, como la que se pretende imponer determinando que el actual es el primer período a considerar para los dos que se aprobarían para el Gobernador. Sin otros fundamentos que aceptar un compromiso del actual mandatario, el oficialismo ha estrechado filas y ofrece un juramento de Gustavo Sáenz al momento de consagrar su sumisión a la Constitución reformada.

En otro contexto sería válida la prédica del vicegobernador y presidente de la Convención Constituyente, Antonio Marocco, de tomar como garantía la palabra dada. Cuando son los políticos los que piden que se exprese en el texto la limitación en el punto de partida de la repetición de mandato, no se puede confiar en que ello quede supeditado a la calidad moral de quienes estarán ante esa opción. Ya hay una historia escrita por quien no trepidó en reformar la Constitución para correr límites y por aquel que le trasladó al pueblo la decisión de que él tuvo que agotar los períodos permitidos, cuando había prometido que no lo haría. 

Lamentablemente, la palabra  no es una categoría ética de la política.

Salta, 09 de diciembre de 2021