El convenio que el Gobierno de la Provincia mantuvo con la Cooperadora para la Nutrición Infantil desde 2013 irrumpió en la última sesión del Senado y se lució como un acabado ejemplo de corrupción. Se desconoce el destino de ingentes recursos y se ha ratificado que el control público tiene serias falencias.
Opinión 24/07/2020
A propósito de un pedido de informes realizado por el Senador por Guachipas a la Auditoría General de la Provincia sobre el manejo de fondos realizado por el Ministerio de la Primera Infancia en el marco de un acuerdo con CONIN –la sigla de la citada cooperadora-se ha determinado que esa fundación no percibió a su nombre por lo menos unos 10 millones de pesos. Lo hizo a través de tres fundaciones que nunca rindieron cuentas ni les fueron reclamadas.
La exposición en la sesión legislativa es otra vuelta de tuerca a una cuestión que ha tenido otros abordajes, que han mostrado que esa cartera no ha dejado huellas en el ámbito de su actuación y constituyó un relato en el que se invirtieron importantes cantidades de dinero, cuyo derrotero deberá determinarse.
La primera medida fue su eliminación del Gabinete Provincial, cuando Gustavo Sáenz asumió la gobernación el 10 de diciembre pasado. Casi de inmediato, cayó el telón de la obra montada por Carlos Abeleira, quien fue el titular de ese Ministerio que se suponía había colocado como el eje central de la gestión pública a la primera infancia. El modelo que desarrollaba la Provincia por su intermedio se explicaba por tres ejes: la necesidad de focalizarse en las personas conociendo a fondo su situación real; la incorporación de nuevas tecnologías para articular y ejecutar políticas sociales personalizadas y el tratamiento de la Primera Infancia como la clave para acabar con el círculo vicioso de la pobreza.
La verdad no demoró en emerger cuando la muerte de niños originarios conmovieron al país y obligaron a declarar la emergencia socio sanitaria en los departamentos de Rivadavia, San Martín y Orán. Quince millones de pesos fue el primer presupuesto del Ministerio que llevaba adelante las principales políticas sociales en 2015 y de 420 millones en 2019, cuando se suponía que había logrado información del 100% de la población identificada en el mapa de riesgo social. Tenía los datos necesarios para diseñar, planificar, ejecutar y monitorear políticas públicas a medida de las personas, acercando las ofertas del Estado directamente a quienes las necesitan, como expresara su titular al defender ese último presupuesto ante los legisladores.
El año 2018 fue particularmente llamativo porque mientras se promocionaba que el modelo salteño era instalado en otros países de la región, no se notaban mejoras en la situación local. En el marco de una reunión de expertos de América Latina y Estados Unidos para analizar el impacto de la Inteligencia Artificial en el mundo, la multinacional Microsoft puso a la Provincia en el centro del debate. Brindó detalles sobre la experiencia que desarrollaba junto al Ministerio de la Primera Infancia, para fortalecer la prevención del embarazo adolescente no deseado y la deserción escolar mediante la utilización de nuevas tecnologías. Casi de inmediato, Salta participó de la Cumbre Mundial de Políticas Públicas en Estados Unidos, en la Universidad George Washington porque marcaba tendencia a nivel global en la lucha contra la pobreza. Otro foro en el que se lució el Modelo de Gobierno de Primera Infancia fue la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. El ministro Abeleira se reunió previamente con la princesa Sarah Zeid de Jordania y referentes de la organización humanitaria Nutricet, para mostrarles las perspectivas filosóficas y la capacidad tecnológica del Ejecutivo provincial en esa materia.
La Justicia Provincial tiene una denuncia penal contra esa creación de Juan Manuel Urtubey. Si investiga, quizás pueda aclarar tantas contradicciones.
Salta, 24 de julio de 2020
Buenos días, a raíz de la polémica planteada en torno al tratamiento de las iniciativas legislativas del Poder Ejecutivo Nacional, me pareció oportuno recordar lo que nos decía uno de los más importantes juristas de la historia, el filósofo y político romano, Marco Tulio Cicerón, por quien siempre tuve una gran admiración.
Salta tomó la delantera y presentó una propuesta de Nuevo Régimen de Coparticipación Federal. Lo hizo en la Universidad Nacional de Salta, dando mayor significación al movimiento.
Horas antes de que cayera la viga vertebral del proyecto político del gobierno nacional, los ministros del gabinete salteño repasaron la situación provincial, proyectaron el impacto negativo de la retracción de recursos y empezaron a fijar prioridades en un marco poco alentador.
El próximo viernes comienza el período ordinario de sesiones de todos los cuerpos legislativos. Como está establecido constitucionalmente se abre mediante sendas asambleas en el Congreso, la Legislatura Provincial y buena parte de los Concejos Deliberantes salteños.
Entre la necesidad de transparentar el uso de ingentes recursos y el abandono de tareas sensibles por parte del Estado, se ubica la decisión de cerrar el INADI. El gobierno asegura que no se abandonará la lucha contra la discriminación, pero esencialmente se encarará desde la educación.
Una ardua tarea espera a los gobernantes de toda la provincia. El cuadro trazado por el Gobernador en su mensaje a la Asamblea Legislativa anticipa un año de gestión que apunta a superar escollos tan solo para mantener el nivel de crecimiento alcanzado. La convocatoria a un trabajo conjunto entre todos los sectores fue insoslayable.
En un documento dieron el ultimátum hasta el viernes. Insisten con la actualización del precio del kilómetro.
Autoridades provinciales y municipales mantuvieron un encuentro con vecinos de la zona y realizaron un relevamiento en el área.
Pronostican que algunos sectores económicos repuntarán en 6 meses y que los aumentos de sueldos llegarán a partir del año que viene.
Apuntan a los bloques “dialoguistas” con el gobierno nacional de Javier Milei. La sesión especial había sido promovida por el Frente de Todos.
Será a partir de convenios firmados por el intendente, Emiliano Durand y la secretaría de Minería y Energía de la Provincia, Romina Sassarini. Además, se estableció un trabajo conjunto para el control de extracciones ilegales en los ríos que son jurisdicción de la ciudad.