Solución

Opinion 12 de noviembre de 2020
La pandemia del coronavirus ha tendido un velo sobre muchas cuestiones que a la que los gobernantes no pudieron, no quisieron o no supieron resolver.
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En el caso de esta Capital, a casi un año de la asunción de las nuevas autoridades, la venta callejera no tuvo tratamiento alguno y los problemas que genera y en los que viene desarrollándose, se han profundizado. El Concejo Deliberante nuevamente optó por una salida precaria para una de las situaciones más polémicas, como es la ocupación del Parque San Martín.

Tras un extenso debate, en el que se destacó que al menos debiera asumirse un compromiso de otorgar una solución definitiva, se aprobó una Ordenanza remitida por el Ejecutivo Provincial otorgando en concesión hasta el 31 de diciembre del próximo año 2021 los locales emplazados en el espacio público del pasaje Beltrán. Serán beneficiarios los vendedores ambulantes que efectivamente realizan la actividad comercial en el lugar. Además, se faculta a la Intendencia a prorrogar dicha medida hasta diciembre de 2022, de acuerdo a la situación sociosanitaria y a las medidas preventivas dispuestas a ese momento. 

Esta prórroga es el resultado de intensas negociaciones, de las que participaron concejales, funcionarios del Ejecutivo y representantes de los vendedores y tal como resultó, no dejó conforme a ninguno de los sectores. El “peor Concejo de la historia” –como lo calificaran los ambulantes- tuvo que volver a apagar el fuego que enciende la urgencia, ya que la actividad en la zona no tenía marco legal desde enero pasado y los vendedores tuvieron que sacrificar sus pretensiones. 

El peor papel lo jugó la Intendencia, que apenas podía indicar cuál era el tiempo de la prórroga. Prácticamente llegó a las negociaciones con las manos vacías, más allá de haber insinuado que tenía un proyecto de realizar obras para mejorar las instalaciones del lugar y licitar la concesión de puestos.

Sobre ese estamento del gobierno municipal recae la mayor responsabilidad en la cuestión, porque es el que debe administrar el espacio público de la ciudad y disponer el ordenamiento de la actividad comercial. La intendenta Bettina Romero llegó a la cúpula de ese gobierno con una propuesta electoral referida a la venta callejera, que debe cumplir. El eje estaba montado en ferias barriales que contengan a la amplia oferta ambulante.

Es cierto que la pandemia alteró muchas acciones pero no lo es menos que no paró al mundo, ni siquiera en aquellas sociedades severamente impactadas. Si hubo plazos originales para distintas políticas, como la vinculada a esta problemática, alcanzaba con reprogramarlos. Pero no hubo señales que efectivamente había una tarea en curso, aunque sea desde el diseño. 

Si se tiene en cuenta que los feriantes del Parque están en ese lugar desde 2008, el equipo de gobierno municipal debe tener en claro cuáles son las razones por la que en 12 años no hubo una solución de fondo. Se debe reconocer, además, que la situación en ese sector no agota la problemática; es solo una arista. Los manteros en el microcentro, los carros fruteros que avanzan hacia los bordes del macrocentro, la amplitud de la oferta comercial que representan –que hasta incluye la venta de comidas realizadas en el lugar donde se apostan cada día- forman parte de la cuestión.

Y se suma un elemento tan preocupante como realidad de marginalidad y pobreza que representa la venta callejera.  La provisión de la mercadería genera sospechas sobre la legalidad de su origen.

La decisión del Concejo Deliberante solo extendió por un año –o a lo sumo dos-el precario amparo que tiene la actividad de los feriantes del Parque San Martín. Y obliga a que no se siga postergando la solución.

Salta,  12 de noviembre de 2020

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