Con puntualidad se están encarando las acciones propias del cierre del año. Las prórrogas de emergencias vigentes en la Provincia han comenzado a tratarse en la Legislatura como sucede, en algunos casos, desde hace tres décadas.
Impacto
Ni por cerca se tiene una dimensión acabada del impacto de la pandemia en la vida social, económica y hasta política del país y la Provincia. El ámbito que se observe da señales que, efectivamente, el Covid 19 se instaló para alterar su ordenamiento.
Opinión03/08/2020
Una de las áreas que debió ajustarse a lo que los gobernantes gustan llamar la nueva normalidad es la de servicios esenciales, tanto en su prestación como en su organización. Uno de ellos, que no necesita mayores detalles para describir su alteración, es el de la educación; otro servicio es el del transporte masivo de pasajeros.
En el área metropolitana, la prestación de SAETA sumó otra decisión de emergencia a las que viene acumulando desde que en marzo pasado se decretó al aislamiento. Por Resolución 531 del Ministerio de Gobierno se dispuso prorrogar los contratos de servicio de transporte público de pasajeros en la Región Metropolitana de Salta, con las ocho empresas que actualmente prestan el servicio. La medida estará vigente desde del 1 de agosto pasado y por el plazo de un año o hasta tanto se adjudiquen las nuevas concesiones. En ese lapso SAETA debe realizar el correspondiente llamado a licitación pública.
La Sociedad Anónima de Transporte Automotor tiene 15 años de antigüedad e irrumpió como una solución a una caótica prestación, que afectaba severamente los derechos de usuarios. Su base fue el servicio de la Capital y se extendió al área metropolitana, creada por la misma ley 7322 que dio origen a SAETA y la Autoridad Metropolitana, que es el organismo que regula el sistema. Las ocho empresas que en 2005 operaban las líneas urbanas de Salta y sus alrededores fueron contratadas por un plazo ya prorrogado, que venció el 31 de julio último.
La cuarentena sorprendió a SAETA sin que haya concluido el trámite licitatorio que fuera ordenado en 2018, año de la prórroga y perturbó de manera incuestionable no solo la situación económico-financiera existente, sino también la regularidad en los procedimientos a llevarse a cabo para la convocatoria, según se expresa en la decisión de trasladar a un año su realización. Se indica en la norma que no se puede proyectar a futuro, ya que se debe definir una estructura acorde a la realidad existente.
La prestación en tiempos de coronavirus no permite establecer acabadamente cual sería la cantidad de kilómetros mensuales requeridos por el nuevo sistema o la cantidad de coches que necesita cada recorrido para cumplir su frecuencia, que actualmente demanda en conjuntos unas 600 unidades, requerimientos que resultan indispensables para la formulación de un nuevo contrato.
Es razonable aceptar que no hay registros actualizados válidos, que permitan obtener el costo del servicio sobre una base actual proyectada de un servicio prestado en condiciones normales. Además, hacer una extrapolación usando datos históricos para proyectar el servicio a futuro en un contexto actual de pandemia que afecta la actividad de una manera sin precedentes en la historia, convierte a cualquier escenario en poco probable e imprevisto, como se reconoce en sus considerandos la resolución de prórroga.
Anticipa el Gobierno Provincial que habrá que esperar mayores precisiones para tener un estudio económico, financiero y de costos, que permita encuadrar el sistema en un horizonte donde la red de transporte sea sustentable y los recursos del Estado se utilicen de manera eficiente.
Es un sistema que mostró cierta eficiencia y deberá preservarse bajo un control atento de su manejo.
Salta, 03 de agosto de 2020
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