Escandaloso: el presupuesto público provincial subsidia a obras sociales y prepagas

Esta situación cobra relevancia en este momento de pandemia, donde el estrés del sistema público visibiliza que las obras sociales y la medicina prepaga no están cumpliendo con el pago de los  servicios que prestan los hospitales públicos provinciales a sus afiliados. 

El Dr. Marcelo Nallar, gerente del Hospital Oñativia ha presentado un informe que expone los obstáculos que encuentran los Hospitales Públicos de Gestión Descentralizada para el recupero de los gastos, por los servicios prestados a quienes están cubiertos por algún seguro de salud. El primer problema es la falta de actualización  regular de los aranceles modulares con los que deben facturar los hospitales. El segundo problema es el engorroso sistema de cobro por el cual, el trámite burocrático lleva entre 6 y 8 meses. El tercer problema es que la Superintendencia de Seguros de Salud que interviene en el cobro de los servicios, no regula a todas las instituciones de seguro de salud. Aquí hay que destacar que este organismo regulatorio, continúa conducido por aquellos a los que debe controlar[1]. Esto es un signo claro de la permisividad del Estado Nacional en materia regulatoria, con el consiguiente perjuicio de los presupuestos provinciales.

En el caso del Hospital Oñativia, uno de los 19 hospitales públicos de gestión descentralizada de la Provincia, los pacientes atendidos que cuentan con obra social representan el 45% del total. Sin embargo, el monto de lo facturado y percibido por esta atención es alrededor del 19% de sus recursos. Los gastos que implica la atención en el hospital público de estos pacientes que cuentan con obra social, son en definitiva financiados por el presupuesto que la Provincia asigna al Hospital, y no por los aportes que los afiliados realizan mensualmente a sus respectivas obras sociales.

El presupuesto provincial no sólo termina financiando estos costos, sino que también se deducen del mismo los gastos administrativos en que incurren los hospitales para llevar a cabo el largo proceso de cobro a las obras sociales, hasta llegar a la Superintendencia de Seguros de Salud. 

El Estado Nacional tiene una participación minoritaria en el gasto total de salud del país, ya que la atención en servicios de salud pública en Argentina es financiada principalmente con recursos provinciales. Es la razón por la cual el Estado Nacional no está atendiendo esta problemática, que se traduce en el deterioro de la capacidad y calidad de los servicios de salud brindados por el Hospital Público, y un beneficio injusto a favor de las obras sociales y prepagas que perciben religiosamente, mes a mes, las cuotas de parte de sus afiliados.

Teléfono rojo para legisladores nacionales y gobernadores. Es hora de devolver justicia al sistema de salud argentino. En el corto plazo solucionar los tres problemas identificados por el Dr. Marcelo Nallar: actualización periódica de los valores del Nomenclador de Prestaciones de Salud de los Hospitales Públicos de Gestión Descentralizada;  establecimiento de un sistema de cobro simplificado y en tiempo oportuno, con penalidades en caso de incumplimiento; ampliación de la competencia regulatoria de la Superintendencia de Seguros de Salud para alcanzar a todos los sectores del seguro. La incorporación de las provincias en la conducción del organismo regulatorio le agregaría transparencia al sistema. Todos   estos temas se solucionarían por una simple decisión del Ministro de Salud de la Nación, que cuenta con facultades suficientes con encuadre en la Ley de Emergencia Sanitaria. 

Para el mediano y largo plazo, es el momento de empezar a diseñar un sistema de salud mejor articulado, menos fragmentado y más justo. El actual sistema perjudica a los ciudadanos, a los servicios públicos, a los presupuestos provinciales, a los Hospitales Públicos, en definitiva perjudica a la Argentina. Es un juego en el que todos pierden. Ello no es por falta de inversión. El gasto total en servicios de atención de la salud en el país supera el 8,5% del PIB. Es uno de los niveles más elevados de América Latina, sin embargo, los indicadores de salud no muestran resultados proporcionales a esa inversión. Esto se produce por un inadecuado sistema que se traduce en una enorme deuda social con la población más pobre. A su vez, existen inequidades geográficas notables. Por ejemplo, si tomamos el número de camas hospitalarias cada 1000 habitantes, según datos pre-pandemia, en la ciudad de Buenos Aires existen de 7,3, mientras que en Salta 3,5, muy por debajo de la media nacional que se ubica en 5,9[2].

La segmentación se produce por la coexistencia de tres sistemas: el Público, el de las Obras Sociales, y el Privado de medicina Prepaga. A su vez, cada uno de estos sistemas está segmentado hacia dentro: En primer lugar, el sistema público comprende al nacional, al provincial y al municipal, y atiende con su red de hospitales y centros de salud a toda persona que lo necesite. En segundo lugar, el sistema de seguro social obligatorio está organizado en torno a Obras Sociales, el que se segmenta en obras sociales nacionales (como el PAMI), provinciales (como el Instituto Provincial de Seguro de Salud de Salta), sindicales, de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas de Seguridad, de las Universidades nacionales, del Poder Legislativo y del Poder Judicial. Finalmente, el sistema privado que creció a partir de la desregulación impuesta en la década del 90, que estimuló la migración del sistema solidario de las obras sociales, hacia la medicina prepaga de los sectores de mayores recursos. Este sistema privado se segmenta en numerosísimas entidades de medicina prepaga.

De acuerdo con el último censo nacional poblacional del 2011, las personas que no cuentan con un seguro de salud, representan el 36% de la población del país, mientras que el 46% cuenta con cobertura de alguna obra social y, el 11% tiene cobertura a través del sector privado.

La segmentación se traduce también en una maraña regulatoria: en cada sistema y subsistema encontramos diferentes fuentes de financiamiento;  diferentes tasas de reembolsos para proveedores y procedimientos; diferentes coberturas, co-seguros y copagos; diferentes regímenes regulatorios y diferentes órganos de control y fiscalización. Esto genera enormes costos administrativos, perjudicando a pacientes y profesionales de la salud, así como a toda nuestra economía. 

La fragmentación del sistema de salud importa también la disolución de la responsabilidad por los cuidados de la salud de la población. Los efectos de la pandemia coloca a este sistema de salud fragmentado y atomizado en una situación similar a la crisis de 2001: obras sociales y prepagas se perjudican porque el incremento del desempleo disminuye la masa de aportantes y genera estrés financiero, se ha reducido la participación del salario en el PIB, al tiempo que aumentan loscostos de las prestaciones asistenciales. 

La historia da cuenta que, en general, la intervención del Estado en la salud fue impulsada por las epidemias y grandes catástrofes. Este tiempo de pandemia es el adecuado para pensar hacia adelante un nuevo sistema de salud universal, articulado e integrado. La conquista efectiva del derecho a la salud dependerá de la capacidad que el conjunto de los argentinos tengamos para darnos cuenta de la necesidad contar con una organización sanitaria que articule la atomización del sistema actual e instale políticas inclusivas y universales.  Durante el siglo XX existieron algunos intentos en la búsqueda de integración del sistema de salud en el país, todos ellos durante períodos democráticos, y todos  encontraron obstáculos políticos para su implementación: conflictos, movilizaciones, huelgas. Como afirma Federico Tobar[3], la enfermedad del sistema de salud es política, y su cura también lo es.