El vínculo íntimo entre los jueces de la Corte de Salta y el Poder Político afecta la independencia judicial. El Poder Judicial ha dejado de ser una institución de imparcialidad y por lo tanto, ya no garantiza el Estado de Derecho.
Opinión02/07/2021 Sonia Margarita Escudero
Para fundar mi afirmación, recurro otra vez al conocido caso Huergo, y a sus cómplices necesarios en Aguas del Norte y en la Municipalidad de Salta. La semana pasada me referí a la decisión de la Auditoría General de la Provincia, de no investigar, de no hacer nada, hoy veremos de qué modo también desde el Poder Judicial se prefiere proteger la corrupción cercana al poder.
En marzo de 2019 la AFIP presentó una denuncia ante el juez federal Bavio por grave defraudación al Fisco Nacional, a la Municipalidad de Salta y a la empresa Aguas del Norte. En una cuestionable decisión, Bavio dividió la investigación, girando a la justicia provincial la parte que involucra la defraudación municipal y provincial. Recordemos que en el momento de los hechos investigados, la Provincia era gobernada por Juan Manuel Urtubey y la municipalidad por Gustavo Sáenz, el actual gobernador.
Esta semana se conoció una decisión judicial por la cual la Cámara Federal de Apelaciones rechazó los recursos planteados por el empresario Huergo y otros miembros de su organización. Lo que genera consternación es que se excluye a las contrapartes involucradas en las maniobras delictivas, esto es, a quienes fueron los funcionarios públicos municipales y provinciales cómplices de las contrataciones irregulares.
En su voto, el Dr. Castellanos expresó que de los informes, testimonios y escuchas detallados por el Juez Bavio, “resultaría comprobado la existencia de obras licitadas por la Municipalidad de Salta de carácter multimillonario –v.gr. $ 121.000.000, $ 422.000.000-“ (montos de los años 2016 y 2017) que resultaron adjudicadas a las firmas –Arcadio, SEC SA, entre otras- cuya propiedad se atribuye al imputado Huergo. Estas empresas se servían luego de facturación apócrifa no sólo para evadir impuestos, sino también para girar parte del dinero a los funcionarios públicos provinciales y municipales intervinientes en las contrataciones.
El juez afirma que la utilización de facturas apócrifas se usaban para dotar de visos de razonabilidad a los volúmenes de fondos detraídos del erario público, esto es, a Aguas del Norte y a la Municipalidad de Salta –sobre todo, ante sobreprecios. La contabilidad de las empresas de Huergo, afirma el juez, computaba gastos y compras a proveedores inexistentes, y en algún caso esa factura apócrifa se generó desde terminales informáticas instaladas en la propia sede de la Municipalidad. Tal era el grado de impunidad con el que actuaba la asociación.
El Dr. Castellanos describe claramente que las empresas del imputado Huergo actuaban como un “medio” o “instrumento” para la consumación de la defraudación cometida en perjuicio de la administración pública y de la Municipalidad de Salta. Que las empresas eran la fachada utilizada para solapar la apropiación de fondos públicos, mediante la operatoria ya descripta de facturación sobrepreciada y formal por obras, de posterior “negreo” o “informalización” de fondos a partir del registro de gastos inexistentes –correspondientes a las facturas apócrifas- y ulterior concreción de “retornos” a los funcionarios públicos provinciales y municipales involucrados, dentro del circuito informal.
De las propias palabras de la decisión judicial surge con claridad que el daño al erario Municipal, así como al de la empresa Aguas del Norte estaría debidamente comprobada. El problema es que la justicia federal solamente está actuando por el delito de evasión fiscal, mientras que por los delitos de defraudación a la Municipalidad de Salta y a la empresa provincial Aguas del Norte, corresponde avanzar a la Justicia Provincial.
Pero es el caso que la justicia provincial no está haciendo nada. Esto salió a la luz a raíz de un parte de prensa originado por el Juez Bavio. La justificación surgida desde el ámbito provincial es que se está a la espera de una decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por un recurso de queja. Se trata de un pretexto sin sustento legal. La presentación de un recurso de queja no tiene efecto suspensivo para el avance de una investigación. Por ejemplo, el ex intendente de Aguaray está siendo sometido a juicio oral sin esperar que la Corte defina un recurso de queja. Por ejemplo, Santos Clemente Vera está preso a pesar que en la Corte Suprema aun tramita un recurso de queja.
Entonces, claramente el recurso de queja no es obstáculo legal para el avance de la investigación por actos de corrupción de personajes cercanos al poder. Estamos hablando de hechos sucedidos en 2016 y 2017, hoy, en 2021 aun no se hace nada. Me pregunto ¿quiénes fueron los funcionarios involucrados, quiénes fueron los beneficiarios de ese actuar delictivo acreditado para la justicia federal? ¿Por qué no se quiere avanzar con esta investigación? ¿De dónde viene la decisión de no hacer nada? ¿Quién tiene tanto poder tanto sobre la Auditoría como sobre el Poder Judicial y el Ministerio Público? ¿Por qué el gobierno premia con la renovación de mandato a los auditores que no hacen nada?
En la justicia provincial la causa ha quedado radicada en un juzgado vacante, el Juzgado de Garantías nº5. La causa no tiene juez. El Consejo de la Magistratura, presidido por la Corte, no ha convocado a concurso para cubrir el cargo. Para justificarlo se aduce que el Poder Ejecutivo, a instancias del Poder Judicial, ha enviado un proyecto de ley a la Cámara de Diputados para transformar “casualmente” este Juzgado nº 5 en un Juzgado de Violencia de Género. Estos hechos refuerzan la presunción de que la Corte de Justicia en razón de su íntimo vínculo con el poder político, tiene interés especial en el empantanamiento de la investigación.
Las irregularidades se suman: el Ministerio Público Fiscal ha dejado vencer el plazo para apelar en el caso del femicidio de Jimena Saltas. También ha prohibido a una víctima como Gustavo Peñalva acercarse al Poder Judicial, en un claro abuso de poder. Ha condenado a prisión perpetua a Santos Clemente Vera sin que existieran pruebas de certeza en el caso de las jóvenes Cassandre y Houria.
Como afirma el reconocido sociólogo francés Pierre Rosanvallon, concederle a la mayoría una autoridad ilimitada es ofrecerle al pueblo en masa el holocausto del pueblo en detalle[1]. Si queremos recuperar la credibilidad del Poder Judicial y su independencia e imparcialidad para servir al bien común, es imprescindible desarticular el vínculo íntimo entre los jueces de la Corte y el Poder Político.
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