Avasallamiento

Opinion 03 de diciembre de 2021
Un ambiguo mensaje está transmitiendo el saencismo respecto del control público. Mientras en el marco de la Convención Constituyente hay múltiples propuestas, a 17 días del fin de su cometido se apuran en la Legislatura a cubrir las dos vacantes existentes en la Auditoría General de la Provincia.
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La semana cierra con críticas desde la oposición respecto de la postulación de dos profesionales para integrar el organismo de control, uno de los cuales va por su segundo mandato. En la sesión de este jueves, el Senado dio ingreso al acta de la Comisión de Auditoría de la Cámara de Diputados postulando a Elsa Pereyra Maidana y Marco Segura Alzogaray, para ocupar espacios que constitucionalmente corresponden a la oposición. Ninguno de estos postulantes fue propuesto por los bloques de esa vereda política.

Hilando fino, la oposición en todo este proceso fue un convidado de piedra pues la Comisión de Auditoría está integrada por diputados oficialistas, más allá de algún mote partidario que se permita jugar a dos bandas. La postulación apuró el proceso de integración del estratégico grupo de trabajo, renovado al calor de la reforma legislativa que surgió de las elecciones provinciales de agosto, en las que el nombre del gobernador Gustavo Sáenz fue usado por dos alianzas que, en la sumatoria de votos, aseguró una hegemónica posición del mandatario en ambas cámaras.

La postulación de Pereyra Maidana, una fracasada postulante a la Cámara de Diputados de la Nación en las elecciones de noviembre por un frente provincial y funcionaria del gobierno de Sáenz y Segura Alzogaray, que llegó a la Auditoría de la mano del Partido de la Victoria en 2016 pero en estas circunstancias perdió ese aval a manos del abogado Juan Pablo Marcó, dejó en evidencia que es el oficialismo el que decide quién es oposición y elige quién va a a ser su controlante.

Ello ocurrió de manera simultánea al avance de la tarea de la Comisión de Organismos de Control de la Convención, que ya analizó los proyectos de reforma del artículo 169 de la Constitución Provincial, sobre la composición de la Auditoría General y el método de designación de sus miembros, presentados por los distintos bloques políticos. La intención es dictaminar la próxima semana, atento a que ya escucharon voces enjundiosas de los especialistas.

No pareciera difícil el consenso ya que la discusión discurre por la cantidad de miembros de la Auditoría –de los 5 actuales a 7 ó 9-; de la profesión exigible - contadores, abogados e ingenieros informáticos-; con mandato por 4 a 10 años; con o sin posibilidad de reelección y con la participación –o no- de un jurado técnico en la selección de candidatos. En la variedad de propuestas en análisis se considera hasta la contratación de auditorías privadas a nivel internacional. Disponer la participación de la oposición es casi un dato menor si se tiene en cuenta que la relatividad de la política convierte a un opositor en oficialista y viceversa , sin generar conmoción alguna.  

El avasallamiento de las minorías parlamentarias fue advertido desde la oposición luego de su exclusión a la hora de elegir autoridades legislativas. Pero toma otro cariz cuando se señala que si ambas postulaciones prosperan en el Senado, se habrá impuesto una mayoría oficialista en un órgano creado para controlar al poder en función de gobierno.

Se trata en sí misma de una decisión autoritaria, consecuente con la mayoría aplastante que el oficialismo logró en las urnas por la crisis terminal que afecta al sistema de partidos políticos. Una comisión de seis miembros, cuatro de los cuales son saencista confesos, tienen en sus manos la definición del control público por los próximos cinco años.

Y no es bueno.

Salta, 03 de diciembre de 2021

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