Desde que la abogada Verónica Simesen de Bielke se hizo cargo de la Fiscalía de Derechos Humanos, pidió juicio para 37 policías por abusos. Además, otros 70 están imputados y continúan las investigaciones sobre las denuncias formuladas desde julio a la fecha, las que superaron las 400.
Opinión19/11/2020
El informe ofrecido por el Ministerio Público Fiscal da cuenta de una situación de inusitada gravedad, que se pondera a partir de la publicación. Es que aborda una problemática que lleva muchos años de exposición sin que se haya tomado nota de alguna corrección.
Vale recordar uno de los casos más resonantes, que volvió a traer a la memoria la etapa de terrorismo de Estado desarrollada durante la última dictadura militar. Ocurrió en 2.011, en una comisaría de la ciudad de General Güemes y tuvo difusión porque en 2012 se viralizaron las imágenes de una sesión de torturas contra dos detenidos. El repudio social fue intenso y promovió otras denuncias, lo que impidió que el hecho quedara impune. Los cinco policías involucrados fueron condenados en 2016 y las penas de entre 10 y 12 años quedaron firmes en 2018. La historia judicial registra el juicio porque fue por torturas, calificación que pese a sospecharse que en mucho tiempo fue una práctica habitual y extensa, no era aceptada como tal.
Con posterioridad a ese hecho, se creó en Salta el Sistema Provincial de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, que hasta el momento no resultó eficiente por la escasa importancia que le da el poder político a su funcionamiento. Es así que en mayo pasado, la Mesa Provincial de Derechos Humanos pidió la intercesión del Procurador General para que se integre el Comité Provincial que prevé la ley 8024, sancionada en 2017. El grupo también destacó la necesidad de formación democrática, en Derechos Humanos y Perspectiva de Género de la Policía de la Provincia y denunció la sistematicidad del abuso en el que incurren los efectivos de la fuerza de seguridad, que se expresa especialmente en situaciones de represión a la protesta social y en desalojos y allanamientos sin orden judicial.
En agosto último se habilitó el Sistema de Denuncias Web para víctimas de violencia institucional y abusos policiales, que opera en el marco de la Procuración y que ha permitido que la ciudadanía efectúe denuncias anónimas. El escaso tiempo de vigencia y el resultado obtenido configuran un cuadro preocupante.
Más allá de la eficiencia con la que se puede estar actuando, se destaca que se va corporizando en causas judiciales una demanda que se formulaba desde distintos grupos sociales. Uno de los casos que destaca el informe de la Fiscalía de Derechos Humanos es la elevación a juicio de la causa que tiene como imputado al comisario Walter Ezequiel Omar Mamaní, acusado de los delitos de abuso de armas agravado, privación ilegítima de la libertad, falsedad ideológica y vejaciones agravadas con fines de venganza. Otras causas también tuvieron en su oportunidad repercusión mediática y mostraron cierta matriz que hace pensar que no es una acción improvisada o producto de contingencias puntuales.
Mientras el Ministerio Público Fiscal aguarda que la Legislatura devuelva a la Fiscalía el nombre “de causas Policiales y Penitenciarias”, la sociedad espera que las autoridades de Seguridad expongan la política para solucionar el problema que muestra la judicialización del accionar policial.
Salta, 19 de noviembre de 2020
La última semana de enero está confirmando que la temporada turística en la provincia no colma las expectativas de los sectores vinculados a una actividad que los salteños aprecian por el impacto que tiene en una economía débil. Los datos referidos a la primera quincena no son positivos y las proyecciones tampoco lo son.
A días que se inicie el período extraordinario de sesiones, que se extenderá durante febrero en el Congreso, legisladores nacionales han requerido la presencia del canciller para que de explicaciones respecto de la incorporación de la República Argentina como miembro fundador del Consejo de Paz, creado por el presidente Donald Trump. Es una de las 20 naciones que aceptó sumarse a la polémica iniciativa.
A medida que se acerca febrero, se intensifican las negociaciones en el ámbito parlamentario. Desde la oposición se han cuestionado las limitaciones de la agenda de temas a tratar en extraordinarias mientras el oficialismo intenta resguardar las principales iniciativas que debe analizar el Congreso.
En pleno verano argentino, un suceso anual en el hemisferio norte concentra la atención pública, especialmente de la dirigencia política, económica y social. Se trata del Foro Económico Mundial, que se realiza en la ciudad suiza de Davos, en el que ha disertado el presidente Javier Milei.
Con el decreto de convocatoria a sesiones extraordinarias en febrero en la mano, el ministro Diego Santilli, mantuvo este lunes en Salta un encuentro con el gobernador. También se reunió con los principales referentes provinciales del partido gobernante a nivel nacional. Son las misiones que lo llevan por todo el país.
La Provincia ya tiene el aval de la Nación para el crédito que FONPLATA le otorgará para avanzar en el Corredor Bioceánico Eje Capricornio. La confirmación está contenida en el Decreto 22, que se publicó en el Boletín Oficial de la Nación, días previos a la llegada del Ministro del Interior, que vino a negociar el apoyo de Salta a la reforma laboral.
El conglomerado indio Welspun se adjudicó la provisión de caños para la construcción de un gasoducto de 500 kilómetros en Vaca Muerta, superando la propuesta del grupo Techint.
El pago alcanzará a la totalidad de los empleados de la administración pública provincial, incluyendo salud, seguridad, educación y el resto de los organismos estatales.
El empresario Tupac Puggioni aseguró que la caída del consumo golpea de lleno a la gastronomía y al turismo. Apuntó contra el modelo económico y pidió políticas más agresivas.
La cancelación de una muestra de arte wichí en el Palacio Libertad generó una fuerte polémica y denuncias de censura y segregación contra las autoridades de la Secretaría de Cultura de la Nación.
Los Entes Reguladores de las tres provincias avanzan con una nueva presentación judicial y advierten por la falta de inversión en líneas de alta tensión.