Las víctimas esperan condena y cárcel común para el religioso, que se encargó de aclarar que sigue siendo sacerdote y que no se le inició en la Iglesia un juicio canónico, sino un sumario administrativo. Esa, es la Iglesia salteña.
Que Rosa Torino, -imputado por los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante por la duración y por ser ministro de culto reconocido, en perjuicio de dos víctimas, y abuso sexual simple agravado por ser el autor ministro de culto en perjuicio de una tercera víctima-; siga celebrando misa y que haya llegado al juicio en libertad y no con prisión domiciliaria, es toda una confirmación de la Salta conservadora en la que sigue primando la opinión de la Iglesia sobre las instituciones. Otro sino de la Iglesia Apostólica Romana, que acumula denuncias por todo el mundo y a pesar de los cambios anunciados por el Papa, sostiene esa silenciosa red de protección a los abusadores, que aterra.
El 1 de junio pasado, el Papa Francisco modificó la ley eclesiástica para criminalizar de forma explícita los abusos sexuales a menores y adultos por parte de sacerdotes en todo el mundo. Las nuevas normas, publicadas tras los eternos 14 años de estudio que le llevó a la Iglesia, forman parte de la sección revisada del código penal del Código de Derecho Canónico del Vaticano, el sistema legal que rige a la Iglesia católica de 1.300 millones de miembros.
Los cambios más significativos están en dos artículos, el 1.395 y el 1.398, que pretenden corregir problemas y déficits en la gestión de abusos sexuales por parte de la Iglesia. La ley reconoce que los adultos también pueden ser víctimas de sacerdotes que abusan de su autoridad. Por otra parte señala que los legos que ejercen labores eclesiásticas pueden ser castigados por abusar de menores o adultos. El Vaticano también penalizó el "grooming" de menores o adultos vulnerables por parte de sacerdotes para incitarles a participar en material pornográfico. También se apunta a afrontar responsabilidades por omisiones y negligencia y cambiar algunas normas que facilitaban ignorar o encubrir los abusos.
Es la primera vez que el derecho canónico reconoce oficialmente como criminal el método utilizado por agresores sexuales para entablar relaciones con sus víctimas, con regalos y otras distinciones, para luego explotarlas sexualmente, destacan los analistas internacionales de asuntos religiosos.
Servirá a futuro, porque hasta ahora, ya se considera que hay más de 100.000 de abuso sexual en todo el mundo. Entre los más resonantes de la Iglesia católica argentina, están el del sacerdote Julio César Grassi, condenado a 15 años de prisión por abuso sexual agravado y corrupción de menores en 2009; los sucedidos en el Instituto Antonio Próvolo de Mendoza, que inició su proceso judicial en noviembre de 2016 y cuenta con más de 20 denuncias por hechos de violencia física, psicológica y sexual por parte de sacerdotes, monjas y personal administrativo del Instituto, perpetuados de manera sistemática contra niñas, niños y adolescentes sordos o hipoacúsicos que asistieron al establecimiento entre 2005 y 2016. Entre las víctimas, hay un salteño.
Otro caso fue el del cura Justo José Ilarraz, quien fue condenado a 25 años de prisión por abuso y corrupción de menores en Entre Ríos. La acusación contra el sacerdote se vio agravada por ser el encargado de la educación de las víctimas en cinco de los siete casos denunciados.
A nivel internacional, quizás el caso más emblemático fue el de Boston, que terminó en la película Spotlight -como el grupo periodístico que reveló el hecho- y fue ganadora del Oscar a mejor película en 2015. En la década de los años 2000, según una investigación del Boston Globe, la jerarquía de la diócesis, y en particular el exarzobispo Bernard Law, encubrió sistemáticamente los abusos sexuales de unos 90 sacerdotes. La iglesia estadounidense recibió denuncias de más de 18.500 víctimas de abusos sexuales por parte de más de 6.700 clérigos entre 1950 y 2016. Tanto pesa la Iglesia salteña, que los cines locales tuvieron en cartelera menos de una semana esa película mundialmente premiada.
Un informe de ECA Global, una organización de supervivientes del abuso clerical de todo el mundo sobre abusos sexuales, calcula que hay por lo menos, 100.000 víctimas de curas y religiosos en el mundo, a través de información recabada en comisiones estatales de investigación, datos de investigaciones judiciales o comisiones internas de la Iglesia. Solo los informes del Vaticano reflejan 600 denuncias cada año por abusos en el seno de la Iglesia.
Entonces, ¿puede seguir discutiéndose si la Iglesia y el Estado, deben ser asuntos separados? En Salta, huelgan los comentarios sobre al abordaje de la Iglesia con respecto de los sacerdotes denunciados ante la Justicia ordinaria, Agustín Rosa Torino, José Carlos Aguilera y Emilio Lamas, además de Nicolás Parma, Néstor Aramayo, Horacio Chauque Perales, Abel Balbi y el exobispo de Orán Gustavo Zanchetta.
El repaso podría seguir, pero queda claro que la Iglesia ha sistematizado el encubrimiento de los abusos, porque como bien revela en "Sodoma: poder y escándalo en el Vaticano", el periodista francés Frédéric Martel, lo que se desvela es la "corrupción y la hipocresía" en el corazón de la Iglesia católica y "cultura de secretismo" existente en la Iglesia y que conlleva al encubrimiento de los abusos.
Si las víctimas tienen la valentía de denunciar ante la justicia ordinaria, saben a qué se enfrentan. Cuando lo hacen ante la Iglesia, no. Porque como bien advierte la Red de Sobrevivientes de Abuso Eclesiástico de Argentina a través de su Protocolo de recomendaciones para preservar la integridad de quienes deciden denunciar en sede canónica, todo lo que se hace en ese ámbito, “está destinado a blindar la institución, mantener el sistema de protección de pederastas y evadir el cumplimiento de exhortaciones de organismos internacionales. Se utiliza una fina manipulación emocional, cosificando, humillando y aislando a las víctimas de su entorno”.
Por eso, siempre vale la pena abrir bien los ojos, cuando la fe y la confianza se depositan en personas tan humanas como nosotros, pero que usan su condición de ministros de culto para vulnerar los derechos de otros.
