Si mis cálculos son certeros, solo en dietas a diputados y senadores provinciales los salteños gastamos cerca de 5 mil millones de pesos. Cifra a la que hay que sumar los gastos de todas y cada una de las elecciones bianuales con sus correspondientes PASO. Y añadir también los cuantiosos gastos de funcionamiento de ambas cámaras legislativas. 

El gasto legislativo total es, entonces, muy importante. Pero no guarda relación ni con la producción de nuestros legisladores ni con la situación socioeconómica de una provincia que exhibe enormes índices de pobreza, indigencia y desigualdades. 

Durante estos 38 años nuestros legisladores, como consecuencia del regimen electoral que distorsiona la voluntad de los ciudadanos, han respondido mayoritariamente al gobernador de turno. Este verticalismo impidió que senadores y diputados ejercieran funciones de control y que en el recinto de las Leyes se suscitaran debates políticos de relieve. 

La mayoría cuidó que no prosperan los pedidos de informes que suponían habrían de molestar al jefe del Ejecutivo. La misma mayoría vertical rehuyó las interpelaciones a los ministros y fueron escasas las ocasiones en donde los altos cargos del gobierno se acercaron al Palacio (es un decir) de Mitre al 500 a rendir cuentas o a responder las preguntas de los opositores. 

La misma mayoría vertical garantizó el gobernador de turno que los representantes parlamentarios en el Consejo de la Magistratura y en el Jurado de Enjuiciamiento de Jueces se alinearan tras la voluntad de los que controlan el Poder Judicial. 

Pero, mas allá de estos entretelones políticos, mas allá de este renunciamiento a representar al pueblo que les vota para pasar a representar a quienes gobiernan, hay un factor que -en mi opinión- cierra un balance negativo de estos 38 años de legislatura.

Repasando los Boletines Oficiales de Salta se constata que hay no menos de 1.200 bandos firmados por quienes gobernaban en tiempos de la dictadura que nos azotó entre 1976 y 1983. Estos bandos llevaban y siguen llevando el nombre de Ley, pese a que no reúnen los requisitos constitucionales ni científicos para investir tal rango de Ley.

Algunas de estas “leyes” (entre comillas) han muerto de muerte natural. Dicho en otros términos: han caducado por cumplimiento de su objeto (las que aprueban presupuestos o fijan remuneraciones, por ejemplo).

Sin embargo, hay cientos de normas que siguen vigentes pese a su ilegitimidad de origen y a sus notorias infracciones al orden constitucional. Las leyes de la dictadura no sólo arrastran aquella ilegitimidad, si se quiere formal, sino que expresan valores, ideas y dogmas impropios de una democracia republicana como la que aspiramos a vivir.

Y no me refiero a aquellas seudo leyes que aprueban subsidios y otras menudencias, sino a normas de gran significación jurídica, política y cultural. Como es el caso del Código Procesal Laboral, de la Ley Orgánica del Fuero del Trabajo, del Estatuto del Empleado Público Provincial o del Trabajador Municipal, de la Ley de Procedimiento Administrativo, la Ley del Personal Policial, la Ley que regula el ejercicio de la profesional de Abogado o la que crea el propio Colegio de Abogados y otras estructuras colegiales.

Un inventario exhaustivo de los bandos militares que usurpan el nombre de leyes, mostrará, de un lado, la falta de contracción al trabajo de los legisladores que han dejado pasar 38 años sin remozar ni depurar el orden jurídico salteño.

Y mostrará, también, una de las causas del malestar cívico. La democracia salteña se ha revelado hasta aquí incapaz de construir un orden representativo asentado sobre los valores de la libertad, el respecto activo a todas las opiniones y opciones de vida. 

Llevamos, además, años sin acertar en las medidas económicos que alienten la producción y el trabajo decente.

Esperemos que la nueva camada de diputados y senadores se de a la tarea largamente postergada de construir un orden jurídico justo, enmarcado en la Constitución Nacional y en los Tratados Internacionales.

Muchas gracias y hasta la semana que viene.