Un fallo del Tribunal de Apelaciones convalidó la competencia provincial en la investigación contra el ex senador y rechazó el pedido del Juzgado Federal de San Isidro
Judiciales10/05/2025
La pesquisa penal por enriquecimiento ilícito contra Edgardo Kueider sigue corriendo por carriles paralelos. Por un lado, está el legajo que lleva adelante el fiscal de Concordia, José Arias, junto con el juez de Garantías, Edwin Ives Bastián. Por el otro, el expediente a cargo de la jueza Federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado.
Bastián rechazó el planteo inhibitorio que le había hecho la magistrada. Y declaró que la Justicia provincial era la competente para hacer la pesquisa sobre el patrimonio del ex senador nacional, que permanece con arresto domiciliario en Paraguay desde el 4 de diciembre. Ese día lo detuvieron a la madrugada queriendo cruzar de Brasil con más de USD 200 mil sin declarar. Lo acusan de contrabando.
La defensa del ex legislador apeló la medida del juez de Garantías. El caso llegó entonces a manos del vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones, Maximiliano Larocca. Tras considerar los argumentos de Carlos Conti, abogado de Kueider en Entre Ríos, el magistrado ratificó lo decidido por Bastián. La sentencia se conoció este jueves por la mañana.
Los argumentos que utilizó Larocca para sostener la competencia de la Justicia entrerriana en la investigación están armados en función de una comparación con el expediente que Arroyo Salgado tiene abierto en su juzgado.
En primer lugar, señaló que no existe coincidencia temporal entre una investigación y la otra. La de San Isidro, estimó, comienza a partir del 29 de abril de 2019. La de Concordia, en tanto, abarca toda la vida política del acusado: desde que fue electo concejal en 1999 hasta que dejó la Secretaría General de la Gobernación en 2019.
La razón de considerar el 29 de abril como hito para la investigación federal es que ese día se realizó la asamblea de la empresa provincial de energía Enersa. El ex senador nacional actuó allí como representante de las acciones del Poder Ejecutivo que encabezaba Gustavo Bordet. Enersa es una de las firmas investigadas en la causa “Securitas” por el supuesto pago de sobornos por parte de directivos de la empresa de seguridad para quedarse con las licitaciones.
Kueider aparece mencionado en unos chats encontrados en los teléfonos de los empresarios paranaenses Claudio y Marcelo Tortul, directivos de Securitas imputados en el caso. Decían que era la persona relacionada con la elaboración de los pliegos de seguridad privada de la empresa.
Arroyo Salgado tiene como hipótesis de trabajo que el dinero que manipulaba en su oficina en Casa de Gobierno provincial podría venir de esta operación con los Tortul y Enersa. Ese manejo de dinero en efectivo se realizó en Casa de Gobierno, a metros de la oficina de Bordet, y quedó registrado en videos de cámaras de seguridad. Los registros se encontraron durante un allanamiento. Estaban en un saco que el ex legislador olvidó en un departamento de Buenos Aires.
Otro de los fundamentos de Larocca para negar el pase del legajo a San Isidro fue que, en esta etapa investigativa, no se puede coartar la tarea de la Fiscalía de Concordia. Además, la Justicia Federal aún no precisó la acusación contra Kueider.
“La falta de claridad imputativa señalada implicaría cerrar indebidamente las puertas a una investigación desarrollada por la Fiscalía de Concordia”, estimó. Esto afectaría las “facultades constitucionales autónomas de persecución penal pública en la provincia”. Este rango de acción abarca “todos los ilícitos que se cometan y sean de su competencia”, argumentó el magistrado.
El juez del Tribunal de Apelaciones de Concordia también rechazó que la existencia de dos pesquisas paralelas vulnere el derecho a la defensa del acusado. Tras la ratificación de que la investigación queda en Entre Ríos, se renueva la posibilidad de que sea la Corte Suprema de Justicia la que defina en qué juzgado debe seguir con la causa.
El planteo de la defensa de Kueider no solo fue rechazado por la Fiscalía. El abogado Enrique Bacigaluppe, defensor del socio y supuesto testaferro del ex senador Daniel González (alias “Gonzalito” o “Pajarito”), arguyó que en el caso federal no hay pruebas contra Kueider.
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Con información de Infobae
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