Tras 31 años y 8 meses, el oficialismo de turno aceptó que la normativa de emergencia económica debe ser actualizada, adaptada a la realidad del Siglo XXI. De todas maneras, la Cámara de Diputados dio media sanción a la prórroga de dicha ley, un clásico de cada noviembre cuando -sin tiempo para un análisis prolijo- ingresa el pedido del Poder Ejecutivo.
Opinión17/11/2021
En el Acta de Labor Parlamentaria de la última sesión se incluyó el Proyecto de Ley proponiendo prorrogar desde su vencimiento y por el término de un año, la vigencia de la ley 6.583, de 1990, que impone la emergencia económica y administrativa en la Provincia y de la Ley 7125, de adhesión la Nacional 25.344, de enero de 2001.
En 1990 gobernaba el justicialista Hernán Cornejo, no había transferencia de partidas, la recaudación era casi nula y apenas se podían pagar algunos sueldos a los trabajadores públicos por lo que se incautaron depósitos del Banco Provincial y a los depositantes le dieron bonos, tal como recordara este martes el olmedista Carlos Zapata.
Entre esa situación y la actual hay diferencias marcadas como las hubo durante la gobernación del renovador Roberto Augusto Ulloa, los tres mandatos de Juan Carlos Romero y los tres de su sucesor Juan Manuel Urtubey, ambos peronistas. Sin embargo, se sucedieron las prórrogas anuales, como si ningún mandatario tuviese la capacidad de revertir el estado de emergencia.
En la sesión de ayer, tanto el oficialismo como la oposición reconocieron que se trata de una normativa que se incumple. La emergencia de Cornejo disponía en su primer artículo la suspensión del otorgamiento de subsidios, a menos que se trate de una asistencia esencial. Sin embargo, en más de tres décadas se extendieron con escasas restricciones, como el caso de los 5 millones de pesos que Urtubey entregó al Auto Club Salta, cuando organizaba onerosas carreras de Top Race y que se repitió en julio de 2019, por un millón y medio de pesos.
El superávit fiscal que el gobierno de Gustavo Sáenz declaró en 2020, no evitó la prórroga de ese año ni la que está a punto de disponerse este 2021. Desde el oficialismo se marcó la necesidad dar al Gobierno la capacidad de respuestas rápidas en determinadas circunstancias, como la de la pandemia de Coronavirus pero la oposición consideró que libera al Estado del cumplimiento de obligaciones y se suman poderes extraordinarios al Ejecutivo, para que los ejerza con discrecionalidad, sin posibilidades de control.
Con este diagnóstico se llegó a dos coincidencias entre oficialismo y oposición. Una de ellas indica que la emergencia se mantiene para frenar la ejecución de sentencias en juicios contra la Provincia, que permite acuerdos favorables al Estado pero que constituyen despojos a los privados que litigaron en recuperación de sus derechos.
La otra coincidencia es la necesidad de actualizar la ley de emergencia para adecuarla a los tiempos actuales, con otras exigencias. No solo es una norma inoficiosa y arbitraria sino que desactualizada, al punto que contempla un plan de emergencia del empleo, cuyos valores de contratación ejecución no deben superar los 10 mil pesos. Quedó formalizada la propuesta de integrar una mesa entre las cámaras legislativas y el Ejecutivo para acordar los términos de una nueva ley.
La preservación de una incipiente recuperación económica lo merece.
Salta, 17 de noviembre de 2021
La decisión de desfinanciar mediciones oficiales vuelve a abrir un debate de fondo: sin estadísticas confiables no hay políticas públicas ni desarrollo posible.
Crujió la estructura institucional pero el debate legislativo puso de relieve el origen de los ruidos, tanto a nivel provincial como nacional. En el primer caso fue durante el tratamiento de sendos proyectos que aprueban acuerdos entre Salta y Catamarca, destinados a salvar dificultades generadas en diferencias limítrofes. En el Congreso, Diputados postergó la votación de un proyecto de ley básico para atornillar principios que sostiene la política libertaria.
Nunca es deseable que la Justicia se involucre en la vida de las personas y las familias. A menos, claro, que se trate de casos extremos en los que efectivamente se precise un arbitraje judicial para resolver un conflicto que no encuentra salida por otra vía.
El dinamismo aplastante de la política abre dos planos fundamentales este jueves de diciembre. La media sanción de Diputados al proyecto de Presupuesto 2026 dejó para el análisis el comportamiento de gobernadores, que jugaron un papel fundamental en esta decisión. Paralelamente, el Senado avanza en la modernización laboral, en la que distintos actores de la economía están ocupando la centralidad del debate.
A punto de cerrar el año legislativo, surgieron señales promisorias de mejora del debate en la Provincia. La hegemonía oficialista le viene poniendo límites y restricciones porque la imposición del número no sólo se reflejaba en las votaciones sino en la oportunidad de la intervención en las discusiones.
Quedaron expuestos cuáles son los objetivos de la administración de Gustavo Sáenz para los dos años que le restan de mandato. Se aplicó la nueva ley de ministerios y la renovación consecuente fue una oportunidad para explicar cómo se actuará a fin de alcanzar sus propósitos. Resta informar detalles no menos significativos que tienen que ver con la obligada reducción de gasto público.
Con motivo del Día del Empleado Público, la Administración Pública Provincial de Salta cumple hoy, viernes 19 de diciembre, una jornada de asueto establecida por el decreto N° 52.
En una reunión de urgencia en Casa Rosada, la mesa chica de Javier Milei definió insistir en el Senado con la derogación de las leyes de Discapacidad y Financiamiento Universitario para proteger el superávit fiscal.
El Gobierno Nacional oficializó la renuncia de Nicolás Pakgojz a la presidencia de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), junto a su vicepresidente, Marcelo León Ugarte.
Gimnasia y Tiro ya tiene al arquero que tomará la responsabilidad bajo los tres palos. Se trata de Joaquín Papaleo, quien llegará a la institución proveniente de Instituto para reemplazar a Federico Abadía, recientemente transferido al fútbol colombiano.
En su última sesión del año, el Bundesrat (Cámara Alta) aprobó la nueva ley de servicio militar que entrará en vigor el 1 de enero de 2026.