Desde que la abogada Verónica Simesen de Bielke se hizo cargo de la Fiscalía de Derechos Humanos, pidió juicio para 37 policías por abusos. Además, otros 70 están imputados y continúan las investigaciones sobre las denuncias formuladas desde julio a la fecha, las que superaron las 400.
Opinión19/11/2020
El informe ofrecido por el Ministerio Público Fiscal da cuenta de una situación de inusitada gravedad, que se pondera a partir de la publicación. Es que aborda una problemática que lleva muchos años de exposición sin que se haya tomado nota de alguna corrección.
Vale recordar uno de los casos más resonantes, que volvió a traer a la memoria la etapa de terrorismo de Estado desarrollada durante la última dictadura militar. Ocurrió en 2.011, en una comisaría de la ciudad de General Güemes y tuvo difusión porque en 2012 se viralizaron las imágenes de una sesión de torturas contra dos detenidos. El repudio social fue intenso y promovió otras denuncias, lo que impidió que el hecho quedara impune. Los cinco policías involucrados fueron condenados en 2016 y las penas de entre 10 y 12 años quedaron firmes en 2018. La historia judicial registra el juicio porque fue por torturas, calificación que pese a sospecharse que en mucho tiempo fue una práctica habitual y extensa, no era aceptada como tal.
Con posterioridad a ese hecho, se creó en Salta el Sistema Provincial de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, que hasta el momento no resultó eficiente por la escasa importancia que le da el poder político a su funcionamiento. Es así que en mayo pasado, la Mesa Provincial de Derechos Humanos pidió la intercesión del Procurador General para que se integre el Comité Provincial que prevé la ley 8024, sancionada en 2017. El grupo también destacó la necesidad de formación democrática, en Derechos Humanos y Perspectiva de Género de la Policía de la Provincia y denunció la sistematicidad del abuso en el que incurren los efectivos de la fuerza de seguridad, que se expresa especialmente en situaciones de represión a la protesta social y en desalojos y allanamientos sin orden judicial.
En agosto último se habilitó el Sistema de Denuncias Web para víctimas de violencia institucional y abusos policiales, que opera en el marco de la Procuración y que ha permitido que la ciudadanía efectúe denuncias anónimas. El escaso tiempo de vigencia y el resultado obtenido configuran un cuadro preocupante.
Más allá de la eficiencia con la que se puede estar actuando, se destaca que se va corporizando en causas judiciales una demanda que se formulaba desde distintos grupos sociales. Uno de los casos que destaca el informe de la Fiscalía de Derechos Humanos es la elevación a juicio de la causa que tiene como imputado al comisario Walter Ezequiel Omar Mamaní, acusado de los delitos de abuso de armas agravado, privación ilegítima de la libertad, falsedad ideológica y vejaciones agravadas con fines de venganza. Otras causas también tuvieron en su oportunidad repercusión mediática y mostraron cierta matriz que hace pensar que no es una acción improvisada o producto de contingencias puntuales.
Mientras el Ministerio Público Fiscal aguarda que la Legislatura devuelva a la Fiscalía el nombre “de causas Policiales y Penitenciarias”, la sociedad espera que las autoridades de Seguridad expongan la política para solucionar el problema que muestra la judicialización del accionar policial.
Salta, 19 de noviembre de 2020
De nada servirán ya las operaciones, las encuestas ni las lapiceras. Es el turno de la sociedad real. Estamos a días de unas elecciones cruciales para el futuro del país. El domingo nos encontraremos sin intermediarios con el reflejo directo de la voluntad popular frente al intenso momento de crisis que se vive a nivel nacional. Los salteños, que siempre damos más de lo que recibimos, tenemos la oportunidad de hacernos escuchar y respetar.
La Argentina perdió en dos años más de medio millón de camas hoteleras y la ocupación turística se derrumbó un 23%. El turismo interno retrocede, el Norte sufre más que nadie y el país parece desconectarse de su propia movilidad.
Nuevos datos se están conociendo para construir la decisión que se debe adoptar el domingo, cuando se proceda a la renovación parcial del Congreso. Una importante cartera de proyectos que deberán tratar las Cámaras ha sido presentada en el marco del tratamiento del proyecto de Presupuesto 2026 y debiera conocerse cuál es la posición que sostienen quienes aspiran a ocupar las bancas en juego.
El diputado nacional Emiliano Estrada se ampara en sus fueros para no declarar ante la justicia federal, en una causa donde dos de sus ex empleados ya fueron condenados.
Aunque el hecho excluyente de estas jornadas es la elección del próximo domingo, las cuestiones que inmediatamente ocuparán la atención pública ya se han anticipado. Una de ellas es la reforma laboral, que encuentra a la estructura sindical fragmentada y con sus bases desmovilizadas.
Los dedos de la mano alcanzan para contar los días que faltan para que el sufrido ciudadano argentino ejercite su calidad de elector y modifique la integración del Congreso de la Nación. Decenas de fuerzas políticas en todo el país han salido en su búsqueda y centenares de candidatos tratan de seducir a los votantes con mensajes que básicamente los muestran como la solución a todos los problemas del país. Y así debiera ser porque por acción u omisión los han generado.
En su paso por Salta, el Secretario General de SUTERH, Víctor Santa María, cuestionó la reforma laboral que impulsa el Gobierno Nacional y advirtió que podría implicar la eliminación de derechos clave como los convenios colectivos y las paritarias.
Abogado laboralista advirtió que uno de los puntos en debate plantea ampliar la jornada laboral a 13 horas, con el riesgo de vulnerar derechos y aumentar la precarización.
Alonso Allemand aseguró que su participación se limitó a la edición técnica. “Cuando se me solicitaban esos videos, ya venían acompañados de un guión armado” sostuvo.
A partir de un caso iniciado en Taco Pozo por el otorgamiento irregular de pensiones por discapacidad, en el cual interviene desde 2023, el fiscal general Carlos Amad inició actuaciones en Salta al advertir maniobras similares en la localidad de Joaquín V. González.
El secretario de Trabajo Julio Cordero adelantó la propuesta para flexibilizar convenios y eliminar sanciones a empresas. Críticas opositoras y disputa por los números del mercado laboral.