Rafecas ya había dicho que no había delito para investigar, pero la Sala I de la Cámara Federal porteña había anulado su resolución. Por eso, el juez decidió avanzar con una serie de medidas de prueba.
Judiciales09/05/2025
El juez federal Daniel Rafecas desestimó una denuncia por defraudación en el otorgamiento de reparaciones a víctimas del accionar de las Fuerzas Armadas. El magistrado señaló que tras una profusa pesquisa no pudo hallar las irregularidades que denuncian quienes dicen que hay un “curro de los derechos humanos” –uno de los caballitos de batalla sobre los que galopa el gobierno de La Libertad Avanza (LLA). La causa es impulsada por Justicia y Concordia, la agrupación que reúne a abogados que intervienen en carácter de defensores de acusados por crímenes contra la humanidad.
La controversia estuvo centrada en el otorgamiento de reparaciones a los familiares de quienes murieron tras el intento de copamiento del Regimiento de Infantería de Monte 29 de Formosa que procuró Montoneros en octubre de 1975. La investigación que había hecho entonces la Secretaría o Subsecretaría de Derechos Humanos de la Nación había arrojado que había elementos para señalar que los militantes muertos no habían caído en un enfrentamiento sino que habían sido fusilados.
Quien impulsó la causa fue Jovina Luna, hermana del conscripto Hermindo Luna (21), muerto en el ataque. Presentó la denuncia en junio de 2019, cuando todavía gobernaba Mauricio Macri. La presentación apuntaba tanto a quienes recibieron la indemnización como a quienes la otorgaron. Los acusaba por defraudación a la administración pública, falsedad ideológica de documentos públicos e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
La denuncia decía que había quienes cobraban indebidamente millonarias reparaciones y, de esa forma, afectaban el erario público. Sostenía, además, que se habían registrado casos falsos que habían accedido a beneficios por las leyes reparatorias que se empezaron a sancionar desde el gobierno de Carlos Menem.
El fiscal de la causa, Ramiro González, impulsó la acción penal. Rafecas fue avanzando con la investigación y desestimando por casos. La última resolución corresponde a las reparaciones que recibieron seis familias de militantes.
Rafecas ya había dicho que no había delito para investigar, pero la Sala I de la Cámara Federal porteña había anulado su resolución. Por eso, el juez decidió avanzar con una serie de medidas de prueba.
En primer lugar, analizó los expedientes administrativos en los que se evaluó si correspondía otorgar las reparaciones a las familias de quienes murieron el 5 de octubre de 1975. Allí, dice Rafecas, se plantearon distintos interrogantes. Por ejemplo, si estas personas habían muerto en el lugar donde aparecieron sus cuerpos o fueron capturadas y después ultimadas o si recibieron tiros de gracia. Señaló el juez que, como no hubo forma de despejar esos interrogantes, la administración aplicó el principio de buena fe y reparó a las familias. Entre las cuestiones que resaltó Rafecas en su resolución es que en octubre de 1975 había estado de sitio en Formosa y que todas las víctimas tenían disparos en la cabeza.
Para avanzar con la investigación, Rafecas fue dando una serie de pasos. En primer lugar, pidió que la Gendarmería Nacional hiciera un estudio pericial para despejar las dudas. Los peritos dijeron que no podían hacer apreciaciones concluyentes con las imágenes que estaban incorporadas al expediente.
El juzgado, además, pidió información sobre las inhumaciones a los cementerios de Formosa, pero le contestaron que no existían registros. Buscó los datos de los médicos que supuestamente examinaron los cuerpos, pero no pudo citarlos a declarar porque ya habían fallecido.
Después del intento de copamiento, se abrió una investigación en la justicia civil porque Montoneros había tomado y desviado un avión de su ruta original. Por otro lado, supuestamente la justicia militar investigó qué había pasado en el regimiento. Sin embargo, el Ejército le contestó a Rafecas que no existían registros de una investigación.
Para entender si hubo alguna intención por parte del Ejecutivo nacional para beneficiar a estas familias, Rafecas comparó sus expedientes con otra veintena de casos en los que se había aplicado el principio de buena fe. La respuesta fue que no había ninguna particularidad extraña en el trámite.
“No puede sino concluirse que, tras la profusa prueba reunida, no es posible extraer la existencia de alguna irregularidad en el otorgamiento de las indemnizaciones objeto de instrucción”, escribió Rafecas en la resolución a la que tuvo acceso Página/12.
Jovina Luna falleció tiempo atrás. Sus abogados son María Laura Olea y Ricardo Saint Jean, los mismos letrados que participaban de los chats con los diputados de LLA que visitaban a los represores en la cárcel. Ambos integran Justicia y Concordia, la agrupación que también fue admitida como querellante por la Cámara Federal porteña. Desde sus redes, Justicia y Concordia ya anticipó que apelará el fallo.
Justicia y Concordia ha estado detrás de distintas iniciativas tendientes a dar vuelta la taba del proceso de Memoria, Verdad y Justicia. A fines del año pasado, presentó un hábeas corpus colectivo con el que pretendía sacar de las cárceles a los represores que aún siguen presos. También impulsa la causa sobre la bomba en Coordinación Federal con la que se busca que sean los militantes de los años ‘70 quienes se sienten en el banquillo de los acusados.
Estos grupos buscan instalar que existe un rédito económico en la búsqueda de las familias y los organismos de derechos humanos. Quien lo sintetizó con mayor eficacia fue el propio Macri en 2014, cuando habló del “curro de los derechos humanos”.
El año pasado, el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona anunció en los medios que había ordenado una auditoría porque habían detectado irregularidades en el otorgamiento de reparaciones. Dijo que habían encontrado a una banda que intentaba estafar al Estado nacional.
De hecho, esa banda había sido denunciada por familiares y organismos de derechos humanos muchos años antes. Durante la gestión de Horacio Pietragalla Corti, la Secretaría de Derechos Humanos se convirtió en querellante e impulsó la investigación. Recientemente, la fiscala Paloma Ochoa le pidió a la jueza María Eugenia Capuchetti que enviara a los integrantes de ese grupo que se presentaban como víctimas del terrorismo de Estado a juicio.
Con información de Página 12
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