Mientras los argentinos votaban entre promesas y frustraciones, los grandes fondos ya habían ganado la elección. En diez días hicieron un negocio que ningún gobierno podría garantizar sin complicidad política.
Consenso
En los primeros nueve meses del año se cometieron en el país 223 feminicidios, 142 de ellos en el marco del aislamiento social y obligatorio por la pandemia de coronavirus. Diez de ellos corresponden a Salta, una provincia que transita su sexto año de emergencia social por violencia de género.
Opinión07/10/2020
En el mundo repercute esta estadística porque es en Argentina donde surgió el movimiento “Ni una menos” y se expandió a diversos puntos del planeta. Obliga a revisar qué se está haciendo y por qué no resulta.
De alguna manera, eso se reconoció en un extenso debate desarrollado en la sesión del martes de la Cámara de Diputados, en la que se dio media sanción a un proyecto de ley para implementar el sistema provincial de promotores territoriales para prevenir y combatir la violencia de género, diversidad y familiar en el marco de la legislación provincial vigente, especialmente en situaciones de mayor vulnerabilidad social. No pareciera una medida que vaya a resolver el problema por lo que la extensión y la profundidad del debate tuvo que ver con situaciones que mostraron el cimiento cultural que tiene uno de los dramas de la realidad social y política del país, que en algunos aspectos es más complejo en Salta.
En ese debate se analizó, precisamente, la extensión de una emergencia que no ha resultado eficiente por lo que la tarea asignada a los promotores tiene mucho que ver con funciones que tienen responsables en el Gobierno Provincial y debieran explicar su bajo rendimiento. Pero también fue la oportunidad para que se expusieran posiciones que explican por qué la violencia tiene un núcleo duro que crece.
Dos exposiciones fueron reveladoras en ese debate. El presidente del bloque oficialista Salta Tiene Futuro, Javier Diez Villa, planteó la imposibilidad por parte de la Provincia para afrontar los costos del programa propuesto. Cabe señalar que la iniciativa que se llevó al recinto es producto del trabajo de varias comisiones de la Cámara de Diputados, que permitió un amplio consenso y toleró disidencias que se consideraron inferiores frente a la magnitud del problema de la violencia de género. El legislador que también preside la Comisión de Hacienda ponderó como más importante la deficitaria situación económica salteña -producto de gestiones anteriores, aclaró- y propuso que sea la Nación la que lo financie a través del Programa de Prevención de la Violencia de Género y que cuenta con un presupuesto de 18.000 millones de pesos. Le bajó el precio a una situación provincial que es excesivamente grave.
Otro punto negativo lo puso quien emitió el único voto negativo que recogió el proyecto presentado por la legisladora norteña Jorgelina Juárez. Andrés Suriani, del PRO, degradó la propuesta de contar con promotoras contra la violencia de género al calificarlas como un ejército de buchonas. Especialmente cuestionó que se inviertan en esas cuestiones recursos que bien pueden dirigirse a la producción y desarrollo. Y dejó otro dato que no debe ignorarse y es que hay jueces en la Provincia que sustentan un ideario similar al suyo.
El aspecto más importante es que del debate se desprende la importancia de la unión en la acción para enfrentar el flagelo. De allí la categórica mayoría que acompañó la media sanción cuando las cifras oficiales están indicando en la Argentina, durante la cuarentena, bajaron casi todos los delitos, pero subieron un 15 por ciento los feminicidios.
La violencia de género y la familiar es una pandemia y hay que combatirla.
Salta, 07 de octubre de 2020
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