Con los principales problemas sin resolver, la sociedad política provincial se apresta a avanzar hacia un proceso electoral que la movilizará, aun cuando el objetivo de las elecciones sea la renovación legislativa. O precisamente porque lo que se juega son las bancas en ambas cámaras provinciales y la totalidad de las que corresponden a los Concejos Deliberantes de los 60 municipios.
Opinión07/01/2021
Sobre el final del año pasado las estructuras partidarias de menor envergadura han resuelto su situación interna eligiendo sus autoridades pero, especialmente, tomando decisiones en torno de los comicios a desarrollar en 2021. Ello solo en referencia a cómo se resolverá su participación; respecto del resto seguramente cada sector observará con atención cómo encaran los principales aspectos el arco político provincial.
En principio, y de esto se viene hablando desde comienzo de la década pasada, ningún partido está en condiciones de enfrentar con relativo éxito un proceso electoral; todos están obligados a integrar alianzas con fuerzas afines o, al menos, con las que no signifiquen un foco de conflicto interno. Esa convicción se ha consolidado a partir de la suspensión de las primarias, dispuesta sobre el filo del fin del 2020.
La decisión, adoptada en razón de la emergencia sanitaria y la crisis económica, impacta de manera profunda en toda la estructura partidaria provincial. Si alguien supone que el oficialismo es el único que puede mantener bajo control todas las variables, deberá considerar que como tal se describe un frente multifacético donde hay muchas posiciones, tal como lo describiera el presidente del Consejo Provincial del Partido Justicialista, que precisamente no la ha integrado de manera institucional aunque muchos de sus referentes conformaron listas de candidatos en el marco de esa alianza electoral.
La suspensión de las PASO ha configurado un cuadro de situación más complejo de lo que pareciera porque contiene una situación limitante. Desde cualquier espacio político se reconoce que la principal dificultad que se deriva de esa medida es la necesidad de abordar una cuestión que está reglamentada, pero sólo a los fines de fijar parámetros que eviten desbordes.
Los voceros de cada sector ya hablan sin tapujos del financiamiento de una campaña electoral. No se trata de definir aportes ya que están fijados en una legislación específica; es reconocer que la principal virtud de las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias era que evitaba la conflictividad de determinar listas de candidatos por la intervención de un grupo elector o lograrlo por un oneroso proceso interno al cabo del cual el que gana integra la nómina de postulantes y el que pierde, pone en su esfuerzo en otro sector. Pero especialmente las PASO permitían que el Estado garantizara el acceso a pautas publicitarias, generando un marco de igualdad.
Sin ese soporte, el riesgo es que grupos económicamente poderosos sean los verdaderos electores al imponer candidatos que, en funciones, representen sus intereses y no los de la comunidad. Ese es un dato de gran relevancia que no puede ignorarse ni aun escudándose en el supuesto de confiar en una actitud principista exigible a la política.
Alguien financia los procesos electorales y si no es el Estado, deberá cuidarse honestamente la transparencia de los aportes. Tarea difícil en tiempos de déficit ético.
Salta, 07 de enero de 2021
Cierra otra semana en la que el protagonismo de los gobernadores fue un dato excluyente. El Ejecutivo nacional trata de alcanzar acuerdos por las reformas que propone y, en general, los gobernadores muestran predisposición a negociar, entendiendo que todavía están lejos de ver cubiertas sus demandas.
El fenómeno del “borocotismo”, nacido como una rareza política en 2005, se volvió parte del paisaje habitual de la dirigencia argentina.
La minería ha ratificado su centralidad en la realidad salteña esta semana. Si bien no ocupó mucho espacio mediático, en ámbitos especializados se celebró la intención de crear el Ministerio de Producción y Minería. También se advirtió que la explotación de tierras raras toma impulso con las inversiones en el sector.
La administración del Estado va camino a contar esta semana con su hoja de ruta fiscal. Las políticas a desarrollar durante 2026 tienen estimado su financiamiento y el Ejecutivo provincial se aseguró las autorizaciones suficientes para disponer de los recursos conforme su discrecional criterio. Ese es el dato que considerará la dirigencia gremial del sector público, que se está movilizando frente a eventuales restricciones.
Las dos sesiones legislativas de esta semana son las últimas de la actual composición de ambas cámaras provinciales. El lunes 24 asumirán diputados y senadores electos en mayo y darán continuidad a un período ordinario que cerrará el 30 de diciembre.
La nueva Ley de Ministerios marca un giro en la gestión de Gustavo Sáenz: por primera vez delega la conducción operativa en una Jefatura de Gabinete fuerte, mientras concentra su rol en lo estratégico.
La presidenta de la institución denunció que la obra social “culpa a los prestadores por su déficit” y busca romper convenios para manejar a discreción los honorarios y las condiciones laborales.
Los nosocomios de Capital e interior trabajarán con guardias habituales, mientras que los consultorios externos volverán a atender el martes 25.
Se oficializó el reconocimiento al equipo rosarino por haber finalizado primero en la tabla anual, dándole el título de “Campeón de Liga”; la sorpresiva medida generó repudio y controversia.
El IPS aseguró que transfirió al Círculo Médico $4.361 millones en octubre y $110 millones en noviembre. Planteó irregularidades en la facturación y ‘abrió la puerta’ para que los médicos se incorporen como prestadores directos.
El presidente del Colegio de Médicos advirtió que los nuevos profesionales evalúan emigrar debido a la inestabilidad de la obra social provincial y la incertidumbre laboral.