Un ambiguo mensaje está transmitiendo el saencismo respecto del control público. Mientras en el marco de la Convención Constituyente hay múltiples propuestas, a 17 días del fin de su cometido se apuran en la Legislatura a cubrir las dos vacantes existentes en la Auditoría General de la Provincia.
Opinión 03/12/2021
La semana cierra con críticas desde la oposición respecto de la postulación de dos profesionales para integrar el organismo de control, uno de los cuales va por su segundo mandato. En la sesión de este jueves, el Senado dio ingreso al acta de la Comisión de Auditoría de la Cámara de Diputados postulando a Elsa Pereyra Maidana y Marco Segura Alzogaray, para ocupar espacios que constitucionalmente corresponden a la oposición. Ninguno de estos postulantes fue propuesto por los bloques de esa vereda política.
Hilando fino, la oposición en todo este proceso fue un convidado de piedra pues la Comisión de Auditoría está integrada por diputados oficialistas, más allá de algún mote partidario que se permita jugar a dos bandas. La postulación apuró el proceso de integración del estratégico grupo de trabajo, renovado al calor de la reforma legislativa que surgió de las elecciones provinciales de agosto, en las que el nombre del gobernador Gustavo Sáenz fue usado por dos alianzas que, en la sumatoria de votos, aseguró una hegemónica posición del mandatario en ambas cámaras.
La postulación de Pereyra Maidana, una fracasada postulante a la Cámara de Diputados de la Nación en las elecciones de noviembre por un frente provincial y funcionaria del gobierno de Sáenz y Segura Alzogaray, que llegó a la Auditoría de la mano del Partido de la Victoria en 2016 pero en estas circunstancias perdió ese aval a manos del abogado Juan Pablo Marcó, dejó en evidencia que es el oficialismo el que decide quién es oposición y elige quién va a a ser su controlante.
Ello ocurrió de manera simultánea al avance de la tarea de la Comisión de Organismos de Control de la Convención, que ya analizó los proyectos de reforma del artículo 169 de la Constitución Provincial, sobre la composición de la Auditoría General y el método de designación de sus miembros, presentados por los distintos bloques políticos. La intención es dictaminar la próxima semana, atento a que ya escucharon voces enjundiosas de los especialistas.
No pareciera difícil el consenso ya que la discusión discurre por la cantidad de miembros de la Auditoría –de los 5 actuales a 7 ó 9-; de la profesión exigible - contadores, abogados e ingenieros informáticos-; con mandato por 4 a 10 años; con o sin posibilidad de reelección y con la participación –o no- de un jurado técnico en la selección de candidatos. En la variedad de propuestas en análisis se considera hasta la contratación de auditorías privadas a nivel internacional. Disponer la participación de la oposición es casi un dato menor si se tiene en cuenta que la relatividad de la política convierte a un opositor en oficialista y viceversa , sin generar conmoción alguna.
El avasallamiento de las minorías parlamentarias fue advertido desde la oposición luego de su exclusión a la hora de elegir autoridades legislativas. Pero toma otro cariz cuando se señala que si ambas postulaciones prosperan en el Senado, se habrá impuesto una mayoría oficialista en un órgano creado para controlar al poder en función de gobierno.
Se trata en sí misma de una decisión autoritaria, consecuente con la mayoría aplastante que el oficialismo logró en las urnas por la crisis terminal que afecta al sistema de partidos políticos. Una comisión de seis miembros, cuatro de los cuales son saencista confesos, tienen en sus manos la definición del control público por los próximos cinco años.
Y no es bueno.
Salta, 03 de diciembre de 2021
Haciéndome eco de los planteos realizados por el Consejo Interuniversitario Nacional, organismo en el que participan todas las universidades públicas nacionales, quiero compartir algunas reflexiones acerca de la delicada situación que se vive en las altas casas de estudios a raíz de las decisiones políticas del actual gobierno nacional.
Con dengue pero sin prevención, sin repelente, sin políticas proactivas ni comunicación preventiva.
No cierra bien la novena semana del nuevo gobierno nacional. La conducción económica dice que todo lo planeado está ocurriendo pero las provincias denuncian retrocesos significativos en sus economías. Los vínculos entre la Presidencia y los gobernadores están resentidos; con el Congreso, tampoco son buenos.
Avanza la organización de la asamblea de gobernadores del Norte Grande. Se efectuará el próximo martes en Salta y su objetivo, en principio, es revitalizar la acción coordinada de la región para efectuar sus planteos ante el Ejecutivo Nacional.
La semana hábil corta que se inicia mañana, cerrará con un hecho muy importante en la Provincia.
En la misma medida que se acortan los plazos se intensifican las negociaciones para ordenar las relaciones entre Nación y Provincias, en base a vínculos razonables. La ley de Bases es la plataforma para definir el Pacto de Mayo que configurará el marco político de los próximos cuatro años.
En un encuentro con sectores del turismo, de la que participaron el ministro del Interior, Guillermo Francos y el secretario de Turismo, Daniel Scioli, acordaron rebajas del 30% en pasajes de larga distancia y del 20% en hotelería.
El exgobernador salteño se defendió de las acusaciones por los créditos tomados durante su administración. “Tiene que ver con un relato, auspiciado por los Romero, que olvidan que dejaron una provincia fundida”, gatilló.
El Municipio evalúa alternativas para no rescindir el contrato con Detectra y evitar mayor gasto a los salteños.
Luego de una votación relámpago, el senador salteño cobrará más de $4 millones por mes. “Es cosa de locos”, lanzó.
El gobernador Sáenz encabezó la firma de convenio por el que se modernizarán y homogeneizarán las rendiciones de cuentas de los presupuestos municipales. Además el mandatario anunció que enviará una ley de Responsabilidad de Administración Financiera.