A Manuel Cornejo, Ernesto “Kila” Gonza, Julio Jalitt, se suma otra exintendente a la lista de acusados después de haber finalizado su administración sospechado de peculado y a la espera de que se resuelva un pedido de elevación a juicio.
Judiciales09/12/2020
Se trata del exintendente de Animaná, Ignacio Vicente Condorí, imputado por la presunta comisión del delito de peculado y para quien pidió juicio el fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Leandro Flores.
En virtud de contar con elementos de convicción suficientes para el ejercicio de la acción penal, el fiscal Flores pidió la elevación a juicio al entender que se halla suficientemente acreditada la existencia del delito endilgado y la responsabilidad penal del acusado.
El fiscal imputó al exintendente Condorí en agosto pasado, por la comisión del delito de peculado y por haber retirado la suma de casi 550 mil pesos, que consistían en fondos girados por el Ministerio de Desarrollo la Nación, directamente a la cuenta de ese municipio y a los que no les dio el fin específico asignado por convenio con ese ministerio.
La investigación comenzó a partir de la denuncia formulada por el actual jefe comunal del municipio ubicado en el departamento San Carlos, José Rolando Guaimás, por un hecho ocurrido durante 2015, cuando Condorí ejercía el cargo de intendente.
Es que Guaimás fue intimado en marzo de 2016 por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación para informar sobre el subsidio institucional, destinado a financiar el equipamiento del Centro de Integración Comunitaria. Debía remitir documentación respaldatoria de la inversión.
Ante la inexistencia de los fondos o constancias, Guaimás citó a Condorí, quien primero desconoció el dinero referido, luego aceptó la existencia de constancias de retiro del Banco y sugirió al denunciante que “el problema podía solucionarse contablemente, sin que saliera a la luz de los medios o se hiciera una denuncia penal, devolviendo el dinero y asentando como que nunca había salido del municipio”, lo que fue rechazado por el actual intendente. Finalmente, Condorí reintegró el dinero, para lo cual se labró un acta.
Surgió claramente entonces, que el exjefe comunal, quien estaba a autorizado a retirar los fondos girados desde Nación y depositados directamente en la cuenta de ese Municipio, los sustrajo, sin darles el fin específico asignado por convenio con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación; ello no obstante la restitución posterior del dinero por parte del imputado.
Además, la Jueza rechazó el pedido de la víctima de 10 millones de pesos en concepto de indemnización por el daño sufrido y dictaminó que el condenado abone una cifra inferior.
Los acusados son Patricia Argañaraz y Ana María Cerezo como coautoras de administración fraudulenta y estafas reiteradas (29 hechos); Raúl Argañaraz y Nicolás Zissi como partícipes necesarios.
Si bien fue encontrado culpable de los delitos de daño agravado y crueldad animal, el Superior Tribunal de Justicia de Chubut le aplicó una pena de tres años de ejecución condicional.
Un día después de que la legislatura avanzara con la intervención por el escandaloso robo y contrabando de rieles, el Intendente de Morillo irá a juicio por peculado.
Carlos Enzo Cuellar afirmó haber visto a la joven en la gruta de la Difunta Correa pero las líneas telefónicas registraron actividad en otro lugar. Durante la audiencia, se negó a declarar.
El Ministerio Público estableció las fechas y horarios estableciendo turnos y organización para las diferentes áreas judiciales.
Un consultor financiero abordó temas como la inflación, la inversión, consumo y el rol del ahorro.
“Es imposible competir con Bolivia” lamentó el titular de la Cámara de Comercio de Orán y apuntó contra una carga impositiva excesiva y alertó sobre la falta de control en la frontera.
El exintendente, actualmente imputado y en arresto domiciliario por el robo y contrabando de rieles, debe explicar el faltante de una millonaria suma.
La modalidad se denomina qrishing, también conocido como phishing con código QR y es un tipo de ataque cibernético que consiste en engañar a una persona para que escanee un código QR falso con su celular.
La iniciativa busca garantizar igualdad en el tratamiento judicial de causas penales que puedan involucrar a legisladores, magistrados y autoridades del poder ejecutivo, con las de la ciudadanía en general.