
El Gobierno decidió no realizar este año el desfile militar del Día de la Independencia del 9 de julio que había restaurado en 2024. Buscan evitar un gasto de casi $1.000 millones que conllevaría un despliegue de casi 10 mil efectivos.
El aporte extraordinario a la riqueza, ya aprobado en Diputados, impactará en la política porque dos de los dirigentes que levantaron anoche la mano y otros que tendrán que decidir en el Senado serían sujetos obligados a desembolsar si el proyecto finalmente se transforma en ley.
Política18/11/2020Los legisladores, en total, deberían aportar cerca de 100 millones de pesos.
Máximo Kirchner, uno de los autores del proyecto, será justamente uno de los individuos alcanzados por el texto aprobado en la Cámara baja, de acuerdo a su patrimonio declarado por $291 millones, se estima que pagaría un aporte extraordinario al Estado del 2% de sus bienes, es decir, $5,8 millones.
El diputado Atilio Benedetti, que ayer votó en contra del proyecto, es otro de los alcanzados por la iniciativa. El dirigente radical de Entre Ríos, que se dedica a la explotación agropecuaria, declaró un patrimonio de $332 millones en 2019. Como superó el piso de los $300 millones, entonces, le correspondería aportar al Estado el 2,25% de sus activos, es decir, unos $6,7 millones.
Otro legislador que pagará, aunque no participó en la discusión, es José Ignacio de Mendiguren. Declaró activos por $250 millones, pagará $5 millones correspondiente a la alícuota mínima del aporte extraordinario.
Pero los aportes empiezan a engrosarse en el Senado, especialmente con tres casos puntuales: José Alperovich, Maurice Closs y Eduardo Costa. Por el volumen de sus bienes, el tucumano debería aportar al Estado un 3%, es decir, unos $36 millones. El exgobernador misionero Closs que, como el santacruceño Costa, deberán desembolsar el 2,75% de sus activos y pagar $18 millones y $15 millones respectivamente.
Otros dos senadores que tendrán que levantar la mano y también deberían hacer sus desembolsos el sanjuanino Roberto Basualdo, que pagaría más de $8 millones, y el salteño Juan Carlos Romero, que debería aportar poco más de $4 millones si se aprueba el proyecto con media sanción sin cambios.
Con datos de La Nación
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