Este martes tomará estado parlamentario un proyecto de ley que propone establecer la prohibición a prestadores para que cobren plus a los afiliados de la obra social provincial. No será el primer estado que adopte una norma de esas características pero demandará un debate participativo, que debiera habilitarse para recabar la opinión de todos los involucrados en la cuestión.
Opinión04/05/2021
El Instituto Provincial de Salud de Salta –o IPS, como se lo llama comúnmente- se rige por la ley 7.127, sancionada en 2001, cuando se actualizaron sus disposiciones ya que se trata de un organismo que tiene más de medio de siglo de existencia. Es una entidad autárquica, con personería jurídica, individualidad administrativa, económica y financiera, y capacidad como sujeto de derecho, con el alcance que el Código Civil establece para las personas jurídicas públicas. Efectivamente su capacidad de acción es muy amplia al punto que hay pocos antecedentes de un Gobernador que se haga cargo de algunos de las medidas que adopta el IPS aun cuando afecten a un cuarto de la población de la Provincia.
La ley dispone que tiene capacidad para celebrar libremente contrataciones, convenios y todos los acuerdos que estime necesarios o convenientes, incluso con entidades extranjeras. Además, puede involucrarse en el proceso de funcionamiento de los sistemas de seguridad social de salud que por norma especial le sean asignados.
Si bien el IPS tiene facultad de prestar servicios según planes que diseñe y formar parte de la oferta de medicina pre paga, tiene una amplia base de afiliados cautivos. Es que quedan obligatoriamente incluidos en calidad de afiliados titulares los funcionarios y personal permanente y transitorio dependiente de los Poderes Ejecutivo Legislativo y Judicial de la Provincia, Ministerio Público, los organismos descentralizados, entes autárquicos, empresas y Sociedades del Estado y municipales de la Provincia. También se incluye a jubilados y pensionados del ex-sistema de previsión social de la Provincia que fuera transferido al Estado Nacional. Esta relación incluye también como beneficiarios a la familia, lo que multiplica el número de beneficiarios.
Este colectivo, sin embargo, no tiene representación en la mesa de decisiones de la obra social provincial. La propuesta original de un directorio que incluya a representantes de afiliados y de prestadores fue vetada al momento de la promulgación de la ley por el entonces gobernador Juan Carlos Romero.
Esa representación quedó en manos de la institucional que el sistema democrático asigna a la Legislatura Provincial. Ese es el ámbito donde se pueden debatir decisiones cuyo impacto es socialmente muy abarcativo y no se han habilitado otros canales de participación. Los afiliados constituyen la pata más débil de una estructura a la que financia con sus aportes obligatorios ya que son decenas de miles de individualidades reconocidos como un conjunto por el Título II de la ley 7.127 pero que necesariamente se disgrega a la hora de reclamar soluciones a problemas reconocidos como individuales aunque afecten a todos.
El proyecto del que ya se habla en la Cámara de Diputados será una posibilidad para determinar la voluntad de una gestión de gobierno de discutir una decisión que fue heredada y se remite a otras circunstancias.
Salta, 04 de mayo de 2021
La minería ha ratificado su centralidad en la realidad salteña esta semana. Si bien no ocupó mucho espacio mediático, en ámbitos especializados se celebró la intención de crear el Ministerio de Producción y Minería. También se advirtió que la explotación de tierras raras toma impulso con las inversiones en el sector.
La administración del Estado va camino a contar esta semana con su hoja de ruta fiscal. Las políticas a desarrollar durante 2026 tienen estimado su financiamiento y el Ejecutivo provincial se aseguró las autorizaciones suficientes para disponer de los recursos conforme su discrecional criterio. Ese es el dato que considerará la dirigencia gremial del sector público, que se está movilizando frente a eventuales restricciones.
Las dos sesiones legislativas de esta semana son las últimas de la actual composición de ambas cámaras provinciales. El lunes 24 asumirán diputados y senadores electos en mayo y darán continuidad a un período ordinario que cerrará el 30 de diciembre.
La nueva Ley de Ministerios marca un giro en la gestión de Gustavo Sáenz: por primera vez delega la conducción operativa en una Jefatura de Gabinete fuerte, mientras concentra su rol en lo estratégico.
Sobre el cierre del año se mantienen agendas paralelas entre el gobierno y la sociedad. Para esta, las cuestiones económicas son prioritarias y urgentes; el Ejecutivo, en cambio, está inmerso en un nuevo ordenamiento político que le permita dar respuestas a las demandas sociales.
La semana pasada hice referencia a uno de los proyectos de ley que el gobierno ha señalado como prioritario, la flexibilización laboral, llamada por el gobierno y sus aliados como “modernización laboral”
El exgobernador advirtió que la fragmentación del PJ solo fortalece al oficialismo y cuestionó el avance del liberalismo en el país. “Si nos dividimos, gana Milei”, afirmó.
La fecha apunta a visibilizar problemáticas masculinas, mejorar las relaciones de género y destacar aportes positivos de los varones.
El Gobernador Sáenz recibió a ejecutivos de la minera First Quantum para repasar la planificación del proyecto de cobre, oro y molibdeno. Con más del 80% de empleo y 89% de proveedores salteños ya activos en la etapa de estudios, Taca Taca se consolida como una oportunidad histórica para el desarrollo productivo y la economía de la Puna salteña.
Después del corte de crédito que la entidad dejó vigente desde el pasado lunes por falta de pago de las prestaciones, la obra social provincial notificó la finalización del convenio.
La presidenta de la institución denunció que la obra social “culpa a los prestadores por su déficit” y busca romper convenios para manejar a discreción los honorarios y las condiciones laborales.