El convenio que el Gobierno de la Provincia mantuvo con la Cooperadora para la Nutrición Infantil desde 2013 irrumpió en la última sesión del Senado y se lució como un acabado ejemplo de corrupción. Se desconoce el destino de ingentes recursos y se ha ratificado que el control público tiene serias falencias.
Opinión24/07/2020
A propósito de un pedido de informes realizado por el Senador por Guachipas a la Auditoría General de la Provincia sobre el manejo de fondos realizado por el Ministerio de la Primera Infancia en el marco de un acuerdo con CONIN –la sigla de la citada cooperadora-se ha determinado que esa fundación no percibió a su nombre por lo menos unos 10 millones de pesos. Lo hizo a través de tres fundaciones que nunca rindieron cuentas ni les fueron reclamadas.
La exposición en la sesión legislativa es otra vuelta de tuerca a una cuestión que ha tenido otros abordajes, que han mostrado que esa cartera no ha dejado huellas en el ámbito de su actuación y constituyó un relato en el que se invirtieron importantes cantidades de dinero, cuyo derrotero deberá determinarse.
La primera medida fue su eliminación del Gabinete Provincial, cuando Gustavo Sáenz asumió la gobernación el 10 de diciembre pasado. Casi de inmediato, cayó el telón de la obra montada por Carlos Abeleira, quien fue el titular de ese Ministerio que se suponía había colocado como el eje central de la gestión pública a la primera infancia. El modelo que desarrollaba la Provincia por su intermedio se explicaba por tres ejes: la necesidad de focalizarse en las personas conociendo a fondo su situación real; la incorporación de nuevas tecnologías para articular y ejecutar políticas sociales personalizadas y el tratamiento de la Primera Infancia como la clave para acabar con el círculo vicioso de la pobreza.
La verdad no demoró en emerger cuando la muerte de niños originarios conmovieron al país y obligaron a declarar la emergencia socio sanitaria en los departamentos de Rivadavia, San Martín y Orán. Quince millones de pesos fue el primer presupuesto del Ministerio que llevaba adelante las principales políticas sociales en 2015 y de 420 millones en 2019, cuando se suponía que había logrado información del 100% de la población identificada en el mapa de riesgo social. Tenía los datos necesarios para diseñar, planificar, ejecutar y monitorear políticas públicas a medida de las personas, acercando las ofertas del Estado directamente a quienes las necesitan, como expresara su titular al defender ese último presupuesto ante los legisladores.
El año 2018 fue particularmente llamativo porque mientras se promocionaba que el modelo salteño era instalado en otros países de la región, no se notaban mejoras en la situación local. En el marco de una reunión de expertos de América Latina y Estados Unidos para analizar el impacto de la Inteligencia Artificial en el mundo, la multinacional Microsoft puso a la Provincia en el centro del debate. Brindó detalles sobre la experiencia que desarrollaba junto al Ministerio de la Primera Infancia, para fortalecer la prevención del embarazo adolescente no deseado y la deserción escolar mediante la utilización de nuevas tecnologías. Casi de inmediato, Salta participó de la Cumbre Mundial de Políticas Públicas en Estados Unidos, en la Universidad George Washington porque marcaba tendencia a nivel global en la lucha contra la pobreza. Otro foro en el que se lució el Modelo de Gobierno de Primera Infancia fue la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. El ministro Abeleira se reunió previamente con la princesa Sarah Zeid de Jordania y referentes de la organización humanitaria Nutricet, para mostrarles las perspectivas filosóficas y la capacidad tecnológica del Ejecutivo provincial en esa materia.
La Justicia Provincial tiene una denuncia penal contra esa creación de Juan Manuel Urtubey. Si investiga, quizás pueda aclarar tantas contradicciones.
Salta, 24 de julio de 2020
La decisión de desfinanciar mediciones oficiales vuelve a abrir un debate de fondo: sin estadísticas confiables no hay políticas públicas ni desarrollo posible.
Crujió la estructura institucional pero el debate legislativo puso de relieve el origen de los ruidos, tanto a nivel provincial como nacional. En el primer caso fue durante el tratamiento de sendos proyectos que aprueban acuerdos entre Salta y Catamarca, destinados a salvar dificultades generadas en diferencias limítrofes. En el Congreso, Diputados postergó la votación de un proyecto de ley básico para atornillar principios que sostiene la política libertaria.
Nunca es deseable que la Justicia se involucre en la vida de las personas y las familias. A menos, claro, que se trate de casos extremos en los que efectivamente se precise un arbitraje judicial para resolver un conflicto que no encuentra salida por otra vía.
El dinamismo aplastante de la política abre dos planos fundamentales este jueves de diciembre. La media sanción de Diputados al proyecto de Presupuesto 2026 dejó para el análisis el comportamiento de gobernadores, que jugaron un papel fundamental en esta decisión. Paralelamente, el Senado avanza en la modernización laboral, en la que distintos actores de la economía están ocupando la centralidad del debate.
A punto de cerrar el año legislativo, surgieron señales promisorias de mejora del debate en la Provincia. La hegemonía oficialista le viene poniendo límites y restricciones porque la imposición del número no sólo se reflejaba en las votaciones sino en la oportunidad de la intervención en las discusiones.
Quedaron expuestos cuáles son los objetivos de la administración de Gustavo Sáenz para los dos años que le restan de mandato. Se aplicó la nueva ley de ministerios y la renovación consecuente fue una oportunidad para explicar cómo se actuará a fin de alcanzar sus propósitos. Resta informar detalles no menos significativos que tienen que ver con la obligada reducción de gasto público.
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