A una semana del plenario en el que la Convención Constituyente tratará los dictámenes de comisión sobre los puntos propuestos para la reforma, se intensifica la tarea porque no hay aún los suficientes consensos. La política desconfía de los políticos y mucha disidencia radica en la necesidad de atornillar decisiones con cláusulas escritas.
Opinión09/12/2021
Es lo que ha comenzado a trascender y fue reconocido por voceros de los distintos bloques políticos. Conocido es que la actividad de los seis grupos de trabajo es cerrada y de ella se conoce la versión oficial de lo que interesa informar.
De manifestaciones a la prensa se puede confirmar que, efectivamente, está ocurriendo lo que la convencional Pamela Calletti había señalado en el arranque de la tarea. La voluntad acuerdista del oficialismo sucumbe ante la tenacidad con la que la oposición defiende posiciones y podría conducir a la aplicación de la aplastante mayoría del sector que responde al gobernador Gustavo Sáenz.
Debe destacarse el trabajo que vienen llevando adelante los miembros de la Convención, que discuten en el seno de cada bloque y en el marco de las comisiones. Los puntos polémicos siguen siéndolo aunque se han logrado acercamientos, según los anticipos realizados. El problema radica, en algunos casos, en la falta de coherencia entre el discurso y las acciones que se van desarrollando sobre el filo del fin de año.
Es así que la voluntad de consenso que se dice sostener en la Convención, lo es en tanto y cuanto se acepte la posición mayoritaria. También la oposición expone una actitud similar y se resiste a abandonar sus convicciones en negociaciones que facilitarían los acuerdos en puntos intermedios. Es que la naturaleza de una reforma constitucional exigía un acuerdo social construido previamente para dejar a la Convención el trabajo de volcar las coincidencias en el texto constitucional.
La que se está realizando no es una propuesta social y de allí que las exposiciones de los expertos realizadas ante las comisiones y las propuestas de cada sector con representación en la Convención, necesitan de un mayor esfuerzo para superar los disensos. En el breve lapso que resta para alcanzar el cometido, se supo que el esfuerzo del oficialismo está puesto en obligar a la oposición a que se centre en los puntos expresamente planteados en la ley que declara la necesidad de la reforma y no dilate las definiciones en discusiones que a esta altura pueden resultar estériles.
Como ejemplo vale citar el debate en torno a las cláusulas transitorias, como la que se pretende imponer determinando que el actual es el primer período a considerar para los dos que se aprobarían para el Gobernador. Sin otros fundamentos que aceptar un compromiso del actual mandatario, el oficialismo ha estrechado filas y ofrece un juramento de Gustavo Sáenz al momento de consagrar su sumisión a la Constitución reformada.
En otro contexto sería válida la prédica del vicegobernador y presidente de la Convención Constituyente, Antonio Marocco, de tomar como garantía la palabra dada. Cuando son los políticos los que piden que se exprese en el texto la limitación en el punto de partida de la repetición de mandato, no se puede confiar en que ello quede supeditado a la calidad moral de quienes estarán ante esa opción. Ya hay una historia escrita por quien no trepidó en reformar la Constitución para correr límites y por aquel que le trasladó al pueblo la decisión de que él tuvo que agotar los períodos permitidos, cuando había prometido que no lo haría.
Lamentablemente, la palabra no es una categoría ética de la política.
Salta, 09 de diciembre de 2021
Las dos sesiones legislativas de esta semana son las últimas de la actual composición de ambas cámaras provinciales. El lunes 24 asumirán diputados y senadores electos en mayo y darán continuidad a un período ordinario que cerrará el 30 de diciembre.
La nueva Ley de Ministerios marca un giro en la gestión de Gustavo Sáenz: por primera vez delega la conducción operativa en una Jefatura de Gabinete fuerte, mientras concentra su rol en lo estratégico.
Sobre el cierre del año se mantienen agendas paralelas entre el gobierno y la sociedad. Para esta, las cuestiones económicas son prioritarias y urgentes; el Ejecutivo, en cambio, está inmerso en un nuevo ordenamiento político que le permita dar respuestas a las demandas sociales.
La semana pasada hice referencia a uno de los proyectos de ley que el gobierno ha señalado como prioritario, la flexibilización laboral, llamada por el gobierno y sus aliados como “modernización laboral”
Cierra una semana en la que el protagonismo de los gobernadores tomó cuerpo. Mientras el gobierno nacional mantiene abiertas las puertas de la Casa Rosada al diálogo con los mandatarios provinciales, desde el sector privado también se demandó de ellos definiciones sustanciales para su sostenimiento.
Con puntualidad se están encarando las acciones propias del cierre del año. Las prórrogas de emergencias vigentes en la Provincia han comenzado a tratarse en la Legislatura como sucede, en algunos casos, desde hace tres décadas.
Los cruces provisionales de octavos de final enfrentan a Boca con Sarmiento y, en un duelo caliente, a Unión con River. La Liga Profesional también confirmó que la final será el 13 de diciembre en el Estadio Madre de Ciudades.
El ministro salteño pidió conformar un bloque que defienda a las provincias frente a los polos políticos nacionales. “Es necesario que haya voces que expresen los intereses provinciales”, afirmó.
El clásico de playoffs del Torneo Clausura entre Racing y River Plate tendrá público en el Cilindro de Avellaneda. La noticia se confirmó tras la decisión de APREVIDE de levantar la sanción y clausura del Estadio Presidente Perón.
Ingresó a Legislatura el proyecto de ley que reorganiza la estructura del Poder Ejecutivo provincial. Se formaliza la figura de la Jefatura de Gabinete de Ministros, con rango de ministro. Se fija un máximo de 30 Secretarías de Estado, entre otros puntos.
La denuncia presentada por el cardiólogo Edmundo Falú reveló el uso indebido de su firma en prestaciones que nunca autorizó, y la auditoría detectó posibles irregularidades en varias clínicas.