Tras 31 años y 8 meses, el oficialismo de turno aceptó que la normativa de emergencia económica debe ser actualizada, adaptada a la realidad del Siglo XXI. De todas maneras, la Cámara de Diputados dio media sanción a la prórroga de dicha ley, un clásico de cada noviembre cuando -sin tiempo para un análisis prolijo- ingresa el pedido del Poder Ejecutivo.
Opinión17/11/2021
En el Acta de Labor Parlamentaria de la última sesión se incluyó el Proyecto de Ley proponiendo prorrogar desde su vencimiento y por el término de un año, la vigencia de la ley 6.583, de 1990, que impone la emergencia económica y administrativa en la Provincia y de la Ley 7125, de adhesión la Nacional 25.344, de enero de 2001.
En 1990 gobernaba el justicialista Hernán Cornejo, no había transferencia de partidas, la recaudación era casi nula y apenas se podían pagar algunos sueldos a los trabajadores públicos por lo que se incautaron depósitos del Banco Provincial y a los depositantes le dieron bonos, tal como recordara este martes el olmedista Carlos Zapata.
Entre esa situación y la actual hay diferencias marcadas como las hubo durante la gobernación del renovador Roberto Augusto Ulloa, los tres mandatos de Juan Carlos Romero y los tres de su sucesor Juan Manuel Urtubey, ambos peronistas. Sin embargo, se sucedieron las prórrogas anuales, como si ningún mandatario tuviese la capacidad de revertir el estado de emergencia.
En la sesión de ayer, tanto el oficialismo como la oposición reconocieron que se trata de una normativa que se incumple. La emergencia de Cornejo disponía en su primer artículo la suspensión del otorgamiento de subsidios, a menos que se trate de una asistencia esencial. Sin embargo, en más de tres décadas se extendieron con escasas restricciones, como el caso de los 5 millones de pesos que Urtubey entregó al Auto Club Salta, cuando organizaba onerosas carreras de Top Race y que se repitió en julio de 2019, por un millón y medio de pesos.
El superávit fiscal que el gobierno de Gustavo Sáenz declaró en 2020, no evitó la prórroga de ese año ni la que está a punto de disponerse este 2021. Desde el oficialismo se marcó la necesidad dar al Gobierno la capacidad de respuestas rápidas en determinadas circunstancias, como la de la pandemia de Coronavirus pero la oposición consideró que libera al Estado del cumplimiento de obligaciones y se suman poderes extraordinarios al Ejecutivo, para que los ejerza con discrecionalidad, sin posibilidades de control.
Con este diagnóstico se llegó a dos coincidencias entre oficialismo y oposición. Una de ellas indica que la emergencia se mantiene para frenar la ejecución de sentencias en juicios contra la Provincia, que permite acuerdos favorables al Estado pero que constituyen despojos a los privados que litigaron en recuperación de sus derechos.
La otra coincidencia es la necesidad de actualizar la ley de emergencia para adecuarla a los tiempos actuales, con otras exigencias. No solo es una norma inoficiosa y arbitraria sino que desactualizada, al punto que contempla un plan de emergencia del empleo, cuyos valores de contratación ejecución no deben superar los 10 mil pesos. Quedó formalizada la propuesta de integrar una mesa entre las cámaras legislativas y el Ejecutivo para acordar los términos de una nueva ley.
La preservación de una incipiente recuperación económica lo merece.
Salta, 17 de noviembre de 2021
Para una provincia que lleva más de medio siglo trabajando en una integración regional con sus vecinos de esta parte del continente, este sábado será un día de grandes expectativas. En Asunción del Paraguay se firmará el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, conformando un mercado de más de 700 millones de consumidores.
Apenas iniciado un nuevo año, la atención ciudadana se está centrando en la compleja situación económica que anticipa un 2026 difícil. Así se ha reconocido desde la Unión Industrial de Salta, sector que no registra cierre de empresas pero sí pérdidas de puestos de trabajo. También desde la Cámara PYME hay advertencias sobre severas dificultades en el sector.
El gobierno nacional celebró la inflación de 2025, pero es un porcentaje que el resto del mundo no va a aplaudir. Los argentinos pueden entender la satisfacción de una administración que, desde su inicio, se impuso el objetivo de dominar un elemento limitante y pernicioso. Pero no cabe un exceso de entusiasmo.
Se aguarda el decreto de convocatoria a sesiones extraordinarias, mientras avanzan las negociaciones sobre el proyecto de reforma laboral. En tanto, se van sumando propuestas para tratar en el período que sólo puede extenderse hasta el último día de febrero, alertando a distintos sectores sobre las problemáticas que abordan.
Si bien la mayor parte de las familias argentinas no saldrá de vacaciones, los centros turísticos del país están visualizando una temporada de verano con mejores perspectivas que las proyectadas. El norte del país informa de una consolidación de la región como destino importante, abandonando definitivamente la creencia que no es atractiva cuando las temperaturas se elevan.
Aunque tiene dictamen de mayoría, no pareciera que la ley de modernización laboral tenga allanado el camino a su sanción. De allí que varios gobernadores aguardan la visita de uno de los negociadores designados por el presidente Javier Milei para ganar voluntades, por ahora insuficientes.
El Juzgado de Garantías N° 4 de Salta elevó a juicio la causa contra 19 sindicalistas y empleados por el bloqueo al Hotel Provincial Plaza ocurrido en 2021.
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A partir de las 21:00 de hoy, el barrio Castañares inaugura su tradicional Corso Infanto-Juvenil, un espacio donde los más chicos son los verdaderos protagonistas.
La fábrica Hilados SA, ubicada en la localidad tucumana de Los Gutiérrez, anunció la suspensión de su plantilla hasta el 28 de febrero con una reducción salarial del 30%.