Déficit

Opinion 07 de enero de 2021
Con los principales problemas sin resolver, la sociedad política provincial se apresta a avanzar hacia un proceso electoral que la movilizará, aun cuando el objetivo de las elecciones sea la renovación legislativa. O precisamente porque lo que se juega son las bancas en ambas cámaras provinciales y la totalidad de las que corresponden a los Concejos Deliberantes de los 60 municipios.
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Sobre el final del año pasado las estructuras partidarias de menor envergadura han resuelto su situación interna eligiendo sus autoridades pero, especialmente, tomando decisiones en torno de los comicios a desarrollar en 2021. Ello solo en referencia a cómo se resolverá su participación; respecto del resto seguramente cada sector observará con atención cómo encaran los principales aspectos el arco político provincial.

En principio, y de esto se viene hablando desde comienzo de la década pasada, ningún partido está en condiciones de enfrentar con relativo éxito un proceso electoral; todos están obligados a integrar alianzas con fuerzas afines o, al menos, con las que no signifiquen un foco de conflicto interno. Esa convicción se ha consolidado a partir de la suspensión de las primarias, dispuesta sobre el filo del fin del 2020.

La decisión, adoptada en razón de la emergencia sanitaria y la crisis económica, impacta de manera profunda en toda la estructura partidaria provincial. Si alguien supone que el oficialismo es el único que puede mantener bajo control todas las variables, deberá considerar que como tal se describe un frente multifacético donde hay muchas posiciones, tal como lo describiera el presidente del Consejo Provincial del Partido Justicialista, que precisamente no la ha integrado de manera institucional aunque muchos de sus referentes conformaron listas de candidatos en el marco de esa alianza electoral.

La suspensión de las PASO ha configurado un cuadro de situación más complejo de lo que pareciera porque contiene una situación limitante. Desde cualquier espacio político se reconoce que la principal dificultad que se deriva de esa medida es la necesidad de abordar una cuestión que está reglamentada, pero sólo a los fines de fijar parámetros que eviten desbordes.

Los voceros de cada sector ya hablan sin tapujos del financiamiento de una campaña electoral. No se trata de definir aportes ya que están fijados en una legislación específica; es reconocer que la principal virtud de las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias era que evitaba la conflictividad de determinar listas de candidatos por la intervención de un grupo elector o lograrlo por un oneroso proceso interno al cabo del cual el que gana integra la nómina de postulantes y el que pierde, pone en su esfuerzo en otro sector. Pero especialmente las PASO permitían que el Estado garantizara el acceso a pautas publicitarias, generando un marco de igualdad.

Sin ese soporte, el riesgo es que grupos económicamente poderosos sean los verdaderos electores al imponer candidatos que, en funciones, representen sus intereses y no los de la comunidad. Ese es un dato de gran relevancia que no puede ignorarse ni aun escudándose en el supuesto de confiar en una actitud principista exigible a la política.

Alguien financia los procesos electorales y si no es el Estado, deberá cuidarse honestamente la transparencia de los aportes. Tarea difícil en tiempos de déficit ético. 

Salta, 07 de enero de 2021

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