La Cámara de Diputados se apresta mañana a dar tratamiento al proyecto de ley que faculta al Ejecutivo Provincial a adquirir vacunas contra la Covid 19.
Opinión31/05/2021
El anuncio por parte del propio Gobernador de que se estaban llevando adelante negociaciones con laboratorios a ese fin habilitó esta segunda parte de tratamiento legislativo, que se había iniciado en el Senado y seguramente se le dará sanción definitiva, a menos que se haga lugar a alguna modificación habida cuenta de reparos anticipados por algunos sectores de la oposición.
La iniciativa se ajusta a lo dispuesto por la ley nacional que facilitó que a fines del año pasado se adquirieran vacunas en un marco de emergencia, declarando para ello –al igual que lo propone el proyecto provincial- de interés público tal operatoria en virtud de la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud con relación a la mencionada enfermedad. A partir de allí, el articulado de la norma en trámite contiene disposiciones que han generado cuestionamientos por fuera del oficialismo, que no se expresaron en la Cámara de origen en la que el debate no tuvo mayor vuelo.
El segundo artículo habilita condiciones para facilitar la adquisición de las vacunas, a incluir en convenios y contratos a celebrar, como la prórroga de jurisdicción a favor de los tribunales arbitrales y judiciales con sede en el extranjero y exclusivamente respecto de los reclamos que se pudieren producir en el marco de la operatoria. Ello es casi un calco de lo que se dispone en la ley nacional 27.573 vigente desde diciembre pasado, que determina que las vacunas que eventualmente puedan adquirir las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tendrán idéntico tratamiento que las compre la Nación, incluyendo la eximición del pago de derechos de importación y de todo otro impuesto, gravamen, contribución, tasa o arancel aduanero o portuario, de cualquier naturaleza u origen, incluido el impuesto al valor agregado.
Hay otra determinaciones que ponen en estado de alerta a sectores opositores que no ven con buenos ojos las condiciones de indemnidad patrimonial respecto de indemnizaciones y otros reclamos pecuniarios relacionados con y en favor de quienes participen de la provisión y suministro de las vacunas, con excepción de aquellas originadas en maniobras fraudulentas, conductas maliciosas o negligencia. Tampoco aceptan sin resistir las cláusulas o acuerdos de confidencialidad, que en términos similares se han incluido en la ley nacional y es el marco con el que se vienen comprando las vacunas Sputnik, AstraZéneca o SinoPharm que ya se están aplicando en el país y la provincia.
De acuerdo a la ley con media sanción que Diputados tratará de aprobar este martes, Salta podrá encarar la operatoria –cuya realización no merece reparos por la demanda de inmunización de la población- con otras provincias, organizaciones gubernamentales, entidades nacionales e internacionales, universidades y hasta particulares, para lo cual se autoriza al Ejecutivo a suscribir compromisos de actuación conjunta y mancomunada. Además, todos los contratos deberán ser sometidos al control de la Auditoría General de la Provincia y de las autoridades de ambas Cámaras Legislativas.
Los dos extremos del arco político coinciden en rechazar la extensión de la jurisdicción, la confidencialidad de los contratos y la indemnidad de los laboratorios. Son los tres puntos a los que el oficialismo deberá interponer fundamentos claros que trasciendan la necesidad de contar con vacunas.
En estos puntos no alcanza con sostener la salud por sobre cualquier otra consideración.
Salta, 31 de mayo de 2021
El sistema sanitario provincial atraviesa un déficit estructural que se agravó con la atención creciente de pacientes con cobertura de obras sociales o de medicina prepaga, que ya no pueden afrontar los costos de las prestaciones privadas. Es una situación que no ocurre solo en Salta y lo ha reconocido la Unión Argentina de Salud, que salió a explicar una situación muy compleja.
El que está transcurriendo es el "Año de la Grandeza Argentina". Así lo ha declarado por decreto el Gobierno nacional en una decisión que tiene una afilada arista de voluntarismo o es un desafío a una sociedad que sigue acumulando fracasos.
Es imposible ocultar una verdad obvia; de allí que la sabiduría popular asegura que no se puede tapar el sol con un dedo. El gobierno de la Provincia ya no puede ocultar severas dificultades financieras que están en el origen de crecientes problemas de gestión.
Dentro de poco vamos a tener leyes de países razonables. Es un anuncio que realizó el presidente Javier Milei y que, en realidad, se asumió como promesa porque se formuló en una virtual campaña electoral. En tanto se van acumulando los Decretos de Necesidad y Urgencia sin que el Congreso los trate conforme exige la naturaleza excepcional de estas medidas.
La última semana de enero está confirmando que la temporada turística en la provincia no colma las expectativas de los sectores vinculados a una actividad que los salteños aprecian por el impacto que tiene en una economía débil. Los datos referidos a la primera quincena no son positivos y las proyecciones tampoco lo son.
A días que se inicie el período extraordinario de sesiones, que se extenderá durante febrero en el Congreso, legisladores nacionales han requerido la presencia del canciller para que de explicaciones respecto de la incorporación de la República Argentina como miembro fundador del Consejo de Paz, creado por el presidente Donald Trump. Es una de las 20 naciones que aceptó sumarse a la polémica iniciativa.
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El presidente del Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos destacó la diversidad natural, cultural e histórica de la provincia y aseguró que el objetivo es sostener el turismo durante los doce meses, más allá del verano.
La directora provincial de Desarrollo Turístico señaló en Aries que la provincia tuvo un buen arranque de temporada y confía en un repunte durante la segunda quincena de enero, impulsado por los grandes festivales y la diversidad de paisajes.
La exministra de Seguridad , Sabina Frederic, cuestionó el proyecto que impulsa el Gobierno nacional y sostuvo que el debate busca desviar la atención de problemas estructurales.
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