El juez federal Gustavo Montoya, encabezó la audiencia de tres horas que se realizó en el marco de la causa que investiga el robo de caños del Gasoducto del NEA y que tiene 11 imputados por el momento.
Judiciales 29/07/2020
En dialogo con Pasaron Cosas, Montoya quien ejerce la subrogancia del juzgado federal de Tartagal, detalló que por el momento son 11 los imputados, uno prófugo, el mendocino Adrián Antonio Vera, dueño de Osyp, la empresa que compró los caños.
Luego que algunos de los caños sustraídos sean encontrados en Buenos Aires, se amplió la imputación contra el empresario Matías Rossi, presidente de la empresa CoMarfil SA.
También ampliaron la imputación contra el intendente de Aguaray, Enrique Prado, por el delito de fraude a la administración pública, a quien se le atribuye “haber confeccionado una resolución que permitía la descontaminación del suelos a través de la extracción de los caños del gasoducto de 200 kilómetros”.
Montoya destacó que ha cesado la actividad delictiva que consistía en transportar los caños, comprarlos y en algunos casos reducirlos.
Detalló que la investigación lleva tres de los seis meses que tiene como plazo máximo para concluir, de acuerdo a lo establecido en el nuevo sistema procesal penal que se aplica en Salta y Jujuy.
Teniendo en cuenta que en su momento Prado responsabilizó a La Campora por la situación, Montoya fue consultado sobre la participación de figuras políticas de renombre nacional y lo descartó.
“Simplemente no”, respondió el magistrado, agregando que en las últimas horas apareció un representante legal de la empresa IESA, firma a cargo de la obra, con la intención de hacer valer su derecho.
Por esta razón, Montoya sostuvo que “no daría para ampliar la imputación que no sean esta personas claramente individualizadas y que han llevado adelante esta modalidad delictiva”.
Audiencia por videoconferencia
En la audiencia realizada por videoconferencia, el fiscal Eduardo Villalba, amplió la acusación penal por el delito de fraude a la administración pública respecto del intendente del municipio de Aguaray, Jorge Enrique Prado, y el secretario de Hacienda de dicha municipalidad, Fredy Marcelo Céspedes, quienes ya habían sido imputados el 18 de mayo pasado, aunque no por este hecho, descubierto con posterioridad.
Villalba resaltó, al explicar las maniobras, que “todos los caminos conducen a Prado”. La hipótesis es que fue quien posibilitó la desafectación de los caños a partir de una resolución municipal, que sirvió para el saqueo del material por parte de distintos implicados. En ese marco, solicitó el levantamiento del secreto bancario y fiscal respecto a Prado, como así también pidió que se le prohíba salir del país.
En esa intervención, Prado avaló la extracción de los caños y su entrega a la empresa OSYP SA. Para el Ministerio Público Fiscal (MPF), bajo la excusa de que causaban un grave daño al ambiente, condición que aseguró a partir de su profesión como ingeniero ambiental.
Cabe señalar que en la primera audiencia por este caso, Villalba ya había imputado a Prado, Céspedes y al empresario Diego Alos, titular de la firma OSYP SA, por el delito de fraude a la administración pública, oportunidad en la que no descartó nuevas imputaciones, como así también acusaciones contra otros implicados.
Por su parte el fiscal José Luis Bruno, siguió con la acusación e imputó el delito de robo calificado a cuatro nuevos implicados. Se trata de Cristhian Marcelo Buczeck, encargado de la empresa Vera SA; Andrés Ayala, gerente de la firma Peterser SRL; Milton Rene Saavedra y Bruno Raúl Degoy, ambos socios de MyP, ex WeatherFor.
En su exposición, Bruno sostuvo que los acusados participaron de las maniobras realizadas el 14 de abril pasado, que llevaron a la sustracción de 170 caños del gasoducto en el paraje El Desemboque, a 140 kilómetros de la localidad General Mosconi.
Finalmente, el fiscal Marcos Romero, de la sede descentralizada de Tartagal, se refirió a la acusación penal que pesa sobre Miguel Angel Cuellar y Oscar Dante Rodríguez por el delito de robo calificado, mientras que al intendente Prado, el representante del MPF le amplió la imputación por el delito de fraude a la administración pública.
Concretadas las imputaciones, los acusados, con excepción de Céspedes, negaron los hechos y se remitieron a los descargos ya presentados. El secretario de hacienda de Aguaray, en tanto, sólo reiteró su inocencia y descargó toda la responsabilidad sobre su ex jefe comunal.
El abogado Fernando Teseyra, defensor de Prado, planteó la nulidad de la acusación realizada respecto a la vinculación entre Rodríguez y el intendente, como así también se opuso al pedido del fiscal Villalba sobre el levantamiento del secretario bancario y fiscal del intendente.
Ante ello, el propio Prado solicitó la palabra y admitió que sus cuentas bancarias sean revisadas por la justicia. El juez Montoya, en tanto, dio por formalizadas las imputaciones y ampliaciones hechas por el tridente fiscal, como así también rechazó la nulidad requerida por la defensa del jefe comunal.
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