Como suele suceder en los debates referidos a género, durante más de dos horas se analizaron los padecimientos que genera la discriminación de los movimientos de disidencia sexual.  Además, se anticipó que lo que viene es la ley integral trans, que contemple el derecho a una infancia y una vejez dignas.

Se repitieron muchos nombres de víctimas de la violencia social por ser diferentes sexualmente y muchos eslóganes de una lucha que se va intensificando en la medida que se van alcanzando logros, haciendo evidentes los déficits que se van reparando desde las normas y los incumplimientos con los que se resiste a las nuevas construcciones que se ordenan. No hubo un análisis de la propuesta sino de su significación como política de discriminación positiva.

La iniciativa propone lograr la inclusión laboral en el Estado Nacional de las personas travestis, transexuales y transgénero habilitadas a trabajar, hayan o no accedido al cambio registral previsto en la Ley de Identidad de Género. Se fija para ello un  cupo mínimo del 1 % en los tres poderes que lo integran, los Ministerios Públicos, los organismos descentralizados o autárquicos, los entes públicos no estatales, las empresas y sociedades del Estado, en todas las modalidades de contratación. Plantea el principio de no discriminación de manera terminante al reconocer el derecho al trabajo formal digno y productivo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. No generaron mayores cuestionamientos algunas disposiciones como que no podrán ser valorados los antecedentes contravencionales ni les será exigible la terminalidad educativa como lo es para ingresar a la administración pública nacional.

Mientras se exaltaba en las exposiciones la diversidad sexual y se cargaba sobre la sociedad la responsabilidad de la marginalidad en la que se desarrollan estos grupos, sus activistas siguieron el debate desde los palcos. Es que no hay trans que ocupen bancas; los heterosexuales, incluso, son una mayoría hegemónica que trata de mostrarse empática utilizando el llamado lenguaje inclusivo. 

"La política es machista, patriarcal y se mueve en esos códigos”, denunció el único diputado que se asumió homosexual desde una marcha del orgullo gay. Se trata de Leonardo Grosso, del Movimiento Evita, primer legislador nacional en casarse con la ley de matrimonio igualitario. Eso lo afirmaron pocos oradores, aunque fue reconocido cuando se dijo que con las audiencias desarrolladas para dictaminar sobre la ley de cupo laboral por primera vez – a casi 40 años de recuperada la democracia- se puso a este colectivo en el centro de la vida política.

Tampoco se insistió mucho en cuestiones como la escasa efectividad de leyes como la llamada Micaela, sancionada en 2018 estableciendo la obligatoriedad de la capacitación en género para todas las personas que integran los tres poderes del Estado. Se dijo que está en el olvido y nadie mencionó que acaba de ser aplicada para sancionar al diputado nacional Martín Grande.

Sí se dijo y quedó demostrado, que en la política hay mucha hipocresía.

Salta, 11 de junio de 2021